Esta semana el Señor Presidente Constitucional de la República fue sindicado de la muerte de 41 menores de edad víctimas de un incendio en el mal llamado Hogar Seguro por dos diputados con historial en la guerrilla. De esos dos diputados, una militó en el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), y es sindicada ante el Ministerio Público por violaciones a los derechos humanos contra población civil no combatiente durante el terrible conflicto armado que vivimos en Guatemala durante 36 años. La credibilidad de semejantes denunciantes, no me parece la más sólida. Lo irónico del tema es que están pidiendo que se le retire el derecho de antejuicio al Presidente Jimmy Morales acusándolo de la muerte de 41 menores de edad, sin base legal alguna para hacerlo, y curiosamente, el Ministerio Público dio a lugar, aduciendo que el Presidente es culpable por los nombramientos que hiciera. Para esa gracia, el Presidente es culpable de cualquier crimen que cometa cualquier funcionario del Estado. Es decir que según este ridículo recurso contra el Presidente, todos los funcionarios se eximen de responsabilidad porque “el culpable es quien lo nombra”. Absurdo, bajo cualquier punto de vista.
Si vemos el tema sin apasionamientos, quienes tienen culpa de ese horrible incidente son el que cerró con candado esa puerta, y quien dirigía ese centro. Se ha sabido que desde años atrás, los menores eran prostituidos y abusados en diversas formas, y ningún gobierno anterior hacía nada. Denuncias fueron planteadas y pericias requeridas del INACIF que obviamente terminaron archivados. Es como si en un hospital un médico comete una falta y mata al paciente mientras lo opera, y quieran culpar al Presidente de la Junta Directiva del hospital de asesinato. O como si quisieran culpar al Director de la Policía Nacional si un policía mata a un civil. El punto es que Eva Marina Marroquín Carrillo (que no es mi pariente, gracias a Dios), era la responsable de esa puerta y quien no quiso abrirla. O sea, esa persona en su libre albedrío debió ejercer sus dos dedos de frente (que creo que le faltan, a menos que sea una desequilibrada o una criminal) para determinar que la situación era irregular y grave y debía abrir la puerta. Es decir, esa persona, dejó a las niñas dentro nueve minutos mientras el fuego hacía de las suyas.
El diario español El Mundo en su artículo La Justicia de Guatemala analizará si retira la inmunidad a Jimmy Morales tras ser denunciado por la muerte de 41 niñas publicado el 13 de junio del 2017, relata que la Fiscal de Delitos contra el Femicidio del MP Berónica de León declaró que el 7 de marzo, varios adolescentes escaparon del mal llamado Hogar Seguro, que más bien debiera llamarse “el infiernito 2” por los abusos que sufrían ahí. Abusos que fueran reportados durante años, sin reacción de las autoridades competentes. Santos Torres, ex director de este infiernito, pidió apoyo a la Policía Nacional Civil para que “capturaran” a los menores, como si fuesen delincuentes, para lo que aparentemente usaron gas pimienta. Cuando de vuelta en el infiernito los “concentraron frente al portón de las instalaciones, donde permanecieron a la intemperie, descalzos y mojados desde las 16.00 hasta las 00.00 horas vigilados por los agentes policiales.” Ese es tratamiento inhumano. Se supone que esos menores eran víctimas del sistema, separados de sus padres por abusos y debían más bien ser reintegrados a sus familias o de alguna forma retornados a la sociedad en alguna forma lógica. De tal manera que es tras estas bestias que debieran apuntar las balas de la justicia las entidades correspondientes. ¿Y qué decimos de los jueces que enviaban a los menores a semejante lugar?
De tal manera que acusar a quién entró a ocupar el cargo en la Secretaría, que tenía dos meses en el cargo es tan absurdo como acusar al Presidente de la República. Culpables son las personas que permitían que los menores fueran abusados, en este gobierno y en los anteriores. Lo son quienes permitían que los mareros estuvieran junto a menores inocentes, tanto como lo es quien no abrió esa puerta, e inclusive, es culpable quien prendió fuego al colchón a menos que tenga un atenuante dramático. Responsables son todos los involucrados en la cadena de abusos que venía de hace tanto tiempo, quienes no procedieron con la investigación en el MP, quienes no emitieron la pericia del Inacif sobre las violaciones sexuales, la defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gloria Castro, al jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, Harold Augusto Flores, a la jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas, Brenda Julissa Chaman. No me queda claro porque incluyan al subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC) Luis Armando Pérez Borja.
Este nuevo ataque contra el Presidente Morales, al que evidentemente quieren dañar contra viento y marea, primero con su hijo y ahora con esto, es sólo una muestra más de que hay gente que no entiende que al poder se llega por vía de las urnas. Que son los votantes quienes acertada o equivocadamente eligen quién gobierne, y no es con artimañas ridículas que se consigue llegar al poder. Patético intento de “golpe judicial” es decir poco. Y vergonzoso usar el dolor de las personas que perdieron seres queridos en ese incidente que pudo ser prevenido, para fines políticos.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Esta semana el Señor Presidente Constitucional de la República fue sindicado de la muerte de 41 menores de edad víctimas de un incendio en el mal llamado Hogar Seguro por dos diputados con historial en la guerrilla. De esos dos diputados, una militó en el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), y es sindicada ante el Ministerio Público por violaciones a los derechos humanos contra población civil no combatiente durante el terrible conflicto armado que vivimos en Guatemala durante 36 años. La credibilidad de semejantes denunciantes, no me parece la más sólida. Lo irónico del tema es que están pidiendo que se le retire el derecho de antejuicio al Presidente Jimmy Morales acusándolo de la muerte de 41 menores de edad, sin base legal alguna para hacerlo, y curiosamente, el Ministerio Público dio a lugar, aduciendo que el Presidente es culpable por los nombramientos que hiciera. Para esa gracia, el Presidente es culpable de cualquier crimen que cometa cualquier funcionario del Estado. Es decir que según este ridículo recurso contra el Presidente, todos los funcionarios se eximen de responsabilidad porque “el culpable es quien lo nombra”. Absurdo, bajo cualquier punto de vista.
Si vemos el tema sin apasionamientos, quienes tienen culpa de ese horrible incidente son el que cerró con candado esa puerta, y quien dirigía ese centro. Se ha sabido que desde años atrás, los menores eran prostituidos y abusados en diversas formas, y ningún gobierno anterior hacía nada. Denuncias fueron planteadas y pericias requeridas del INACIF que obviamente terminaron archivados. Es como si en un hospital un médico comete una falta y mata al paciente mientras lo opera, y quieran culpar al Presidente de la Junta Directiva del hospital de asesinato. O como si quisieran culpar al Director de la Policía Nacional si un policía mata a un civil. El punto es que Eva Marina Marroquín Carrillo (que no es mi pariente, gracias a Dios), era la responsable de esa puerta y quien no quiso abrirla. O sea, esa persona en su libre albedrío debió ejercer sus dos dedos de frente (que creo que le faltan, a menos que sea una desequilibrada o una criminal) para determinar que la situación era irregular y grave y debía abrir la puerta. Es decir, esa persona, dejó a las niñas dentro nueve minutos mientras el fuego hacía de las suyas.
El diario español El Mundo en su artículo La Justicia de Guatemala analizará si retira la inmunidad a Jimmy Morales tras ser denunciado por la muerte de 41 niñas publicado el 13 de junio del 2017, relata que la Fiscal de Delitos contra el Femicidio del MP Berónica de León declaró que el 7 de marzo, varios adolescentes escaparon del mal llamado Hogar Seguro, que más bien debiera llamarse “el infiernito 2” por los abusos que sufrían ahí. Abusos que fueran reportados durante años, sin reacción de las autoridades competentes. Santos Torres, ex director de este infiernito, pidió apoyo a la Policía Nacional Civil para que “capturaran” a los menores, como si fuesen delincuentes, para lo que aparentemente usaron gas pimienta. Cuando de vuelta en el infiernito los “concentraron frente al portón de las instalaciones, donde permanecieron a la intemperie, descalzos y mojados desde las 16.00 hasta las 00.00 horas vigilados por los agentes policiales.” Ese es tratamiento inhumano. Se supone que esos menores eran víctimas del sistema, separados de sus padres por abusos y debían más bien ser reintegrados a sus familias o de alguna forma retornados a la sociedad en alguna forma lógica. De tal manera que es tras estas bestias que debieran apuntar las balas de la justicia las entidades correspondientes. ¿Y qué decimos de los jueces que enviaban a los menores a semejante lugar?
De tal manera que acusar a quién entró a ocupar el cargo en la Secretaría, que tenía dos meses en el cargo es tan absurdo como acusar al Presidente de la República. Culpables son las personas que permitían que los menores fueran abusados, en este gobierno y en los anteriores. Lo son quienes permitían que los mareros estuvieran junto a menores inocentes, tanto como lo es quien no abrió esa puerta, e inclusive, es culpable quien prendió fuego al colchón a menos que tenga un atenuante dramático. Responsables son todos los involucrados en la cadena de abusos que venía de hace tanto tiempo, quienes no procedieron con la investigación en el MP, quienes no emitieron la pericia del Inacif sobre las violaciones sexuales, la defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gloria Castro, al jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, Harold Augusto Flores, a la jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas, Brenda Julissa Chaman. No me queda claro porque incluyan al subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC) Luis Armando Pérez Borja.
Este nuevo ataque contra el Presidente Morales, al que evidentemente quieren dañar contra viento y marea, primero con su hijo y ahora con esto, es sólo una muestra más de que hay gente que no entiende que al poder se llega por vía de las urnas. Que son los votantes quienes acertada o equivocadamente eligen quién gobierne, y no es con artimañas ridículas que se consigue llegar al poder. Patético intento de “golpe judicial” es decir poco. Y vergonzoso usar el dolor de las personas que perdieron seres queridos en ese incidente que pudo ser prevenido, para fines políticos.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo