En la cuenta de la red social Facebook, el presidente Jimmy Morales colgó este discurso el 13 de junio de este año. Habló como pocas veces lo hace, alzó el tono de la voz y muchos se preguntaron, ¿de qué esetá hablando el Presidente? Escuche al mandatrio y entérese por qué se exaltó.
Desde que se sabía que el presidente Morales había ganado las elecciones, la primera orden del partido fue pedir que se eliminaran los candados presupuestarios, la cual fue exigida por José Ramón Lam Ortíz, quien fuera coordinador del área económica del FCN y que tuvo que bajarse de la palestra política por cuatro señalamientos de plagio.
Sin embargo, antes que Lam saliera, dijo que “el presupuesto del 2016 tenía comprometidos Q68 mil millones y que el margen de maniobra era muy pequeño”, por lo que pedirán que no existan candados en más de Q2 mil millones.
Las críticas no se hicieron esperar y pronto la ciudadanía le exigió al nuevo gobierno que respete los candados porque evitaban la corrupción. Esta situación causó una fuerte contención del gasto mientras las arcas se curaban del supuesto saqueo realizado por el gobierno anterior, plan que fue anunciado por el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, y que puso en práctica al tomar posesión del cargo. Lo primero fue pagar las deudas.
La era de Jimmy Morales
En 2016, los 8 mil kilómetros de red vial en todo el país no habían recibido ningún tipo de mantenimiento por parte del gobierno anterior. El presupuesto designado para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) en la era Jimmy Morales fue de Q800 millones y la mitad se usaría para pagar deuda del año 2015.
El resto se invertirá en los trabajos de limpieza, supervisión y bacheo, informó Armando Castillo director de Covial, en su momento. Agregó que se necesitarían por lo menos 2 mil 500 millones para nueva infraestructura y mantenimiento de las carreteras del país.
A mediados del año anterior, la Cámara del Agro anunciaba acciones legales contra el CIV ante la falta de mantenimiento de la red vial. Mientras tanto, Covial anuncia que hasta en Noviembre se adjudicarían los primeros contratos para mantenimiento de carreteras entre la fuerte crítica de transportistas y empresarios importadores y exportadores.
Para 2017 el CIV tuvo una asignación de Q4,098 mil millones y hasta la fecha solo ha ejecutado un 15.38% de su presupuesto.
- También puede leer: Así va la ejecución presupuestaria de seis meses
Esta vez Camagro no puso ningún recurso legal contra el CIV, sino que exigió la renuncia del ministro por su total inoperancia. Mientras que la Cámara de Construcción expresó su preocupación por el mal estado de las carreteras y solicitó al funcionario que hiciera lo necesario para evitar el deterioro de la red vial.
“Déjenme trabajar”
Si vio el video, Morales exige al Congreso que le quiten los artículos 23, 68, 97 y 100 de la Ley de Presupuestos de Ingresos e Egresos porque les impide trabajar. A esto se le denomina “candados presupuestarios” y se pusieron ahí por razones de transparencia y fiscalización.
- También puede leer: ¿Qué es un candado presupuestario y para qué sirve? Te lo explicamos en 5 pasos
Esto es lo que dicen los artículos:
- También puede leer: Ejecutivo se queja y pide que le quiten los candados
Candados con doble llave
En el caso de los artículos 97 y 100 que afectan la ejecución del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), el analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Abelardo Medina, está en desacuerdo que se quiten o se hagan modificaciones a los candados hasta que “los entes hayan creado los mecanismo de transparencia y rendición de cuentas necesarias para que la ciudadanía pueda conocer para qué se están utilizando los recursos. Si las municipalidades no dan lo pasos concretos para que se ofrezca a la ciudadanía que los recursos están siendo bien usados, nos parece poco oportuno hacer ese tipo de cambios“.
“Otro de los problemas (en estos artículos) es que la Contraloría General de Cuentas dijo que no quería formar parte de esos trámites porque no podían ser juez y parte. Si no se quiere que la CGC participe se debería formar una comisión interinstitucional que verifique si fueron hechas las carreteras, reconocer la deuda y entonces proceder a pagarla, pero no nos parece que se reconozca deuda porque no sabemos si se hizo la obra”, agrega Medina.
Victor Martínez, viceministro de Finanzas, comenta que estas competencias adicionales que vinieron con la ley y que fueran trasladadas a la CGC y a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), son nuevas, y por tanto ambas instituciones autónomas deben validar los procedimientos y eso toma tiempo. “No puede darse de una forma expedita y tiene que ser en conjunto”, comenta.
“Hay muchos proyectos de los Consejos de Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codede) como carreteras, drenajes, escuelas y proyectos de introducción al agua que corren el riesgo de quedarse a medias para siempre por lo que debemos buscar es darle viabilidad al presupuesto 2017. No se trata de eliminar los candados o mecanismos de transparencia. Considero que la propuesta del Congreso es buena”.
Para la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, “el candado en los artículos 97 y 100 son necesarios y alegar que no puede ejecutar su presupuesto es un pretexto o una justificación lamentable ante la situación en la que se encuentra el país de poca ejecución en todos los niveles”.
El artículo 97 es el apartado de Q875 millones para el pago de deuda de arrastre y el 100 explica la metodología de cómo se iba a administrar ese dinero. La CGC no ha querido participar y Segeplan lo sacaron.
No entiendo qué tiene que ver el pago de obra atrasada de hace 7, 10 ó 12 años con la mala ejecución que él (Jimmy Morales) ha tenido. No le encuentro la lógica. Por otro lado hay denuncias de que algunas de las obras que se quieren pagar, pero no hay forma de verificarse porque no existen, o tienen mala ejecución o ya lleva muchos años de atraso”, subrayó.
La obra social debe ser transparente
Remover los candados en los programas sociales ha sido otra de las solicitudes del presidente Morales. Para Medina lo que buscan estos candados es la optimización en el uso de los recursos y garantizar la transparencia.
“El gobierno ha expresado que está interesados en hacer las cosas bien y de manera apropiada para que distribuyan el dinero correctamente y sin que hayan mayores problemas, pero lo primero que deben hacer es garantizar la transparencia“.
Sin embargo la realización del censo tiene sus excepciones al punto que pueden crear sospechas y de ahí la negativa de quitar los candados, pero el viceministro Martínez afirma que se está resolviendo. “Lo que sucede es que la encuesta es de 60 preguntas para 300 mil personas distribuidas en todo el país y hay que hacerlo en donde viven. Muchas de las preguntas hay que contestarlas por observación. Incluso hay un artículo que se dejó en la ley que decía que no se le podía dar ayuda a personas que no se identificaban con su DPI y eso tiene sentido, pero hay casos cuando llegan personas a hospitales a pedir asistencia que no tienen DPI y no se les puede negar el servicio o dejarlos de atender solo porque no tienen documento. Esto lo debemos resolver pronto”, agrega.
Para Nineth Montenegro el artículo 23 dice que el problema con el censo es que “nos han estado llegando denuncias de que les están dando ayuda a personas que no necesariamente necesitan esos recursos y o se les está dando a personas que ya están muertas. Cómo vamos a querer seguir con el censo con estas condiciones y según me informan ya va bien avanzado”.
Entonces debe privar la necesidad sobre la transparencia o debemos eliminar los candados al presupuesto para que se maneje a discreción el mantenimiento de carreteras y con ello no se aleje la inversión. ¿Con candados o sin candados?
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Desde que se sabía que el presidente Morales había ganado las elecciones, la primera orden del partido fue pedir que se eliminaran los candados presupuestarios, la cual fue exigida por José Ramón Lam Ortíz, quien fuera coordinador del área económica del FCN y que tuvo que bajarse de la palestra política por cuatro señalamientos de plagio.
Sin embargo, antes que Lam saliera, dijo que “el presupuesto del 2016 tenía comprometidos Q68 mil millones y que el margen de maniobra era muy pequeño”, por lo que pedirán que no existan candados en más de Q2 mil millones.
Las críticas no se hicieron esperar y pronto la ciudadanía le exigió al nuevo gobierno que respete los candados porque evitaban la corrupción. Esta situación causó una fuerte contención del gasto mientras las arcas se curaban del supuesto saqueo realizado por el gobierno anterior, plan que fue anunciado por el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, y que puso en práctica al tomar posesión del cargo. Lo primero fue pagar las deudas.
La era de Jimmy Morales
En 2016, los 8 mil kilómetros de red vial en todo el país no habían recibido ningún tipo de mantenimiento por parte del gobierno anterior. El presupuesto designado para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) en la era Jimmy Morales fue de Q800 millones y la mitad se usaría para pagar deuda del año 2015.
El resto se invertirá en los trabajos de limpieza, supervisión y bacheo, informó Armando Castillo director de Covial, en su momento. Agregó que se necesitarían por lo menos 2 mil 500 millones para nueva infraestructura y mantenimiento de las carreteras del país.
A mediados del año anterior, la Cámara del Agro anunciaba acciones legales contra el CIV ante la falta de mantenimiento de la red vial. Mientras tanto, Covial anuncia que hasta en Noviembre se adjudicarían los primeros contratos para mantenimiento de carreteras entre la fuerte crítica de transportistas y empresarios importadores y exportadores.
Para 2017 el CIV tuvo una asignación de Q4,098 mil millones y hasta la fecha solo ha ejecutado un 15.38% de su presupuesto.
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Esta vez Camagro no puso ningún recurso legal contra el CIV, sino que exigió la renuncia del ministro por su total inoperancia. Mientras que la Cámara de Construcción expresó su preocupación por el mal estado de las carreteras y solicitó al funcionario que hiciera lo necesario para evitar el deterioro de la red vial.
“Déjenme trabajar”
Si vio el video, Morales exige al Congreso que le quiten los artículos 23, 68, 97 y 100 de la Ley de Presupuestos de Ingresos e Egresos porque les impide trabajar. A esto se le denomina “candados presupuestarios” y se pusieron ahí por razones de transparencia y fiscalización.
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Esto es lo que dicen los artículos:
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Candados con doble llave
En el caso de los artículos 97 y 100 que afectan la ejecución del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), el analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Abelardo Medina, está en desacuerdo que se quiten o se hagan modificaciones a los candados hasta que “los entes hayan creado los mecanismo de transparencia y rendición de cuentas necesarias para que la ciudadanía pueda conocer para qué se están utilizando los recursos. Si las municipalidades no dan lo pasos concretos para que se ofrezca a la ciudadanía que los recursos están siendo bien usados, nos parece poco oportuno hacer ese tipo de cambios“.
“Otro de los problemas (en estos artículos) es que la Contraloría General de Cuentas dijo que no quería formar parte de esos trámites porque no podían ser juez y parte. Si no se quiere que la CGC participe se debería formar una comisión interinstitucional que verifique si fueron hechas las carreteras, reconocer la deuda y entonces proceder a pagarla, pero no nos parece que se reconozca deuda porque no sabemos si se hizo la obra”, agrega Medina.
Victor Martínez, viceministro de Finanzas, comenta que estas competencias adicionales que vinieron con la ley y que fueran trasladadas a la CGC y a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), son nuevas, y por tanto ambas instituciones autónomas deben validar los procedimientos y eso toma tiempo. “No puede darse de una forma expedita y tiene que ser en conjunto”, comenta.
“Hay muchos proyectos de los Consejos de Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codede) como carreteras, drenajes, escuelas y proyectos de introducción al agua que corren el riesgo de quedarse a medias para siempre por lo que debemos buscar es darle viabilidad al presupuesto 2017. No se trata de eliminar los candados o mecanismos de transparencia. Considero que la propuesta del Congreso es buena”.
Para la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, “el candado en los artículos 97 y 100 son necesarios y alegar que no puede ejecutar su presupuesto es un pretexto o una justificación lamentable ante la situación en la que se encuentra el país de poca ejecución en todos los niveles”.
El artículo 97 es el apartado de Q875 millones para el pago de deuda de arrastre y el 100 explica la metodología de cómo se iba a administrar ese dinero. La CGC no ha querido participar y Segeplan lo sacaron.
No entiendo qué tiene que ver el pago de obra atrasada de hace 7, 10 ó 12 años con la mala ejecución que él (Jimmy Morales) ha tenido. No le encuentro la lógica. Por otro lado hay denuncias de que algunas de las obras que se quieren pagar, pero no hay forma de verificarse porque no existen, o tienen mala ejecución o ya lleva muchos años de atraso”, subrayó.
La obra social debe ser transparente
Remover los candados en los programas sociales ha sido otra de las solicitudes del presidente Morales. Para Medina lo que buscan estos candados es la optimización en el uso de los recursos y garantizar la transparencia.
“El gobierno ha expresado que está interesados en hacer las cosas bien y de manera apropiada para que distribuyan el dinero correctamente y sin que hayan mayores problemas, pero lo primero que deben hacer es garantizar la transparencia“.
Sin embargo la realización del censo tiene sus excepciones al punto que pueden crear sospechas y de ahí la negativa de quitar los candados, pero el viceministro Martínez afirma que se está resolviendo. “Lo que sucede es que la encuesta es de 60 preguntas para 300 mil personas distribuidas en todo el país y hay que hacerlo en donde viven. Muchas de las preguntas hay que contestarlas por observación. Incluso hay un artículo que se dejó en la ley que decía que no se le podía dar ayuda a personas que no se identificaban con su DPI y eso tiene sentido, pero hay casos cuando llegan personas a hospitales a pedir asistencia que no tienen DPI y no se les puede negar el servicio o dejarlos de atender solo porque no tienen documento. Esto lo debemos resolver pronto”, agrega.
Para Nineth Montenegro el artículo 23 dice que el problema con el censo es que “nos han estado llegando denuncias de que les están dando ayuda a personas que no necesariamente necesitan esos recursos y o se les está dando a personas que ya están muertas. Cómo vamos a querer seguir con el censo con estas condiciones y según me informan ya va bien avanzado”.
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