Por deficiencias en la construcción de un alcantarillado sanitario fueron denunciados en el Ministerio Público (MP), Lilian Piedad García Contreras, alcaldesa de Fray Bartolomé de las Casas y Juan Luis Ruano de La Cruz, supervisor de obras municipales.

La acción legal fue interpuesta por la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC), porque  “la obra no fue construida conforme planes y especificaciones técnicas” y los denunciados “conocían los errores”, según lo manifestaron.

Así está establecido en un informe de auditoría a infraestructura pública, que abarcó el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, y que fue concluido en abril del año en curso.

El proyecto que al momento de la fiscalización se encontraba en construcción, era ejecutado en el barrio La Pedrera por la empresa Diseño, Planificación, Construcción y Asesoría por un costo de Q776 mil 431. El contrato fue firmado el 6 de octubre de 2016.

Tras un trabajo de campo los auditores constataron que seis pozos de visita, estructuras que permiten la limpieza de la red de alcantarillado o la unión de dos o más tuberías, “no tienen pendientes”.

Además, “en el tramo comprendido del pozo de visita número 10 al 18, la línea central del drenaje así como los pozos de visita, se encuentran sobre la superficie del terreno. Con estas deficiencias constructivas no se garantiza el desfogue de las aguas servidas”, subraya la CGC.

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Descargos

La obra incluye la perforación y construcción de una línea central para drenaje sanitario con 28 pozos de visita. En su defensa la alcaldesa dijo a los auditores que se “hizo la observación a la empresa” de que estaban trabajando “erróneamente” y que de acuerdo con la Ley de Compras y Contrataciones del Estado pueden, “antes de recepcionar y liquidar la obra, realizarse órdenes de cambio para el buen funcionamiento de las obras”.

En tanto que Ruano de La Cruz argumentó que la planificación del proyecto fue realizada por la administración anterior y fue propuesto en 2015 para que se ejecutara en 2016, sin embargo, la Contraloría consideró que sea el Ministerio Público el que determine si se cometió algún delito.

“La alcaldesa no veló para que el supervisor de obras exigiera que la obra se ejecutara conforme a planos de construcción, especificaciones técnicas y verificara las pendientes de la tubería instalada” y  se corre el “riesgo de que la obra no funcione correctamente afectando su período de vida útil”, enfatizó la CGC.

La construcción se realizó en el barrio La Pedrera y tuvo un costo de Q776 mil 431.

Otros hallazgos

El ente contralor también emitió reparos y sanciones económicas porque en otros seis proyectos en ejecución que suman Q8.6 millones evidenciaban “deficiencias en la supervisión”.

Al respecto el informe de auditoría señala que “el supervisor de obras no realizó informes de supervisión periódicamente de las obras fiscalizadas en el cual se indique los avances físicos de los renglones contractuales ejecutados de cada una”.

Los proyectos tienen que ver con la ampliación de un instituto de nivel básico y una escuela de primeria, mejoramiento de calles, construcción de camino rural, la perforación de un pozo mecánico y la construcción de un instituto de nivel básico.

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