La falta de transparencia, que abre las puertas a la corrupción, es moneda de uso común en la comuna de Fray Bartolomé de las Casas, en Alta Verapaz, municipalidad dirigida por la alcaldesa Lilian Piedad García Contreras.

Tras una auditoría a la ejecución del presupuesto del 2016, la Contraloría General de Cuentas (CGC), encontró que existe el riesgo de que se pueda utilizar dinero público para comprar combustibles para vehículos ajenos la comuna y determinó que se está pagando a personal 029 sin que exista certeza de que está cumpliendo con sus obligaciones contractuales.

También encontró falta de transparencia en las compras directas subidas a Guatecompras y que existe la posibilidad de que se alteren actas de sesiones del Concejo Municipal para impedir la fiscalización de “intereses hacendarios”. Sumado a ello hallaron deficiencias en los controles de inventarios lo que podría provocar la pérdida de bienes de la municipalidad.

Por esas razones impusieron sanciones económicas a  la alcaldesa, secretario municipal, director de administración financiera y al encargado de presupuesto.

La fiscalización abarcó el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. El presupuesto de la comuna, incluyendo las ampliaciones, fue de Q48 millones y se ejecutó Q29.5 millones, el 61%, según la CGCN.

Por si fuera poco un informe de este año de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), concluye que dicha comuna solo cumple a medias en su portal en internet en informar sobre salarios, honorarios, dietas, bonos, viáticos; ejecución presupuestaria, obras en ejecución y compras directas.

Reparos

Durante el proceso de fiscalización de la ejecución presupuestaria del año pasado los auditores encontraron seis facturas, todas con fecha 29 de marzo de 2016, por compra de combustible por un total de Q49 mil 500.

Al respecto determinaron que no existe una normativa y registros auxiliares del uso, manejo y control de combustibles; citaron por ejemplo, la ausencia de vales con cantidad de combustible suministrado, kilómetros recorridos, tipo de vehículo autorizado, firma de quién autoriza y del piloto.

Con ello se corre el “riesgo de que se utilice combustible para vehículos ajenos a la municipalidad, en perjuicio del erario municipal”, se indica en el informe de auditoría.

También detectaron que personal contratado bajo el renglón 029 emite facturas mensualmente por los servicios prestados y no se adjunta informe de actividades realizadas como lo establece el contrato administrativo.

“No se tiene ninguna evidencia de parte de la persona que está prestando el servicio o si está cumpliendo con lo acordado en el contrato administrativo”, advirtieron los auditores.

Encontraron, además, que en dos libros no autorizados por la CGCN se redactaron en total 40 actas de las sesiones del Concejo Municipal. Ello viola la normativa que establece que “corresponde a la Contraloría la función fiscalizadora en forma externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos y, en general, todo interés hacendario”.

Ello podría tener como efecto que “la información que contienen las actas es susceptible de ser reemplazada completa o parcialmente, a conveniencia de intereses personales de funcionarios o empleados municipales”.

Hallaron que Q578 mil 110, correspondientes a la cuota patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), no había sido traslada y se corre el “riesgo de que el dinero se pueda utilizar para otros fines y que los empleados municipales no gocen de los beneficios del IGSS”.

PDH, advierte opacidad

El nivel de cumplimiento de la comuna de Fray Bartolomé de las Casas en la publicación en su portal electrónico de información pública de oficio es del 57.14, según un informe de la PDH elaborado tras supervisar in situ los portales electrónicos de 44 municipalidades del área norte del país.

La supervisión se enfocó en la información de oficio relacionada con salarios, honorarios, dietas, bonos, viáticos y gastos de representación; presupuesto, ejecución presupuestaria obras en ejecución y compras directas. Los resultados fueron dados a conocer en marzo del 2017.

Las conclusiones, en términos generales de la PDH, señalan que “no existe transparencia en el manejo de los recursos públicos, es opaca la política de manejo de información salarial, compras y contrataciones, ejecución presupuestaria, obra pública, licencias y concesiones, entre otras”.

También que “no existe un cumplimiento aceptable de la información acerca de las contrataciones que hacen por medio de compras directas, cotizaciones y licitaciones; por lo que el gasto como tal no se han transparentado en el ámbito municipal”.

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