Quienes observamos cotidianamente la realidad nacional o nuestra política doméstica, percibimos que algo está pasando, comprendemos que el país está en un momento crucial y que algo está por suceder, porque existe un ambiente enrarecido, que trae consigo una brisa de cambio o un terremoto político, que bien podría generar que todo cambie o que no cambie nada.
El presidente Jimmy Morales se enfrenta al año más difícil de su gobierno, pues superar los dos años es vital para cualquier mandatario, bueno, exceptuando el caso de Otto Pérez Molina, cortado entre cuatro y cinco meses antes de concluir su gestión. Pero, ¿cuáles son las batallas del actual presidente?, ¿cuál es el motivo de la guerra?, y, ¿cuáles son los campos de batalla?
El presidente Morales tiene varios frentes activos, que en un análisis de riesgo, como la lectura de crisis, debería tomar en cuenta
- Solicitudes de antejuicio
- El caso del ex embajador Marvin Mérida
- La disputa MP y Cicig
Cuando hablo de este tema no se trata de herir susceptibilidades, se trata de analizar el calentamiento del ambiente nacional, de esa cuenta revisemos las solicitudes de antejuicio en contra del presidente Morales, sí, digo solicitudes y explicó por qué. La solicitud planteada por los diputados del partido Convergencia, Sandra Morán y Leocadio Juracán, plantea que el Señor Presidente es responsable de la muerte de 41 menores en el trágico suceso del pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El resultado de esa denuncia, como era de esperarse, fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) in limine, es decir que ni siquiera está abierto a discusión por considerarse que desde su concepción, es un acto meramente político y con objetivo espurio. De esta salió bien librado, pero qué pasaría si hubiera una nueva solicitud por el mismo tema Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pero esta vez planteada por el Ministerio Público.
En efecto, el MP podría solicitar un antejuicio si considera que hubo responsabilidad del señor presidente, pues el mismo subcomisario de la Policía Nacional (PNC), Luis Pérez Borja, lo vincula a través del asesor presidencial de SOSEP, Carlos Abel Beltetón Coronado, al decir que en una llamada telefónica al celular de Beltetón, fue evidente que el mandatario tenía conocimiento y giró instrucciones de resguardo a la PNC según narro este personaje. En este sentido, el presidente podría sumar otra solicitud de antejuicio, si el MP considera que hay algún indicio de delito.
Analicemos otra batalla, el tema de la firma de un contrato con Barnes & Thornburg para hacer lobby en contra del Embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson y de la Cicig, que habría firmado el exembajador Marvin Mérida por un monto de US$960 mil, divido en pagos mensuales de US$80 mil, durante un año. El Ministerio Público ya investiga si hay algún delito que perseguir, incurrido por Mérida, lo que vincula directamente al presidente Morales por ser amigo y ajeno a la cancillería, pues Mérida le rendía cuentas directamente a Morales. Esto podría cambiar de rumbo al establecer la fuente de financiación del contrato de Mérida, es decir, de dónde salieron esos fondos. De este caso o línea de investigación también podría venir una nueva solicitud de antejuicio contra Morales por una eventual ilegalidad.
El tercer frente podría ser la decisión del presidente de generar antagonismo, evidentemente marcado en contra de la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, así como del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y la polémica de haber sido convocada ni incluida en las reuniones de alto nivel que tuvo el presidente Morales con funcionarios estadunidenses, con presencia del Señor Vicepresidente de ese país, Mike Pence. El problema no fue que no la invitara, sino que dijo que él no giró las invitaciones para sus funcionarios, sino que lo organizó Estados Unidos, algo que después el país del norte corrigió, diciendo que fue decisión de Morales. Esto pone al presidente en una situación vulnerable, en entredicho, pues se cuestiona su credibilidad y pone en evidencia que existe mala comunicación, pero sobre todo, poca simpatía entre dos organismos claves, el Ejecutivo y el Ministerio Público, algo que es vital para el buen funcionamiento del país y de la justicia.
¿Cuál es el motivo de la guerra? Definitivamente se trata de una agenda que incluye reformas constitucionales, reforma electoral, fortalecimiento de las aduanas (SAT), entre otros temas, pues el presidente Morales no logra descifrar las señales que le marca la coyuntura, que son muy similares a las que tampoco interpretó el expresidente Otto Pérez Molina. Todos sabemos que Morales nada contra la corriente, porque no ha logrado adueñarse de la agenda de cambios y convocar a todos los sectores, simplemente porque no tiene la intención, y prueba de ello son los resultados que están a la vista.
Las tres batallas se libran entre los poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– los tres sumamente cuestionados y debilitados, si tomamos en cuenta que el Congreso también se puso en evidencia con la firma de un contrato de las mismas características que el de Mérida, cuyos financistas podrían ser los mismos o ser una mera coincidencia, lo que hasta ahora es un misterio todavía, pero que el Ministerio Público ya investiga.
En suma, ya son obvios los escenarios más cercanos y dramáticos, existen dos posibles solicitudes de antejuicio contra el presidente Morales, la primera por parte del Ministerio Público, ante la argumentación de delito en el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, –claro que bien fundamentada– algo que le daría mucha fuerza a la solicitud; el segundo sería también del MP, pero por el caso de la firma del contrato firmado por Mérida con la consultora Barnes & Thornburg, si se considera que se cometió algún delito.
En conclusión, si alguno de esos eventuales antejuicios prospera, el presidente Morales estaría en la cuerda floja, con un pie adentro y otro afuera, porque en el Congreso cualquier cosa podría pasar con una Comisión Pesquisidora y si ser ratificara en el pleno, nos enfrentaríamos a un escenario dramático que superaría a la crisis política del 2015, teniendo como variable que el Plan Alianza para la Prosperidad, busca efectuar cambios en el combate la corrupción, seguridad y generar condiciones políticas para que se ejecutarse, eso hay que entenderlo sí o sí. Nos encontraríamos ante un momento de transición que debe ser bien interpretado, sin ideología y visto como una oportunidad de lograr algo que nos sobrepasa como país. Deberíamos pasar de arruinarlo culpando a otros por nuestra propia desgracia, porque se trata de asumir nuestras responsabilidades como nación, pues hasta ahora se nos va el tiempo en hablar de izquierda y de derecha, cuando en realidad esto va mucho más allá de eso se trata de “real politik”. Todo esto está subiendo de tono.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Quienes observamos cotidianamente la realidad nacional o nuestra política doméstica, percibimos que algo está pasando, comprendemos que el país está en un momento crucial y que algo está por suceder, porque existe un ambiente enrarecido, que trae consigo una brisa de cambio o un terremoto político, que bien podría generar que todo cambie o que no cambie nada.
El presidente Jimmy Morales se enfrenta al año más difícil de su gobierno, pues superar los dos años es vital para cualquier mandatario, bueno, exceptuando el caso de Otto Pérez Molina, cortado entre cuatro y cinco meses antes de concluir su gestión. Pero, ¿cuáles son las batallas del actual presidente?, ¿cuál es el motivo de la guerra?, y, ¿cuáles son los campos de batalla?
El presidente Morales tiene varios frentes activos, que en un análisis de riesgo, como la lectura de crisis, debería tomar en cuenta
- Solicitudes de antejuicio
- El caso del ex embajador Marvin Mérida
- La disputa MP y Cicig
Cuando hablo de este tema no se trata de herir susceptibilidades, se trata de analizar el calentamiento del ambiente nacional, de esa cuenta revisemos las solicitudes de antejuicio en contra del presidente Morales, sí, digo solicitudes y explicó por qué. La solicitud planteada por los diputados del partido Convergencia, Sandra Morán y Leocadio Juracán, plantea que el Señor Presidente es responsable de la muerte de 41 menores en el trágico suceso del pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El resultado de esa denuncia, como era de esperarse, fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) in limine, es decir que ni siquiera está abierto a discusión por considerarse que desde su concepción, es un acto meramente político y con objetivo espurio. De esta salió bien librado, pero qué pasaría si hubiera una nueva solicitud por el mismo tema Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pero esta vez planteada por el Ministerio Público.
En efecto, el MP podría solicitar un antejuicio si considera que hubo responsabilidad del señor presidente, pues el mismo subcomisario de la Policía Nacional (PNC), Luis Pérez Borja, lo vincula a través del asesor presidencial de SOSEP, Carlos Abel Beltetón Coronado, al decir que en una llamada telefónica al celular de Beltetón, fue evidente que el mandatario tenía conocimiento y giró instrucciones de resguardo a la PNC según narro este personaje. En este sentido, el presidente podría sumar otra solicitud de antejuicio, si el MP considera que hay algún indicio de delito.
Analicemos otra batalla, el tema de la firma de un contrato con Barnes & Thornburg para hacer lobby en contra del Embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson y de la Cicig, que habría firmado el exembajador Marvin Mérida por un monto de US$960 mil, divido en pagos mensuales de US$80 mil, durante un año. El Ministerio Público ya investiga si hay algún delito que perseguir, incurrido por Mérida, lo que vincula directamente al presidente Morales por ser amigo y ajeno a la cancillería, pues Mérida le rendía cuentas directamente a Morales. Esto podría cambiar de rumbo al establecer la fuente de financiación del contrato de Mérida, es decir, de dónde salieron esos fondos. De este caso o línea de investigación también podría venir una nueva solicitud de antejuicio contra Morales por una eventual ilegalidad.
El tercer frente podría ser la decisión del presidente de generar antagonismo, evidentemente marcado en contra de la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, así como del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y la polémica de haber sido convocada ni incluida en las reuniones de alto nivel que tuvo el presidente Morales con funcionarios estadunidenses, con presencia del Señor Vicepresidente de ese país, Mike Pence. El problema no fue que no la invitara, sino que dijo que él no giró las invitaciones para sus funcionarios, sino que lo organizó Estados Unidos, algo que después el país del norte corrigió, diciendo que fue decisión de Morales. Esto pone al presidente en una situación vulnerable, en entredicho, pues se cuestiona su credibilidad y pone en evidencia que existe mala comunicación, pero sobre todo, poca simpatía entre dos organismos claves, el Ejecutivo y el Ministerio Público, algo que es vital para el buen funcionamiento del país y de la justicia.
¿Cuál es el motivo de la guerra? Definitivamente se trata de una agenda que incluye reformas constitucionales, reforma electoral, fortalecimiento de las aduanas (SAT), entre otros temas, pues el presidente Morales no logra descifrar las señales que le marca la coyuntura, que son muy similares a las que tampoco interpretó el expresidente Otto Pérez Molina. Todos sabemos que Morales nada contra la corriente, porque no ha logrado adueñarse de la agenda de cambios y convocar a todos los sectores, simplemente porque no tiene la intención, y prueba de ello son los resultados que están a la vista.
Las tres batallas se libran entre los poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– los tres sumamente cuestionados y debilitados, si tomamos en cuenta que el Congreso también se puso en evidencia con la firma de un contrato de las mismas características que el de Mérida, cuyos financistas podrían ser los mismos o ser una mera coincidencia, lo que hasta ahora es un misterio todavía, pero que el Ministerio Público ya investiga.
En suma, ya son obvios los escenarios más cercanos y dramáticos, existen dos posibles solicitudes de antejuicio contra el presidente Morales, la primera por parte del Ministerio Público, ante la argumentación de delito en el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, –claro que bien fundamentada– algo que le daría mucha fuerza a la solicitud; el segundo sería también del MP, pero por el caso de la firma del contrato firmado por Mérida con la consultora Barnes & Thornburg, si se considera que se cometió algún delito.
En conclusión, si alguno de esos eventuales antejuicios prospera, el presidente Morales estaría en la cuerda floja, con un pie adentro y otro afuera, porque en el Congreso cualquier cosa podría pasar con una Comisión Pesquisidora y si ser ratificara en el pleno, nos enfrentaríamos a un escenario dramático que superaría a la crisis política del 2015, teniendo como variable que el Plan Alianza para la Prosperidad, busca efectuar cambios en el combate la corrupción, seguridad y generar condiciones políticas para que se ejecutarse, eso hay que entenderlo sí o sí. Nos encontraríamos ante un momento de transición que debe ser bien interpretado, sin ideología y visto como una oportunidad de lograr algo que nos sobrepasa como país. Deberíamos pasar de arruinarlo culpando a otros por nuestra propia desgracia, porque se trata de asumir nuestras responsabilidades como nación, pues hasta ahora se nos va el tiempo en hablar de izquierda y de derecha, cuando en realidad esto va mucho más allá de eso se trata de “real politik”. Todo esto está subiendo de tono.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo