El proceso legal contra el coronel Juan Chiroy Sal y los soldados implicados en los sucesos ocurridos en octubre de 2012 en la llamada Cumbre de Alaska, se debió resolver en no más de ocho meses, pero lleva estancado cuatro años y nueve meses por responsabilidad de un sistema de justicia que viola los derechos humanos, incumple la legislación y lejos de procurar una justicia “pronta y cumplida”, hace todo lo posible porque este caso no se resuelva.
El militar fue detenido el 11 de octubre de 2012 y ligado al proceso por los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa. La fase de investigación concluyó el 10 de enero de 2013 y empezó la fase intermedia en la cual la jueza, tras escuchar al Ministerio Público (MP), determinó que no aplicaban los delitos imputados y lo envió a juicio por incumplimiento de deberes.
“Este delito, de acuerdo con el Código Procesal Penal, admite una medida sustitutiva de libertad, pero la señora juez no se la otorgó. El Ministerio Público no ha podido aportar nuevos elementos contra el señor Chiroy Sal (porque no los hay), motivo por el cual se le sigue juzgando por el delito de Incumplimiento de Deberes, sin embargo, continúa en prisión preventiva”, señala David Pineda, abogado del coronel.
La pena máxima por el delito del cual es acusado el coronel Juan Chiroy, ya fue cumplida, pero sigue en prisión preventiva.
Cumplió la condena máxima
Chiroy se encuentra en el Centro de Detención Preventiva ubicado en la Brigada Mariscal Zavala, junto con los otros ocho militares.
Durante el proceso las violaciones evidentes son estas:
- -Fue enviado a juicio por el delito de incumplimiento de deberes, pero continuó en prisión preventiva, y le negaron la medida sustitutiva en aquel momento y todavía la siguen negando, pese a que si fuera condenado con la pena máxima, tres años, ya habría sobrepasado ese tiempo, pues lleva cuatro años y nueve en prisión preventiva.
- -En octubre de 2015 debió quedar libre si hubiese sido condenado con la pena máxima por el delito imputado.
- -Todos los recursos legales para evitar el juicio han sido planteados por el Ministerio Público. Los abogados de Chiroy solo han accionado para obtener la medida sustitutiva, pero nunca para entorpecer el proceso.
“Los fiscales del MP sigue violando el derecho a la vida y a la libertad del procesado, pues se ha coludido con los Querellantes Adhesivos con el único objeto de impedir la celebración de las audiencias programadas para conocer las solicitudes de una medida sustitutiva de libertad del procesado. Y no solamente eso, se han dedicado en forma sistemática a interponer toda clase de recursos de amparo más que antojadizos con el mismo objeto de mantener en prisión al procesado, aun cuando dicha prisión ya es ilegal; olvidando el principio de la objetividad de una justicia pronta y cumplida”, añade Pineda.
A continuación se presenta el historial de todas las acciones legales que han bloqueado las audiencias y el proceso:
¿Y las pruebas?
En los sucesos ocurridos el 4 de octubre de 2012 fallecieron seis personas. Al verse implicados miembros del Ejército en el incidente, el MP los acusó de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa, delitos por los cuales fueron ligados a proceso.
En la fase intermedia la jueza Patricia Flores modificó estas imputaciones a incumplimiento de deberes, en el caso del coronel Chiroy, y homicidio en estado de emoción violenta para los soldados.
La juzgadora evaluó insuficientes las pruebas presentadas por el MP para juzgarlos por ejecución extrajudicial.
A continuación se puede consultar la presentación realizada por el ente investigador en las primeras horas del suceso, lo cual no pudo corroborar frente a la jueza.
Rigoberta Menchú y los alcaldes de los cantones
El 4 de octubre de 2012, día de los sucesos, el coronel Chiroy recuerda que llegó a una balastrera donde estacionaron los camiones y el picop donde viajaban los militares a prestar apoyo a la Policía.
El lugar, según la presentación del MP, está a medio kilómetro o 500 metros de donde se encontraba el bloqueo promovido por los alcaldes de los 48 cantones de Totonicapán que protestaban contra los cobros de energía eléctrica y otras decisiones del Ejecutivo.
El coronel ordenó a la tropa y estaba por retirarse del lugar porque en la capital se había alcanzado un acuerdo, cuando de pronto hubo disparos más adelante de donde se encontraban, supuestamente de un guardia privado y empezaron a atacar a los militares desde las laderas y al verse acorralados, corrieron por todos lados, escapando por un barranco.
Uno de los camiones del Ejército fue incendiado. Chiroy señala que él auxilió a uno de los soldados heridos y lo sacó del área, cuando intentó regresar ya no pudo, por todos lados había personas atacándolos. Hasta el final del día la tropa volvió a reunirse saliendo de los barrancos.
En esta imagen de Prensa Libre, se observa cómo son atacados los militares con piedras y hondas y escapan de los agresores.
Acá se observa a uno de los agresores con la cara tapada y en la espalda se ve la vara que lo identifica como autoridad indígena del lugar.
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, en el lugar de los sucesos.
Chiroy y los soldados demandan ser juzgados
El coronel Chiroy, durante estos casi cinco años de prisión preventiva, y los soldados Dimas García Pérez, Marcos Chun Sacul, Ábner Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Felipe Chub Coc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Edín Adolfo Agustín Vásquez y Manuel Lima Vásquez, solo buscan dos cosas: una medida sustitutiva y enfrentar el juicio.
Chiroy considera que es inocente de los cargos que se le imputan y está dispuesto a demostrarlo en el debate. Por ahora le preocupa que la Corte de Constitucionalidad (CC), resolviera, el 15 junio pasado, un amparo a favor del MP, pero esta vez en vez de ordenar darle trámite al recurso de casación, “se extralimita y casi ordena a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, cómo debe dictar la sentencia”.
Debido a todas las irregularidades del proceso, Chiroy planteó su caso en todas las instancias de justicia del país, incluso en la Procuraduría de Derechos Humanos, pero nadie atendió su petición de vigilar por sus derechos y de los soldados encarcelados.
También denunció las violaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando acompañamiento de esa institución, pero a la fecha no ha recibido respuesta.
- Vea el documento completo: Denuncia CIDDH V2.Denuncia CIDDH V2.
Lea el lunes: ¿Quién es el coronel Juan Chiroy?
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El militar fue detenido el 11 de octubre de 2012 y ligado al proceso por los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa. La fase de investigación concluyó el 10 de enero de 2013 y empezó la fase intermedia en la cual la jueza, tras escuchar al Ministerio Público (MP), determinó que no aplicaban los delitos imputados y lo envió a juicio por incumplimiento de deberes.
“Este delito, de acuerdo con el Código Procesal Penal, admite una medida sustitutiva de libertad, pero la señora juez no se la otorgó. El Ministerio Público no ha podido aportar nuevos elementos contra el señor Chiroy Sal (porque no los hay), motivo por el cual se le sigue juzgando por el delito de Incumplimiento de Deberes, sin embargo, continúa en prisión preventiva”, señala David Pineda, abogado del coronel.
La pena máxima por el delito del cual es acusado el coronel Juan Chiroy, ya fue cumplida, pero sigue en prisión preventiva.
Cumplió la condena máxima
Chiroy se encuentra en el Centro de Detención Preventiva ubicado en la Brigada Mariscal Zavala, junto con los otros ocho militares.
Durante el proceso las violaciones evidentes son estas:
- -Fue enviado a juicio por el delito de incumplimiento de deberes, pero continuó en prisión preventiva, y le negaron la medida sustitutiva en aquel momento y todavía la siguen negando, pese a que si fuera condenado con la pena máxima, tres años, ya habría sobrepasado ese tiempo, pues lleva cuatro años y nueve en prisión preventiva.
- -En octubre de 2015 debió quedar libre si hubiese sido condenado con la pena máxima por el delito imputado.
- -Todos los recursos legales para evitar el juicio han sido planteados por el Ministerio Público. Los abogados de Chiroy solo han accionado para obtener la medida sustitutiva, pero nunca para entorpecer el proceso.
“Los fiscales del MP sigue violando el derecho a la vida y a la libertad del procesado, pues se ha coludido con los Querellantes Adhesivos con el único objeto de impedir la celebración de las audiencias programadas para conocer las solicitudes de una medida sustitutiva de libertad del procesado. Y no solamente eso, se han dedicado en forma sistemática a interponer toda clase de recursos de amparo más que antojadizos con el mismo objeto de mantener en prisión al procesado, aun cuando dicha prisión ya es ilegal; olvidando el principio de la objetividad de una justicia pronta y cumplida”, añade Pineda.
A continuación se presenta el historial de todas las acciones legales que han bloqueado las audiencias y el proceso:
¿Y las pruebas?
En los sucesos ocurridos el 4 de octubre de 2012 fallecieron seis personas. Al verse implicados miembros del Ejército en el incidente, el MP los acusó de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa, delitos por los cuales fueron ligados a proceso.
En la fase intermedia la jueza Patricia Flores modificó estas imputaciones a incumplimiento de deberes, en el caso del coronel Chiroy, y homicidio en estado de emoción violenta para los soldados.
La juzgadora evaluó insuficientes las pruebas presentadas por el MP para juzgarlos por ejecución extrajudicial.
A continuación se puede consultar la presentación realizada por el ente investigador en las primeras horas del suceso, lo cual no pudo corroborar frente a la jueza.
Rigoberta Menchú y los alcaldes de los cantones
El 4 de octubre de 2012, día de los sucesos, el coronel Chiroy recuerda que llegó a una balastrera donde estacionaron los camiones y el picop donde viajaban los militares a prestar apoyo a la Policía.
El lugar, según la presentación del MP, está a medio kilómetro o 500 metros de donde se encontraba el bloqueo promovido por los alcaldes de los 48 cantones de Totonicapán que protestaban contra los cobros de energía eléctrica y otras decisiones del Ejecutivo.
El coronel ordenó a la tropa y estaba por retirarse del lugar porque en la capital se había alcanzado un acuerdo, cuando de pronto hubo disparos más adelante de donde se encontraban, supuestamente de un guardia privado y empezaron a atacar a los militares desde las laderas y al verse acorralados, corrieron por todos lados, escapando por un barranco.
Uno de los camiones del Ejército fue incendiado. Chiroy señala que él auxilió a uno de los soldados heridos y lo sacó del área, cuando intentó regresar ya no pudo, por todos lados había personas atacándolos. Hasta el final del día la tropa volvió a reunirse saliendo de los barrancos.
En esta imagen de Prensa Libre, se observa cómo son atacados los militares con piedras y hondas y escapan de los agresores.
Acá se observa a uno de los agresores con la cara tapada y en la espalda se ve la vara que lo identifica como autoridad indígena del lugar.
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, en el lugar de los sucesos.
Chiroy y los soldados demandan ser juzgados
El coronel Chiroy, durante estos casi cinco años de prisión preventiva, y los soldados Dimas García Pérez, Marcos Chun Sacul, Ábner Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Felipe Chub Coc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Edín Adolfo Agustín Vásquez y Manuel Lima Vásquez, solo buscan dos cosas: una medida sustitutiva y enfrentar el juicio.
Chiroy considera que es inocente de los cargos que se le imputan y está dispuesto a demostrarlo en el debate. Por ahora le preocupa que la Corte de Constitucionalidad (CC), resolviera, el 15 junio pasado, un amparo a favor del MP, pero esta vez en vez de ordenar darle trámite al recurso de casación, “se extralimita y casi ordena a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, cómo debe dictar la sentencia”.
Debido a todas las irregularidades del proceso, Chiroy planteó su caso en todas las instancias de justicia del país, incluso en la Procuraduría de Derechos Humanos, pero nadie atendió su petición de vigilar por sus derechos y de los soldados encarcelados.
También denunció las violaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando acompañamiento de esa institución, pero a la fecha no ha recibido respuesta.
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