Desde el año 2012, el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), ha mantenido una oposición sistemática contra todos los proyectos hidroeléctricos y mineros que se desarrollan en el país, pese a que se ha cumplido con el marco legal que el Estado de Guatemala tiene para la instalación de dichos proyectos.

Recientemente, la organización celebró en el municipio de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, una actividad donde aseguró que la oposición a la mina, era “por la defensa del pueblo”, en particular de las comunidades Xincas del lugar.

Este discurso se ha utilizado en otros lugares donde se desarrollar proyectos de desarrollo hidroeléctrico o de minería de metales, necesarios para el avance de las comunidades históricamente olvidadas.

Sin embargo, República tuvo acceso a la comunicación oficial que el Registro Nacional de las Personas (Renap), hizo para dar a conocer la cantidad de personas que se consideran Xincas en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, donde opera la mina San Rafael.

En el comunicado, destaca que en el municipio, no existe una sola persona con esa identificación étnica y que solamente 11 personas se identifican como mayas.

¿Por qué continuar con la conflictividad?

Carolina Castellanos, de la Asociación de Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS), aseguró que la oposición sistemática de esta y otras organizaciones, tiene que ver con el financiamiento que estas organizaciones reciben de parte de la comunidad internacional.

“Han encontrado un modo de vida a costa de la conflictividad que es un difícil abandonar”, señaló.

Castellanos también indicó que las organizaciones deben respetar el marco jurídico del país y los funcionarios públicos deben garantizar la certeza jurídica para que en las comunidades puedan desarrollarse proyectos que favorezcan a las comunidades.

Rafael Maldonado, abogado de Calas, fue contactado por medio redes sociales y ofreció una respuesta vía correo electrónico.

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