La agenda anticorrupción y la depuración judicial del sistema sigue vigente.

En política, las percepciones muchas veces tienen tanto o más peso que la misma realidad.

Por ello, durante la última semana tuvieron lugar dos eventos que contribuyen a fortalecer la percepción del compromiso con la lucha anticorrupción. El primero, fue el anuncio sobre la nominación de Luis Arreaga como próximo embajador de Estados Unidos en Guatemala; el segundo, fue la renovación por dos años más del contrato de Iván Velásquez al frente de CICIG.

La nominación de Arreaga viene a poner fin a meses de especulaciones sobre el nombramiento del sucesor de Todd Robinson, cuyo período culminará –como esperado– en octubre próximo. Arreaga es un diplomático de carrera, que previo a su nominación se desempeñó como Adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, unidad encargada de los programas de “combate al narcotráfico, crimen organizado, y apoyo a la aplicación de la ley en el Hemisferio Occidental”. Dicho cargo era el mismo que ostentaba Robinson previo a su confirmación como Embajador para Guatemala, en septiembre 2014. Arreaga –por cierto– es la mano derecha de William Brownfield, diplomático que ha visitado el país en reiteradas ocasiones y siempre ha manifestado su abierto respaldo a CICIG y la lucha anticorrupción.

Mientras que la renovación del contrato de Velásquez confirma el respaldo de Naciones Unidas a la agenda de CICIG 2013-2017 que tiene como foco central la desarticulación de las Redes Político-Económicas Ilícitas, es decir, estructuras organizadas para el saqueo de fondos públicos y la procuración de impunidad.

Ambos eventos vienen a confirmar los escenarios planteados desde hace meses. Primero, que a pesar de los cambios de aires políticos en la Casa Blanca, el eje de lucha anticorrupción en la agenda de Washington hacia Centroamérica no iba a cambiar. Por el contrario, bajo la óptica republicana, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia es una precondición para prevenir la migración ilegal y las amenazas a la seguridad norteamericana. Segundo, confirma que Washington y Nueva York ven en el caso guatemalteco un referente en el combate a las mafias políticas. Tercero, que esta agenda es producto de un acuerdo bipartidista, y que las visiones ideológicas no tienen vela en este entierro.

Pero lo más importante, es que en este 2017, cuando el trabajo de CICIG y MP ha sido escrutado con mayor rigor, se genera la percepción que la agenda de depuración judicial continuará, y que la lucha contra las mafias seguirá a la orden del día.

Sin embargo, queda pendiente una variable: la de los mismos guatemaltecos. Como sociedad hemos sido incapaces de interiorizar el proceso de cambio político que vive el país desde 2015. Para muestra, la incapacidad de generar una agenda de reforma institucional que permita atender las falencias en los sistemas electoral-partidario, judicial y de administración pública, que permita cerrar los agujeros que hicieron posible la penetración de la corrupción y el crimen organizado en las instituciones del Estado. Pero hace falta también una veta de madurez política: entre los actores políticamente relevantes del país aún persiste una lógica de Guerra Fría, de sobreideologizar procesos y rehuir de los mínimos comunes.

 

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