No es un tema de procedimientos penales el que hoy voy a abordar. Ya de ello se ha escrito mucho y probablemente de ello tampoco se dejará de escribir en el futuro. No; hoy me quiero referir a un tema quizá menos de moda pero igual de importante. Se trata de cuando la institucionalidad que está diseñada para protegerte es precisamente la institucionalidad que te oprime, que te persigue, que te asfixia. Como una especie de casa por cárcel.

Cuando se estaba en lo más álgido de la discusión acerca de las reformas constitucionales, una de las voces más brillantes del foro jurídico reparó en el hecho que en el medio de toda la algarabía ocasionada por los temas más controversiales, se olvidó poner atención a algunas reformas que pretendían restringir garantías constitucionales o que buscaban incluir conceptos que podían poner a los ciudadanos a tiro del poder político. Menos mal aquél sin sentido no fue aprobado en el Congreso, pero el intento existió. Es decir se buscaba, nada menos que en la Constitución misma, restringir los derechos y las protecciones de las que hoy gozan los habitantes de nuestro país.  Algo así como convertir con un tronar de dedos un escudo en una camisa de fuerza.

Pero al margen de las modificaciones constitucionales, me quiero centrar en nuestro sistema judicial. Los jueces, en toda sociedad, deben constituir una garantía para resolver en forma pronta, objetiva, apegada al derecho y atendiendo a criterios de justicia los conflictos entre particulares que les son sometidos a su conocimiento. Uno espera que  aquello que en legítimo derecho goza y disfruta, le sea reconocido y protegido por los jueces cuando ese derecho sea objeto de amenaza.  Esta seguridad, la de una justicia eficaz, es el asidero de la convivencia pacífica en una sociedad. Pero cuando la justicia falla, cuando no hay manera de contar con un sistema en el que se reconozca aquello a lo que se tiene derecho,  la maquinaria social empieza a caer. Es el primer paso para el conflicto.

Una serie de fallos recientes, producidos en un entorno de gran contaminación ideológica, de falta de conocimiento y de ánimo revanchista empiezan a despojar  a personas, empresas y entidades de las licencias y permisos que les han sido otorgados en tiempo y de acuerdo a los procedimientos legales. Aquí no se trata de discutir si ésta o aquella actividad económica me parece simpática o no; no se trata tampoco de restringir el derecho de cualquiera a someter a los órganos jurisdiccionales los conflictos que les afectan; ni siquiera se busca decir que solo unos tienen permanente la razón por encima de otros. Se trata al final de que algo que se te ha otorgado o que lo has adquirido en derecho, se te sea respetado.  Porque hoy te pueden quitar una licencia, pero será mañana el título de propiedad de tu domicilio. El principio es el mismo.  

Todo este debate no se debe quedar en el asunto de la suspensión o no de las licencias, eso sería muy corto de miras.  Debe dirigirse también al asunto de la responsabilidad de aquellos, la del Estado como tal, que te han conferido un derecho y luego te lo quitan sin más, como si nada pasara. Debe enderezarse asimismo para determinar la responsabilidad de aquellos, como los que tienen la facultad de juzgar, que haciendo a un lado el derecho y la justicia que han jurado proteger e impartir, por no se cuál razón o argumento deciden también un día quitarte la protección debida de la ley. Entrarle ya a estas dos dimensiones del asunto sí que sería hacerle un favor a la justicia y comenzar a devolverle al ciudadano esa tranquilidad que han perdido cuando su casa se convierte en su prisión.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo