Una vez la certeza jurídica falló en el país, la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión provisional del proyecto San Rafael. El motivo de la suspensión fue por no realizar una consulta a los pobladores de las comunidades.

Es importante entender un poco más acerca de dicha consulta, la cual es la piedra angular del convenio 169 de la OIT.  La finalidad de la consulta es obligar al Estado a dialogar con los pueblos indígenas, es decir, llegar a un acuerdo con los mismos para generar la inversión y llevar al desarrollo a las comunidades.

Es el Estado de Guatemala quien resguarda la responsabilidad de esta decisión, es decir, el fin de la misma es evaluar los impactos que los proyectos puedan tener a las comunidades para resolverlos, pero no es decisión de la población el dar el sí o no a los mismos, esto es responsabilidad del Estado.

La consulta incorpora la participación de los pueblos indígenas en la formulación de políticas públicas, que puedan afectar sus derechos colectivos y que no constituya una amenaza contra ellos. Es importante para la implementación de medidas de parte del Estado que puedan beneficiar a la población en general.

El Convenio 169 entró en vigencia en Guatemala en el año 1996, es decir, tiene 21 años en el país. El Estado ha sido incapaz después de todos estos años establecer mecanismos para llevar a cabo la consulta.

La certeza jurídica se ve una vez vulnerada en el país, la Corte Suprema de Justicia decidió suspender este proyecto de minera, con lo cual afecta la vida de 85 mil pobladores de San Rafael Las Flores. 600 empresas eran proveedoras de materiales e insumas, otorgaba 17 mil empleos directos, 5 millones de quetzales en impuestos diarios y 50 millones en regalías que recibe la municipalidad para invertirlo en el pueblo.

El Estado es quien incumple con sus deberes y son estos miles de habitantes quienes pagan los platos rotos pues ahora no tienen empleo. Lamentable que se cierre una empresa si es el gobierno quien no está cumpliendo con sus responsabilidades y son los guatemaltecos quienes terminan perjudicados.

¿Cómo se puede pretender que un país se desarrolle sin inversión? La certeza jurídica se vulnera cada vez más en Guatemala y esto generará costos para todos los habitantes, en lugar de prosperar, retrocederemos cada vez más.

La falta de certeza jurídica en Guatemala se hace presente en otros ámbitos, a diario, sobre todo en casos de justicia en donde no se logra cumplir con el debido proceso. El coronel Juan Chiroy Sal y los soldados implicados en sucesos ocurridos en octubre del 2012 en la Cumbre de Alaska debió resolverse hace mucho tiempo.

Nuevamente la justicia guatemalteca es incumplida, viola los derechos humanos y en lugar de procurar de que se pronta, es retardada, como es el caso de Juan Chiroy y muchísimos más.

El Ministerio Público determinó que no aplicaban los delitos que se le habían imputado, enviándolo a juicio por incumplimiento de deberes. El MP no ha aportado nuevos delitos al proceso, porque realmente no existen contra el señor Chiroy y continua en prisión preventiva.

El delito por incumplimiento de deberes admite medida sustitutiva de libertad y a pesar de eso fue enviado a juicio, negándole la medida sustitutiva. La pena máxima por incumplimiento de deberes es por 3 años, si el proceso inició en el 2012 ya ha sobrepasado ese tiempo, debió haber quedado en libertad en el 2015.

Es lamentable que el Ministerio Público continúe violando los derechos de esta forma, no hay debido proceso, no se cumple y es importantísimo que el caso avance para que se haga justicia. Sin certeza jurídica es casi imposible el desarrollo en un país, los derechos de las personas continúan violándose, la cárcel debería ser la excepción y nunca la regla, pero en Guatemala esto a penas se entiende.