La alcaldesa de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, Lilian Piedad García Contreras, suele iniciar las sesiones del Concejo Municipal pidiendo a alguno de los concejales que haga una oración al “Todopoderoso” y todos lo acompañan en la plegaria.

Gobierna el municipio que se ubica en la región de la Franja Transversal del Norte, integrado con 122 lugares poblados y 15 microrregiones, con mano dura, actitudes dictatoriales, prepotencia y falta de transparencia, según sus críticos.

En el municipio viven 73 mil 879 personas, de acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). La población es eminentemente migrante y llegó ahí proveniente de departamentos del sur, norte y occidente del país. Tras la firma de la paz, en diciembre de 1996, se asentaron ahí varios grupos de retornados.

La gestión de la jefa edil se ha caracterizado por la imposición de cobros “injustificados” y “excesivos” y supuestamente ilegales, según diversos sectores afectados.

Se afirma que a la salida del municipio se cobra por la “extracción” de granos básicos, condimentos, ganado y cerdos (vivos o destazados). También se ha incrementado el alquiler de locales en el mercado municipal y de operación de tuc tuc.

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Cobros a productos agrícolas

El intenso calor en Fray Bartolomé de las Casas es ahogado temporalmente en estos días por las lluvias que caen a cualquier hora. Sin importar el clima, un empleado municipal se coloca en la salida del municipio, en la ruta que conduce hacia Cobán, arropado con un chaleco con franjas anaranjadas a detener y cobrar a camiones y vehículos de carga pequeños un impuesto a “las extracciones del municipio”.

En la salida hacia Cobán, un empleado municipal cobra por todo el producto que sale del municipio.

Por orden municipal se cobra entre Q0.50 y Q100, dependiendo del producto y si es por unidad, bulto, camionada, troza o picopada. Se exige un pago, por ejemplo, al quintal de maíz, frijol, cardamomo, pimienta, chile seco y verde. Así como al ganado y cerdos vivos o destazados, bueyes, leña, madera aserrada y palmeras, según sectores afectados,.

Esta es la tabla de cobros municipales.

La alcaldesa, quien dirige por primera vez los destinos del municipio, señala que solo se cobra la salida de “ganado” y nada más. Pero todo indica, que eso no es cierto.

En el siguiente audio se escucha una conversación entre el cobrador y una persona afectada.

Política indiscriminada

La política de aumentos y de imposición de tasas de la alcaldía no deja santo de pie. Vendedores del mercado, transportistas de tuc tuc, personas individuales y comunidades enteras están en la mira del ayuntamiento.

“No aumento de la tarifa” y “No más abuso de autoridad”, escribieron sobre cartulinas un grupo de vendedores del mercado municipal, congregados alrededor de un espacio donde hay un altar a la Virgen de la Asunción, para expresar su rechazo al alza de los alquileres de los locales.

El aumento del arrendamiento es en casos del 361%, tal y como ocurre a José Abac. Para él la tarifa pasó de Q65 a Q300 mensuales. La alcaldesa “se está aprovechando de la población”, afirmó el comerciante. Él ocupa uno de los 700 a 800 locales que según los locatarios hay en el mercado municipal.

Jesús Choc, otro inquilino, aseguró  que “el aumento es mucho, drástico y la economía está mal y no hay mucho comercio”. En tanto que Juana Salam, representante de la asociación de arrendatarios del mercado, enfatizó que la alcaldesa “los está explotando, la economía no está para pagar. Nos amenazan con desalojarnos y quitarnos el local”, si no pagamos las nuevas tarifas.

De momento los arrendatarios del mercado municipal luchan legamente para frenar el alza. La jefa edil afirma que intentó dialogar con los arrendatarios, pero no se llegó acuerdos porque ellos solo querían pagar un alza de Q5.

“Tenemos un déficit terrible en el mercado, la municipalidad no cuenta con ingresos propios para estar cubriendo ese gasto que ellos generan. Por eso se hizo el aumento”, subrayó la funcionaria. También argumentó que heredó una deuda de casi Q20 millones de la anterior administración municipal.

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Otro grupo de vendedores, unos 60, que se ubica en los alrededores del mercado municipal, también se queja de la máxima autoridad local.

En lengua Q´eqchí, y sin dar su nombre, según un traductor, dicen que pagan Q100 al mes o Q30 semanales por el espacio que ocupan y que a partir de este año se les hacen cobros diarios, que varían dependiendo del producto que venden.

Señalan, por ejemplo, que por cada quintal de maíz vendido deben cancelar Q5 y si es de frijol Q10. Los que venden pollo pagan Q20. “No pueden vender barato.

El problema se profundizó más con la alcaldesa que es mujer. En campaña ofreció de todo. Es mucho, ya no se gana”, dice una vendedora. Sin embargo, la señalada niega todo y dice que el único cobro que se hace, “por derecho de piso”, es los lunes y jueves que es día de mercado.

Comprobantes de pagos de vendedores que se ubican en los alrededores del mercado municipal.

Mototaxis y agua potable

Con un rostro que se empieza a marcar por el paso de los años y sentado dentro de un mototaxi rojo, Mercedes Hernández, vicepresidente de la Asociación de Tuctuqueros de Fray Bartolomé de las Casas, se queja del aumento de la calcomanía de circulación.

“Antes pagaban Q100 cada cuatro años, ahora el desembolso es cada año. Está mal porque los que trabajan en tuc tuc es gente pobre. El aumento ha perjudicado demasiado. Y las calles en mal estado. En dos o tres días ya no sirve el timón, chasis y shoks y han que mandarlos a reparar”, dice Hernández, quien dice representar a 181 compañeros de labores.

Cerca de ahí vecinos de la Colonia la Pista, que pidieron no ser identificados, afirmaron que la red de distribución de agua entubada solo funcionó dos meses tras ser inaugurada en el 2008, y que a pesar de ello la actual administración edil les está cobrando el servicio (Q8 mensual) desde ese año a la fecha. De tal cuenta que la alcaldía reclama la cancelación a los vecinos que oscila entre Q 1 mil 500 y Q1 mil 900.

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A nivel individual también se repite este tipo de problema. Oscar Molina, de la comunidad Nueva Libertad, es un ejemplo de ello. Asegura que en febrero pagó Q420 para que le instalaran el servicio de agua potable y adelantó las cuotas hasta mayo (Q8 por mes).

A la fecha no tiene el servicio. Al ir a inquirir a la comuna le dijeron que el anterior dueño de la propiedad no pagó el derecho de construcción que es de Q15 mil y sino cancela esa deuda no lo instalaran el servicio solicitado. Él la compró en agosto de 2016.

Tras negarse, el Juez de Asuntos Municipales le dijo que pagara solo la mitad, Q7 mil 500, pero tampoco aceptó por considerar que es un abuso y una injusticia.

Analiza presentar una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos o acudir a un juzgado. Por ahora junta agua de lluvia para que sea utilizada por él, su esposa, dos hijos y dos nietos.

“No me notificaron el cobro por escrito, solo verbalmente. Eso es corrupción, no quieren que quede evidencia del cobro”, concluyó. 

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