La tragedia económica se puede comprender en dos escenarios: (1) lo que el Estado deja de percibir y (2) el agujero económico para los vecinos del lugar. A pocas horas de la suspensión ya se perciben los estragos ocasionados directamente en el bolsillo de los habitantes de siete municipalidades.
Lo que el Estado deja de recibir
El impacto económico y fiscal para Guatemala puede calcularse de lo que ya se ha recibido por parte de la empresa y hacer una proyección. A la fecha la minera ha pagado un promedio de Q435 millones. Si consideramos que la vida útil de la mina puede ser de otros 15 años, hablamos de alrededor de Q6,500 millones que dejará de percibir el Estado.
Para darnos una idea clara, con esos Q6,500 millones podríamos pagar el salario durante 15 años de aproximadamente 7 mil policías o 8,800 maestros u 8 mil médicos. También podríamos pagar el presupuesto completo del Ministerio Público (Q1,700 millones) durante casi cuatro años. Esa cantidad de dinero se dejará de recibir en ocho municipalidades.
En el cuadro vemos lo entregado por concepto de regalías a cada municipalidad.
El Agujero Económico para los vecinos
La mina era el principal ingreso monetario de los habitantes y por consiguiente muchos negocios dependían de esa actividad económica. La empresa, según la información obtenida, ha pagado a la fecha más de Q4,862 millones entre salarios y compras a empresarios locales y vecinos.
Con esta inyección de recursos financieros los comercios florecieron y crecieron a un ritmo según sus posibilidades. Ese dinero circuló y permitió el desarrollo de las comunidades de los ocho municipios.
A continuación las imágenes muestran cómo se observaba San Rafael Las Flores hace unas semanas cuando aún operaba la mina. Un día cotidiano.
Luego de la suspensión San Rafael Las Minas se convirtió en un pueblo fantasma. El impacto fue inmediato.
Este es un reportaje del noticiero televisivo de San Rafael llamado El espectador Santarroseño
Proveedores reaccionan
Un grupo de 7 proveedores integrados por Químicas, Bosag, Procoin, AMC, Murting, Trasega, Guateseal, presentaron el lunes 10 de julio una tercería interesada donde le solicitan a la CSJ revocar el amparo provisional otorgado luego de tomar en cuenta las pérdidas mensuales que dicha resolución conlleva.
Se afectará a más de 17,000 puestos de trabajo y 85,000 guatemaltecos. Los proveedores que presentaron la revocatoria: Las pérdidas mensuales solo de estos 7 proveedores asciende a Q1 millón 700 mil.
Hay más de 600 proveedores que se verían afectados.
La suspensión
La mina tuvo que suspender labores inicialmente por los bloqueos de carretera ocasionados por vecinos de Casillas quienes culpan a la mina de ocasionar los movimientos sísmicos en todo el país. Esta carretera es el único ingreso al municipio de San Rafael las Flores y a la mina.
El instituto de sismología vulcanología meteorología e hidrología, luego de hacer un estudio en el área, negó que las actividades mineras provocaran los sismos y atribuyó dichos movimientos a que el municipio de Casillas se encuentra sobre una falla sísmica.
Luego de la resolución de la CSJ tuvieron que suspender labores de manera indefinida. La resolución de suspensión de labores emitida por la Corte Suprema de Justicia el jueves anterior a un amparo interpuesto por la organización Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS).
El abogado de CALAS fue descubierto en este proceso en medio de una negociación para pedirle dinero a la empresa minera.
El impacto para el país es grande, pero principalmente para las comunidades que hasta hace unos días giraban alrededor de la operación minera. Es una tragedia económica.
La tragedia económica se puede comprender en dos escenarios: (1) lo que el Estado deja de percibir y (2) el agujero económico para los vecinos del lugar. A pocas horas de la suspensión ya se perciben los estragos ocasionados directamente en el bolsillo de los habitantes de siete municipalidades.
Lo que el Estado deja de recibir
El impacto económico y fiscal para Guatemala puede calcularse de lo que ya se ha recibido por parte de la empresa y hacer una proyección. A la fecha la minera ha pagado un promedio de Q435 millones. Si consideramos que la vida útil de la mina puede ser de otros 15 años, hablamos de alrededor de Q6,500 millones que dejará de percibir el Estado.
Para darnos una idea clara, con esos Q6,500 millones podríamos pagar el salario durante 15 años de aproximadamente 7 mil policías o 8,800 maestros u 8 mil médicos. También podríamos pagar el presupuesto completo del Ministerio Público (Q1,700 millones) durante casi cuatro años. Esa cantidad de dinero se dejará de recibir en ocho municipalidades.
En el cuadro vemos lo entregado por concepto de regalías a cada municipalidad.
El Agujero Económico para los vecinos
La mina era el principal ingreso monetario de los habitantes y por consiguiente muchos negocios dependían de esa actividad económica. La empresa, según la información obtenida, ha pagado a la fecha más de Q4,862 millones entre salarios y compras a empresarios locales y vecinos.
Con esta inyección de recursos financieros los comercios florecieron y crecieron a un ritmo según sus posibilidades. Ese dinero circuló y permitió el desarrollo de las comunidades de los ocho municipios.
A continuación las imágenes muestran cómo se observaba San Rafael Las Flores hace unas semanas cuando aún operaba la mina. Un día cotidiano.
Luego de la suspensión San Rafael Las Minas se convirtió en un pueblo fantasma. El impacto fue inmediato.
Este es un reportaje del noticiero televisivo de San Rafael llamado El espectador Santarroseño
Proveedores reaccionan
Un grupo de 7 proveedores integrados por Químicas, Bosag, Procoin, AMC, Murting, Trasega, Guateseal, presentaron el lunes 10 de julio una tercería interesada donde le solicitan a la CSJ revocar el amparo provisional otorgado luego de tomar en cuenta las pérdidas mensuales que dicha resolución conlleva.
Se afectará a más de 17,000 puestos de trabajo y 85,000 guatemaltecos. Los proveedores que presentaron la revocatoria: Las pérdidas mensuales solo de estos 7 proveedores asciende a Q1 millón 700 mil.
Hay más de 600 proveedores que se verían afectados.
La suspensión
La mina tuvo que suspender labores inicialmente por los bloqueos de carretera ocasionados por vecinos de Casillas quienes culpan a la mina de ocasionar los movimientos sísmicos en todo el país. Esta carretera es el único ingreso al municipio de San Rafael las Flores y a la mina.
El instituto de sismología vulcanología meteorología e hidrología, luego de hacer un estudio en el área, negó que las actividades mineras provocaran los sismos y atribuyó dichos movimientos a que el municipio de Casillas se encuentra sobre una falla sísmica.
Luego de la resolución de la CSJ tuvieron que suspender labores de manera indefinida. La resolución de suspensión de labores emitida por la Corte Suprema de Justicia el jueves anterior a un amparo interpuesto por la organización Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS).
El abogado de CALAS fue descubierto en este proceso en medio de una negociación para pedirle dinero a la empresa minera.
El impacto para el país es grande, pero principalmente para las comunidades que hasta hace unos días giraban alrededor de la operación minera. Es una tragedia económica.