Las cortes y distintos actores de nuestro país parecieran haberle declarado la guerra a las inversiones y al empleo. El ejemplo más reciente es la resolución de la Corte Suprema de Justica (CSJ) en la que suspendió las licencias de operación de minera San Rafael. Como mencioné la semana pasada, fallos como este nos encarrilan en la ruta hacia convertirnos en una fábrica de pobreza. ¿Por qué nos resistimos a ser un paraíso de inversión?

Por paraíso de inversión, me refiero al doble sentido de la frase: (i) un lugar dónde las inversiones florecen por las condiciones favorables del entorno y (ii) un paraíso para la población ya que, gracias a dichas inversiones, se generan empleos dignos que permiten que todos prosperen. Pero, para que ambos escenarios se den, existen varias condiciones.

En primer lugar, es primordial que en un paraíso de inversión prevalezca la certeza jurídica, es decir, que el sistema de justicia funcione correctamente. Ello significa que las reglas están claras y aplican a todos por igual. Certeza implica que se respetan y protegen los derechos del trabajador, ya que cualquier violación se solventa en forma transparente y siguiendo el debido proceso. Asimismo, los procesos burocráticos privilegian el fondo sobre la forma, buscando generar esquemas eficientes de cumplimiento en temas ambientales, fiscales, comunitarios, entre otros. En ese sentido, y a manera de ilustración, los procesos para la creación de empresas deben de simplificarse para que formalizarse tome dos horas, en lugar de los actuales 21 días.

En un paraíso de inversión predominan las inversiones que generan valor compartido. Eso implica que son emprendimientos respetuosos de todos sus poderdantes: clientes, colaboradores, fisco, autoridades, comunidad, medio ambiente, etcétera. Además, cuando la situación lo amerita, tienen la apertura para democratizar el capital, para que así todos los habitantes de la comunidad puedan co-invertir y disfrutar de los frutos de dicha inversión. Idealmente, todo ello bajo un esquema fiscal que permita que parte de los tributos que dicha inversión genera puedan beneficiar directamente a las comunidades más cercanas.

Lo curioso de todo esto es que, a pesar de las pésimas condiciones de entorno y los esfuerzos deliberados de quiénes se oponen a la empresarialidad, somos un verdadero país de emprendedores. Según datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), la Tasa de Emprendimiento Temprano (TEA) es de 19.3%. Este dato coloca a Guatemala en la posición 9 de los 54 países que participaron en el estudio, catalogándola como uno de los países con mayores niveles de actividad emprendedora en el mundo. Este tipo de datos nos demuestran que los chapines quieren prosperar a través de un trabajo digno y honrado pero, tristemente, el sistema actual se opone a esa superación personal al imponer trabas innecesarias.

Guatemala no es un paraíso de inversión. Una de las tantas razones que explican esto es que aquellos infelices que se atreven a arriesgar su capital, lo hacen en un contexto de inoperancia Estatal y de incertidumbre jurídica. La conflictividad social se deriva de una serie de demandas, muchas legítimas e insatisfechas, de la población. Idealmente la socialización de este tipo de proyecto, de gran inversión o de potencial impacto comunitario, debe suceder antes de que se concedan las licencias. En un paraíso de inversión, no es que no existan problemas; la diferencia yace en que al darse un problema el sistema de justicia actúa de forma predecible, respetando las normas vigentes, sin privilegios y sin prejuicios. Lo ideal es que exista un esquema de resolución que minimice los daños colaterales a todos los poderdantes o un modelo dónde el proyecto pueda seguir operando, independientemente de las multas o hasta responsabilidades penales que se puedan atribuir a ejecutivos, directores o accionistas.

Pero estamos lejos de lograr todo esto. Guatemala tiene todo el potencial para convertirse en ese paraíso de inversión que tanto soñamos. Tenemos una gallina que pone huevos de oro a la que le estamos exigiendo que ponga más huevos. Tal y como el refrán dice, matar a la gallina adolece de toda lógica. Lo razonable sería criar más gallinas con esa capacidad de generar bienestar para la población y recursos para el Estado. La gallina de San Rafael supone la pérdida de un total de 17 mil empleos, quién sabe cuántos más perderemos mañana.

ACLARACIÓN

En mi columna publicada el 6 de julio del presente año, hice referencia al caso Fegua y al gobierno de Alfonso Portillo. El Lic. Juan Francisco Reyes López, pidió derecho de aclaración, sobre los datos históricos de este caso. El Lic. Reyes aclara que “el gobierno del FRG (…) nunca discutió la procedencia o inconveniencia de la concesión que el gobierno de Arzú le dio al señor Posner y que fue el gobierno de Oscar Berger (…) el que la revocó, declarándola lesiva y onerosa (…)”. Yo, Salvador Paiz, expongo esto a los lectores para que sean ellos los que formen su opinión al respecto.

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@salva_paiz

 

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