El artículo publicado el lunes 10 de julio en El Periódico sobre Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, dejó de manifiesto el vergonzoso actuar de personeros de ONGs que se dedican a lucrar con la conflictividad social, aprovechándose de las comunidades.

Según el matutino, Maldonado prestó sus servicios a los vecinos del caserío La Cuchilla, en el Municipio de San Rafael Las Flores, con el objeto de darle soporte legal a su disputa con Minera San Rafael en el proceso de compra de sus terrenos, a cambio de Q. 20 mil de honorarios más comisiones por cada transacción.

Cual director de ventas, este “profesional” de las leyes ofreció a estas familias guatemaltecas “inflar” los precios por metro cuadrado de sus terrenos de USD 6 a 100, con el objetivo lograr que la Minera desembolsará una mayor cantidad de dinero por este concepto.

Conocedor de los vacíos del sistema legal del país, Maldonado habría decidido jugarse una “carta maestra” para tener una mejor posición competitiva en este “negocio”, presentando a nombre de CALAS un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, con el argumento que esta mina no habría consultado a las comunidades indígenas.

La CSJ acogió el recurso y suspendió provisionalmente la licencia de operación de Minera San Rafael. Su cierre ha puesto en riesgo más de 17 mil puestos de trabajo y ha provocado la caída del valor bursátil de Tahoe Resources, propietaria de la Minera, en un 40% en tan solo unos días, de acuerdo a declaraciones de Roy Clayton, CEO de esta firma, a Prensa Libre.

Una ONG como CALAS, que asegura en su sitio web ser una entidad “incluyente, pluralista, transparente… de carácter no lucrativo…”, pierde toda credibilidad cuando uno de sus máximos representantes actúa de forma contraria a sus principios organizacionales.

En el ámbito profesional, de acuerdo al Colegio de Abogados de Guatemala, un abogado está imposibilitado de cobrar honorarios contingentes (comisiones), ya que esta conducta representa una falta a la ética y competencia desleal con otros colegas.

“No somos brokers, comerciantes ni promotores inmobiliarios”, me enfatizó un amigo que ejerce la profesión en Guatemala.

Asimismo, de acuerdo al artículo 2 de las normas generales del ejercicio de este colegio profesional, los abogados en Guatemala están obligados a prestar auxilio al pobre de forma gratuita y, en este caso, CALAS ha manifestado públicamente que las personas de La Cuchilla son de escasos recursos.

Pero la reprochable actitud del vocero de CALAS no se habría limitado a la manipulación de estas comunidades, la utilización del sistema de justicia del país a su favor y al presunto incumplimiento de preceptos del Colegio de Abogados de Guatemala.

Maldonado aseguró a El Periódico no haber cobrado honorarios por estos servicios. Sin embargo, cuando el periodista de este diario le enseñó las boletas de cobro del Banco Industrial con su nombre y apellido, no tuvo más remedio que reconocer que sí había recibido el pago “de forma particular, no como representante de CALAS”.

La RAE define “mentir” como el acto de decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. En tanto, para esta institución “descaro” significa desvergüenza, atrevimiento, insolencia y falta de respeto.

El código de ética del Colegio de Abogados de Guatemala exige probidad a sus asociados a través de un ejercicio profesional con “rectitud, honradez e integridad de pensamiento y acción”.

Maldonado habría incumplido este importante postulado, jugando con la buena fe tanto de las comunidades de La Cuchilla como de los órganos que dictan justicia en Guatemala.

El actuar del representante de CALAS podría representar una violación a la ética profesional y afectar la función, reputación e integridad de esta ONG como asociación de “servicio social y utilidad pública”, tal como ésta se autodefine en su portal oficial, ya que Maldonado actuó en plena consciencia de la vulnerabilidad de estas familias y su controversia con la Minera por el valor de sus terrenos.

Estemos o no de acuerdo con la actividad minera en el país, considero importante denunciar este tipo de conductas que solo buscan beneficios personales perjudicando la certeza jurídica del país, la atracción de inversión, la generación de empleo y la autodeterminación de las comunidades.

 

República es ajena a la opinión expresada en este artículo