El líder comunitario llegó tarde y tras varias llamadas telefónicas a la cita acordada, para hablar acerca de los abusos de poder de la alcaldesa de Fray Bartolomé de las Casas, Lilian Piedad García Contreras, y al saber que iba a ser grabado, se mostró vacilante e inseguro en sus palabras.

Dijo tener temor por represalias, “no por él, sino por su la familia” porque ahí “no hay mucha presencia de la Policía Nacional Civil”.

Luego contó que quienes “han alzado la voz han tenido que enfrentar problemas”. Es media tarde en el municipio ubicado en la Franja Transversal del Norte y a pesar de la sombra del corredor techado con lámina, el calor es agobiante.

A los integrantes del Concejo Comunitario de Desarrollo que se suponía lo iban a acompañar no se les ve ni la sombra. “No voy a poner el pecho a las balas, la gente no apoya”, dice a modo de excusa.

Como él, en el  municipio muchos prefieren hablar en voz baja o en la privacidad de sus hogares de lo que consideran son injusticias, abusos de poder y prepotencia de la alcaldesa. Es vox  populi que la jefa edil “anda con hombres armados” y el miedo o precaución para no meterse en problemas con la autoridad es casi general.

García Contreras asegura que todo es mentira, que son ataques políticos, pero reconoce que dos personas armadas le brindan seguridad porque “es mujer” y ha “sido amenazada de muerte”.

Los líderes comunitarios de Fray Bartolomé de las Casas tienen temor de hablar en público de lo que consideran son abusos de la jefa edil.

Denuncias penales

Razones para tener temor de criticar, cuestionar o fiscalizar el trabajo municipal existen. La creación de una comisión de auditoría social en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas habría sido supuestamente la causa por la cual el líder comunitario Jorge Mario Sub, fue víctima de un atentado con arma de fuego, la noche del 22 de noviembre del año pasado.

La víctima dice “tener la certeza” que los responsables de ese hecho, que no pudo ser consumado, son “la alcaldesa, dos hijos mayores de ella” y el hermano de la jefa edil. Ello consta en una denuncia penal interpuesta, el 1 de febrero de 2017, en la Fiscalía de Delitos Contra Activistas de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP).

Esa noche salió de su residencia en moto a recoger unos documentos y cuando retornó a las 8:45 encontró la puerta abierta,  vio a su mujer que estaba de rodillas, con las manos hacia arriba y esta le hizo señas para que se fuera.

“Salí corriendo con dirección hacia la casa de mis suegros, que se encuentra a 50 metros. Una persona de sexo masculino me siguió. Entré corriendo, el que me seguía también. Amenazó con un arma de fuego a los que estaban adentro  y entró a los cuartos, me apuntó y me dijo Jorge Mario te voy a matar. En ese momento mi suegro le agarró la mano y forcejeó con él, aproveché para esconderme. El hombre salió de la casa y se fue a otra que está al fondo, y se fue, no lo he vuelto a ver”, se lee en la denuncia penal.

La denuncia penal contra Lilian García fue presentada el 1 de febrero de 2017 en la Fiscalía de Delitos Contra Activistas de Derechos Humanos.

Al ser consultada vía telefónica, la jefa edil afirmó: “Él tendría que probarlo. Ese día yo ni me encontraba en el municipio, estaba en La Tinta porque había sido invitada por el alcalde para estar en el día de la feria”.

Luego señaló que dos personas armadas le brindan seguridad. “Yo pedí la autorización de los COCODES para que ellos anduvieran conmigo cuando saliera de noche o tuviera reuniones en la capital. Ellos me dijeron que tenía derecho, soy mujer y no puedo andar sola. Pero en ningún momento ellos han intimidado a nadie. Yo he recibido amenazas de muerte, por esa razón acudí a tenerlos”.

Una más

Jorge Mario no es el único que se ha sentido amenazado por la máxima autoridad del municipio.

Un mes había pasado desde que fue nombrada representante de los vendedores del mercado municipal, que se oponen a un aumento de más del 300% a la renta de locales, cuando Juana Salam Yat, se sintió intimidada.

La representante de los locatarios afirma que “ha sido amenazada por el Juez Municipal y la alcaldesa; la denunciante ha escuchado de las personas que el Juez Municipal” ha dicho que “la va a quitar del camino por lo que teme por su integridad física y la de su familia”, se indica en una denuncia presentada en la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Fray Bartolomé de las Casas y que fue remitida por esta institución, el 11 de febrero del 2017, a la Fiscal Distrital del MP en Chisec.

En la denuncia Salam también indica que “hace una semana aproximadamente un vehículo tipo pick up, color negro, polarizado, pasa constantemente frente mi domicilio”.

Juana Salam, representante de los vendedores del mercado municipal, denunció a la jefa edil en la PNC.

El Juez de Paz de la localidad también ha sido informado de estos hechos.  Con fecha 23 de febrero del año en curso, la subestación de la PNC de este municipio le informó que seis representantes de los vendedores del mercado municipal, entre ellos Salam Yat, llegaron a la oficina de atención al ciudadano, acompañados de una “multitud de 200 personas aproximadamente” y que entre otras cosas denunciaron que “temen por su integridad física y la de sus familias, responsabilizan a la alcaldesa y el Juez Municipal de lo que pueda sucederles”.

Sin embargo, García Contreras dice que todo es falso. “Esos son inventos de ellos. Cuando la gente ya no haya que hacer para perjudicar a alguien inventa cada cosa. Yo no tengo ningún problema con nadie, yo soy una persona muy pacífica, muy abierta al diálogo y no soy prepotente”, enfatizó.

En busca del poder absoluto

Hay otras formas que utiliza la autoridad local para quitar del camino a quienes se atreven a cuestionar o fiscalizar su trabajo.  Ese es el caso de Macario Ical Ba, a quien el 30 de mayo le arrebataron la presidencia del Concejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), de primer y segundo nivel, del Barrio San Juan, a pesar que estas vencían hasta el 20 de enero del 2018.

“La alcaldesa llegó al salón comunal y se puso de acuerdo con los vecinos para quitarme. Se llevaron la vara de alcalde auxiliar y la almohadilla. No sé cuál es el interés de ella, se enojaba cuando le pedía que balastrara 3.5 kilómetros de calles del barrio” y le recriminaba que no cumplía con sus promesas de campaña, afirma Ical Ba.

De 10 vecinos que integraban el COCODE sacaron a siete y los que quedaron son afines a la alcaldesa, según el afectado. También sostiene que la alcaldesa ha dicho que ya balastró las calles pero solo fue a tirar dos camionadas selecto.

“Es totalmente falso. El mismo barrio lo quitó porque el señor nunca se mantenía cuando ellos necesitaban del apoyo de la municipalidad, y como yo siempre les he requerido que para una solicitud tiene que ir la firma y sello del COCODE, porque a ese acuerdo llegamos, para que después no se dijera que yo solo le estaba dando a un solo grupo”, dijo la  acusada.

Luego agregó: “De ese barrio ya  habían llegado varias veces y yo les dije, si no tengo la firma y el sello del COCODE voy a tener una sanción de parte de la Contraloría, si ustedes tienen ese problema hagan una asamblea y cambien a sus COCODES. Esa fue la decisión que tomaron ellos, nadie los obligó”.

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