En menos de un año el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ofrecen resultados de una nueva investigación en la cual señalan a exfuncionarios y personas particulares de supuestas acciones al margen de la ley, pero de nuevo resurgen las interrogantes de otros casos que siguen sin resolverse.

Esta nota fue publicada el 12 de septiembre de 2016

Lo que pudo ser la mejor oportunidad para resolver el problema del transporte público en la ciudad capital, se convirtió en uno de los negocios más cuestionados en la historia reciente del país, y en donde se presume que los favorecidos fueron un grupo de  transportistas y exfuncionarios, más no los usuarios.

Así lo demuestran las no menos de cuatro denuncias que se presentaron en los últimos años contra el servicio del Transurbano que se encuentran bajo investigación del Ministerio Público, en donde salen a relucir las evidentes fallas que mantiene el servicio y las irregularidades en el proceso de implementación.

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En 2009, el entonces presidente Alvaro Colom anunció con bombos y platillos la implementación del Transurbano. Para ello formuló una alianza con la Asociación de Empresas de Aut obuses, liderada por Luis Gómez González.

Los transportistas como parte del compromiso suscribieron un convenio con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, de Brasil, para la compra de 3,150 unidades, pero solo ingresaron 455. Esto motivó la primer denuncia por parte de la Contraloría General de Cuentas ya que muchos insumos para las unidades fueron abandonados en las bodegas.


– Denuncia por Q102 millones en insumos para las unidades que fueron abandonados en bodegas.


Esta no fue la única denuncia de la CGC. Su titular Carlos Mencos explicó que verificaron las unidades y se percataron que varias no salieron a circular, pero sí cobraban el subsidio. Ambas denuncias fueron presentadas en 2015. El funcionario agregó que también presentó cuatro ampliaciones en el Ministerio Público.

¿Ilegalidad?

El otro paso que dieron las autoridades fue autorizar al Ministerio de Finanzas Públicas, presidido por Alberto Fuentes Knigth, un aporte de inversión por Q270 millones para el sistema prepago. Este apoyo causó que la Procuraduría General de la Nación presentara, años después, un informe al Ministerio Público donde señala que fue ilegal que el Estado otorgara recursos a empresas con fines de lucro.

En la administración de Colom se entregaron tres aportes por más de Q50 millones. El último se registró en el gobierno de Otto Pérez Molina cuando el Ministerio de Comunicaciones era dirigido por Alejandro Sinibaldi.

Para recibir los recursos la AEAU conformó cuatro sociedades anónimas donde sus representantes legales también figuran en la directiva de la Asociación, según datos actualizados en el Registro Mercantil.  Al conformarlas dejaron fuera a varios de sus agremiados que decidieron crear una nueva entidad conocida como ASOPAGUA (Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala).

La asociación presentó una denuncia con el apoyo del exdiputado Aníbal García para que se declarara la nulidad de las cuatro asociaciones que manejan el transurbano.

El defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PHD), Edgar Guerra, considera que el transurbano fue un fracaso. “El proyecto fue muy ambicioso y muy poco realista. Solo seis meses funcionó y luego se vino abajo”.


– El compromiso fue adquirir 3,155 unidades pero solo ingresaron 455


Recuerda que el Fondo Nacional para la Paz destinó Q80 millones para las “paradas seguras” que actualmente se encuentran en condiciones deplorables. Otro dato que no se debe olvidar, Según Guerra, fue la contratación de agentes de seguridad.

Para ese fin se destinarían Q96 millones al año que permitiría la contratación de dos mil agentes; sin embargo, pocas veces se vio seguridad.  Otro irregularidad que recuerda Guerra fue la sobrevaloración de unidades.

Una revista alemana llamada Manager-Magazine publicó una nota titulada “Negocio gigantesco en Guatemala crea incertidumbre. Buses extremadamente caros”, donde detalla la sobrevaloración en las unidades.

Según la publicación los buses fueron vendidos a $126 mil, un cuarto más que el precio normal del mercado. Un margen tan alto que solo podía significar un soborno entre las dos partes.

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Otras denuncias

Las denuncias no solo persiguen el proyecto de Transurbano. Varios transportistas que fueron obligados a tomar distancia de la Asociación liderada por Luis Gómez, presentaron varias denuncias que alcanzan a varios de los directivos. Incluso al exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al viceministro, Guillermo Sosa.

1.- Agremiados de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (ASOPAGUA) presentaron una denuncia para que se declarara la nulidad de las cuatro asociaciones que manejan el Transurbano.

2.- Transportistas denunciaron a Alejandro Sinibaldi y Guillermo Sosa por aprobar un acuerdo gubernativo para entregar Q105 millones al grupo de transportistas liderados por Luis Gómez.

3.- Transportistas presentaron denuncia contra Luis Gómez por amenazas de muerte.

4.- Denuncia contra dirigentes de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) por no entregar de forma correcta el subsidio.

5.- Denuncia de agremiados de ASOPAGUA contra dirigentes de la AEAU por extorsión, ya que, según los denunciantes, se presionaba al resto de transportistas a entregar una cuota a cambio de recibir el subsidio.

6.- Denuncia de agremiados de ASOPAGUA contra dirigentes de la AEAU por no entregar el dinero completo del subsidio.

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Se oyen pasos

Pese a todas las todas las evidencias que se han señalado, las autoridades encargadas no han revelado hasta el momento ningún dato oficial acerca de las consecuencias penales que podrían emprenderse contra los involucrados.

Sin embargo, el reciente allanamiento de la sede de las oficinas del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA), propietaria del Transurbano, con lo cual los denunciantes ven un indicio de que finalmente se puede llegar al fondo del asunto, como se ha logrado con los casos de corrupción de la administración del Partido Patriota.

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