La nueva fase de la ofensiva anticorrupción.
Guatemala vivió entre el 2015 y el 2016 un proceso sin precedente de depuración judicial de sus élites políticas. La defenestración de un Presidente y una ex vicepresidente, la acusación contra ocho exministros de Estado, dos secretarios de la Presidencia, más de una veintena de diputados, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un Presidente del Banco de Guatemala, un Presidente del Instituto del Seguro Social, el candidato vicepresidencial del entonces “partido favorito”, además de decenas de contratistas, actores económicos relevantes, autoridades bancarias, líderes del movimiento cooperativo, dirigentes sindicales (quizá no los más relevantes pero sí los de Puerto Quetzal), actores relevantes de medios, entre otros, habla precisamente de la magnitud y alcance del proceso guatemalteco.
El fenómeno es similar en magnitud a las ofensivas anticorrupción de Italia a finales de los años ochenta, o la ofensiva anticorrupción en Rumania de 2012-2014 con más de un millar de acusados. Sin embargo, en alcance, quizá lo más comparable es lo que ocurre hoy mismo en Brasil, donde los tentáculos de los casos Lava Jato y Petrobras han alcanzado a dos expresidentes, más de treinta diputados federales, once senadores, tres exministros de Estado, actores clave del Partido de los Trabajadores, contratistas de la construcción y decenas de funcionarios. Las réplicas políticas del terremoto brasileño generaron las condiciones para la defenestración de la expresidenta Dilma Rousseff; mientras que los tentáculos judiciales del caso Odebrecht ha llevado a la caída de los expresidentes peruanos Ollanta Humala y Allan García, mientras los tentáculos del caso tienen bajo la mira a élites políticas de Panamá, Colombia, México, República Dominicana y Ecuador.
Sin embargo, en Guatemala como en la Italia de los ochentas, el sistema patrimonial se resiste con uñas y dientes. La debilidad del sistema judicial, la sobrecarga de trabajo y las tácticas dilatorias de las partes procesales contribuyen a retardar ad-eternum los procesos penales, situación que contribuye a generar una sensación de pesimismo entre la ciudadanía. La polarización política y la desconfianza mutua que impera entre los actores más relevantes se ha convertido en el principal freno a una agenda reformista. Mientras que las campañas de desprestigio y desinformación, lanzadas desde algunos medios tradicionales y en redes sociales, contribuyen a fracturar el consenso social sobre el proceso político-judicial.
La incapacidad de encaminar una agenda política de détente, que permitiera continuar con la depuración y reformar al sistema político (en lo judicial, electoral y administrativo), aunado a un Ejecutivo que se resiste a colaborar con la macroagenda anticorrupción, un Congreso rebelde pero con muchos cadáveres en el armario, y algunas manzanas podridas en el Poder Judicial pareciera acorralar a los actores depuradores a la opción radical.
El caso “Corrupción y Construcción”, parece constituir el primer plato de un proceso más amplio: una segunda terapia de electroshock contra el sistema patrimonial. Cual analogía a Christopher Clark y la Primera Guerra Mundial, los defensores del sistema patrimonial y los depuradores caminan –cuales sonámbulos– a un enfrentamiento abierto. La coyuntura de los siguientes meses, las dinámicas de las alianzas políticas y el futuro mediato del sistema dependerán de los resultados de ese enfrentamiento.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
La nueva fase de la ofensiva anticorrupción.
Guatemala vivió entre el 2015 y el 2016 un proceso sin precedente de depuración judicial de sus élites políticas. La defenestración de un Presidente y una ex vicepresidente, la acusación contra ocho exministros de Estado, dos secretarios de la Presidencia, más de una veintena de diputados, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un Presidente del Banco de Guatemala, un Presidente del Instituto del Seguro Social, el candidato vicepresidencial del entonces “partido favorito”, además de decenas de contratistas, actores económicos relevantes, autoridades bancarias, líderes del movimiento cooperativo, dirigentes sindicales (quizá no los más relevantes pero sí los de Puerto Quetzal), actores relevantes de medios, entre otros, habla precisamente de la magnitud y alcance del proceso guatemalteco.
El fenómeno es similar en magnitud a las ofensivas anticorrupción de Italia a finales de los años ochenta, o la ofensiva anticorrupción en Rumania de 2012-2014 con más de un millar de acusados. Sin embargo, en alcance, quizá lo más comparable es lo que ocurre hoy mismo en Brasil, donde los tentáculos de los casos Lava Jato y Petrobras han alcanzado a dos expresidentes, más de treinta diputados federales, once senadores, tres exministros de Estado, actores clave del Partido de los Trabajadores, contratistas de la construcción y decenas de funcionarios. Las réplicas políticas del terremoto brasileño generaron las condiciones para la defenestración de la expresidenta Dilma Rousseff; mientras que los tentáculos judiciales del caso Odebrecht ha llevado a la caída de los expresidentes peruanos Ollanta Humala y Allan García, mientras los tentáculos del caso tienen bajo la mira a élites políticas de Panamá, Colombia, México, República Dominicana y Ecuador.
Sin embargo, en Guatemala como en la Italia de los ochentas, el sistema patrimonial se resiste con uñas y dientes. La debilidad del sistema judicial, la sobrecarga de trabajo y las tácticas dilatorias de las partes procesales contribuyen a retardar ad-eternum los procesos penales, situación que contribuye a generar una sensación de pesimismo entre la ciudadanía. La polarización política y la desconfianza mutua que impera entre los actores más relevantes se ha convertido en el principal freno a una agenda reformista. Mientras que las campañas de desprestigio y desinformación, lanzadas desde algunos medios tradicionales y en redes sociales, contribuyen a fracturar el consenso social sobre el proceso político-judicial.
La incapacidad de encaminar una agenda política de détente, que permitiera continuar con la depuración y reformar al sistema político (en lo judicial, electoral y administrativo), aunado a un Ejecutivo que se resiste a colaborar con la macroagenda anticorrupción, un Congreso rebelde pero con muchos cadáveres en el armario, y algunas manzanas podridas en el Poder Judicial pareciera acorralar a los actores depuradores a la opción radical.
El caso “Corrupción y Construcción”, parece constituir el primer plato de un proceso más amplio: una segunda terapia de electroshock contra el sistema patrimonial. Cual analogía a Christopher Clark y la Primera Guerra Mundial, los defensores del sistema patrimonial y los depuradores caminan –cuales sonámbulos– a un enfrentamiento abierto. La coyuntura de los siguientes meses, las dinámicas de las alianzas políticas y el futuro mediato del sistema dependerán de los resultados de ese enfrentamiento.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo