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Velocidad mortal

María Dolores Arias
18 de julio, 2017

¿Cuál crees que sería una velocidad mortal en caso de un accidente? ¿180 kilómetros por hora? ¿200 kilómetros por hora? En el contexto al que me refiero serían 3 kilómetros por año, sí, 3 kilómetros al año, la misma velocidad promedio que tendrá la construcción del libramiento de Chimaltenango si se llega a terminar en junio del próximo año, la cual considero es la velocidad mortal para el crecimiento económico del país.

Desde Julio de 2013 se anunció la construcción de dicho libramiento por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Micivi, dicha obra consta de 15 kilómetros de carretera que libraría del “tormentoso” paso por Chimaltenango que implica hasta dos horas en el tránsito.

En Agosto de 2014, un mes antes de que Alejandro Sinibaldi renunciara a su puesto de ministro en el Micivi para lanzarse como precandidato presidencial del Partido Patriota, se adjudica la obra por más de  Q312 millones y en mayo del siguiente año inicia la ejecución con fondos de la Dirección General de Caminos.

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Dos años después del anuncio de la obra en Julio de 2015, el avance era de un 5% y se pronosticaba que la obra se entregaría en Abril de 2017. El avance era lento porque carecían de algunos derechos de vía en propiedades municipales y privadas. Para 2016 ya las actuales autoridades hablaban de concesionar el tramo a una empresa privada y cobrar el peaje que según ellos se usaría en el mantenimiento de la vía y para mejorar otras rutas sin peaje.

Y la historia continúa hasta la fecha con la más reciente supervisión presidencial en este mes con un avance de 9 kilómetros y ahora con una nueva fecha de entrega para Junio de 2018.

Ante esta situación surgen muchas dudas respecto a la forma en que funciona la burocracia estatal,  también surge la inquietud por empezar a plantear otros modelos de construcción y desarrollo de infraestructura.

Por ejemplo: ¿está dentro del estándar internacional la construcción de 5 años para un tramo de 15 kilómetros? ¿Tiene sentido adjudicar una carretera sin tener los derechos de vía? Es decir, ¿en lo privado, usted compraría materiales, haría los planos, y empezaría a construir parcialmente sin ser el dueño de todo el  terreno que requiere su proyecto? ¿O esperaría a tener toda la propiedad que necesita para construir? Y si no la consiguiera ¿cambiaría sus planos antes de continuar?

Eso nos hace pensar el sentido común ante la certeza de la escasez de los recursos y las consecuencias que habría de asumir ante malas decisiones en el ámbito privado. Sin embargo, esto no sucede cuando hablamos del gobierno y del dinero de los tributarios.

Después de las más recientes investigaciones del Ministerio Público, MP y la CICIG sobre la corrupción y extorsión en la construcción de carreteras no es de extrañar las pésimas condiciones de las que ya existen, el atraso en las pocas que se construyen y en el nulo avance en crear nueva infraestructura.

En el caso específico del libramiento de Chimaltenango surge el cuestionamiento en el lento avance en su construcción casi más de cinco años, el iniciarla sin tener todos los derechos y ahora en la idea de concesionarla.

Quiero aclarar que estoy a favor de la carreteras privadas, donde los inversores arriesgan su capital, optimizan el uso del mismo y ofrecen opciones a quienes deseamos transitar en mejores caminos y más rápidos por su mismo diseño.  De lo que estoy en contra es que usen el dinero que el tributario paga para la construcción de las carreteras después lo otorguen a una empresa que no arriesga su inversión para que la administre y le cobre peaje al tributario que ya pagó su construcción.

Considero que el gobierno debería dejar que sean privados los trayectos que los inversores consideren económicamente viables. Que su papel sea de protector de los derechos individuales y que no estorbe ni extorsione desde el gobierno central o municipal a quienes se atrevan a invertir en el país.

A mayor velocidad para extorsionar a los inversionistas o contratistas, incluso para sobornar a quienes otorgan contratos, menor será el crecimiento económico del país. A mayor poder discrecional del burócrata menor libertad y posibilidades de desarrollo para los habitantes del país.

@Md30

Facebook.com/Mda30

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

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María Dolores Arias
18 de julio, 2017

¿Cuál crees que sería una velocidad mortal en caso de un accidente? ¿180 kilómetros por hora? ¿200 kilómetros por hora? En el contexto al que me refiero serían 3 kilómetros por año, sí, 3 kilómetros al año, la misma velocidad promedio que tendrá la construcción del libramiento de Chimaltenango si se llega a terminar en junio del próximo año, la cual considero es la velocidad mortal para el crecimiento económico del país.

Desde Julio de 2013 se anunció la construcción de dicho libramiento por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Micivi, dicha obra consta de 15 kilómetros de carretera que libraría del “tormentoso” paso por Chimaltenango que implica hasta dos horas en el tránsito.

En Agosto de 2014, un mes antes de que Alejandro Sinibaldi renunciara a su puesto de ministro en el Micivi para lanzarse como precandidato presidencial del Partido Patriota, se adjudica la obra por más de  Q312 millones y en mayo del siguiente año inicia la ejecución con fondos de la Dirección General de Caminos.

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Dos años después del anuncio de la obra en Julio de 2015, el avance era de un 5% y se pronosticaba que la obra se entregaría en Abril de 2017. El avance era lento porque carecían de algunos derechos de vía en propiedades municipales y privadas. Para 2016 ya las actuales autoridades hablaban de concesionar el tramo a una empresa privada y cobrar el peaje que según ellos se usaría en el mantenimiento de la vía y para mejorar otras rutas sin peaje.

Y la historia continúa hasta la fecha con la más reciente supervisión presidencial en este mes con un avance de 9 kilómetros y ahora con una nueva fecha de entrega para Junio de 2018.

Ante esta situación surgen muchas dudas respecto a la forma en que funciona la burocracia estatal,  también surge la inquietud por empezar a plantear otros modelos de construcción y desarrollo de infraestructura.

Por ejemplo: ¿está dentro del estándar internacional la construcción de 5 años para un tramo de 15 kilómetros? ¿Tiene sentido adjudicar una carretera sin tener los derechos de vía? Es decir, ¿en lo privado, usted compraría materiales, haría los planos, y empezaría a construir parcialmente sin ser el dueño de todo el  terreno que requiere su proyecto? ¿O esperaría a tener toda la propiedad que necesita para construir? Y si no la consiguiera ¿cambiaría sus planos antes de continuar?

Eso nos hace pensar el sentido común ante la certeza de la escasez de los recursos y las consecuencias que habría de asumir ante malas decisiones en el ámbito privado. Sin embargo, esto no sucede cuando hablamos del gobierno y del dinero de los tributarios.

Después de las más recientes investigaciones del Ministerio Público, MP y la CICIG sobre la corrupción y extorsión en la construcción de carreteras no es de extrañar las pésimas condiciones de las que ya existen, el atraso en las pocas que se construyen y en el nulo avance en crear nueva infraestructura.

En el caso específico del libramiento de Chimaltenango surge el cuestionamiento en el lento avance en su construcción casi más de cinco años, el iniciarla sin tener todos los derechos y ahora en la idea de concesionarla.

Quiero aclarar que estoy a favor de la carreteras privadas, donde los inversores arriesgan su capital, optimizan el uso del mismo y ofrecen opciones a quienes deseamos transitar en mejores caminos y más rápidos por su mismo diseño.  De lo que estoy en contra es que usen el dinero que el tributario paga para la construcción de las carreteras después lo otorguen a una empresa que no arriesga su inversión para que la administre y le cobre peaje al tributario que ya pagó su construcción.

Considero que el gobierno debería dejar que sean privados los trayectos que los inversores consideren económicamente viables. Que su papel sea de protector de los derechos individuales y que no estorbe ni extorsione desde el gobierno central o municipal a quienes se atrevan a invertir en el país.

A mayor velocidad para extorsionar a los inversionistas o contratistas, incluso para sobornar a quienes otorgan contratos, menor será el crecimiento económico del país. A mayor poder discrecional del burócrata menor libertad y posibilidades de desarrollo para los habitantes del país.

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República es ajena a la opinión expresada en este artículo