La evidente relación entre la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ha resultado favorable para los dirigentes de ese partido político y también para sus parientes cercanos.

Por ejemplo, Marlene Blanco Lapola, exdirectora de la Policía Nacional Civil (PNC) y exviceministra de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Colom, goza de una medida sustitutiva, la cual está pendiente de revisión, pero en la CC se sigue aplazando el expediente de su caso. En este atraso Porras ha tenido que ver, sobre todo en la sesión del 29 de marzo de 2016.

Marlene es hermana del jefe de bancada de la UNE en el Congreso de la República, Orlando Blanco Lapola. En 2012 fue capturada y está acusada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de los delitos de ejecución extrajudicial y asociación ilícita.

La ponencia para amparar o rechazar el recurso planteado por Marlene Blanco Lapola se agenda, pero igual no se conoce por diversos motivos, lo cual sigue ocurriendo tras un año y medio de permanecer en la CC.

El proceso legal también está entrampado en los tribunales porque los abogados de la exdirectora de la PNC han planteado diversos recursos legales o porque no se presentan a las audiencias, tal como ocurrió el 10 de julio de este año.

Vea los siguientes enlaces:

  • https://www.soy502.com/articulo/defensores-marlene-blanco-retrasan-audiencia-apertura-juicio-5313
  • http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=336&cntnt01returnid=67

Vieja deuda de la UNE a Gloria Porras

La relación UNE-Porras surge de manera pública cuando la magistrada, como Secretaria General del MP, asume un rol muy cercano con Álvaro Colom y Sandra Torres como consecuencia de la crisis causada por el caso Rosenberg, en 2009.

A partir de esta vinculación su nombre suena como la designada para dirigir el MP, aunque al final es nombrada como magistrada de la Corte de Constitucionalidad por el entonces mandatario, ella como titular, y Héctor Trujillo como suplente.

El año pasado cuando es reelecta para el cargo en la CC, de nuevo su relación con la UNE cuenta, además del apoyo de la embajada de Estados Unidos, que habría pedido a los jefes de bloque respaldar a Porras, quien obtuvo 145 votos.

En los siguientes enlaces puede ampliar lo anterior:

  • http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/cc-descarta-prueba-en-caso-rosenberg
  • http://www.prensalibre.com/guatemala/alianza-apoyaria-a-magistrada-de-cc
  • http://contrapoder.com.gt/2016/03/20/contrasena-desde-un-retrato-familiar-asesores-de-lujo-hasta-las-bondades-del-reclusorio/

La Fiscal General de Colom y Torres

También se le mencionó como la elegida para ocupar el cargo de Fiscal General del Ministerio Público.  De nuevo los reportajes hacen alusión a la “estrecha” relación de Porras con el entonces presidente Colom y su esposa.

Gloria Porras serí­a la elegida

Incondicional de Sandra Torres

Otra dato que refuerza la vinculación entre Porras y la UNE quedó en evidencia previo y durante el fallo de la CC que dejó fuera de la contienda política a Sandra Torres, cuando pretendió participar como candida presidencial en las votaciones de 2011 por la coalición UNE-Gana.

La magistrada, igual que Héctor Trujillo, ambos nombrados por la UNE en la CC, no se inhibieron y votaron a favor de negar la participación de Torres, pero razonaron su voto, aunque no por criterio propio, sino que se sumaron a lo expuesto por el magistrado Alejandro Maldonado Aguirre.

Le sugerimos leer:

http://alguito.com/node/64554

La acusación

Blanco Lapola fue capturada el 23 de marzo de 2012 acusada de ejecucion extrajudicial y asociación ilícita y el 3 de octubre de 2014 la jueza de Mayor Riesgo A,Carol Patricia Flores, la benefició con una caución económica de Q200 mil y arresto domiciliario.

  • http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=148&cntnt01returnid=512
  • Blanco Lapola acusación

El amparo en la CSJ

En enero de 2015 el MP y la CICIG plantearon amparos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra la resolución del 23 de octubre de 2014 de la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, que rechazó la apelación de ambas entidades y confirmó el fallo en primera instancia que dejó en libertad a Blanco Lapola.

La Cámara de Amparos de la CSJ concedió el amparo a los solicitantes por los motivos que plantearon.

“Lo resuelto (por la Sala) carece de sustento jurídico y fáctico, pues se basó en argumentos falaces al no tomar en consideración que para acceder a lo solicitado por la defensa de la sindicada, se inobservaron los presupuestos previstos en la ley relativos al peligro de fuga y de obstaculización para la averiguación de la verdad”, indicó la CICIG.

Mientras que el MP argumentó que “la medida excedía los límites razonables de la prisión preventiva, no obstante el retardo procesal era producto de la constante interposición de recursos improcedentes por parte de la propia defensa de la imputada”

Lo anterior porque la Sala confirmó la resolución de libertad condicional solo considerando “el tiempo que ha durado la privación de libertad y sin más fundamentación confirmó la resolución de primera instancia”, pero no consideró por qué no procede el peligro de fuga y la obstaculización a la averiguación de la verdad, de acuerdo con el fallo de la CSJ.

Se indica que el fallo de la referida Sala se basa en “razones humanitarias” (es mujer y que sus familiares se encuentran en el país), no en sustento legal, sobre todo considerando que es la defensa de Blanco Lapola la que atrasa el proceso.

Tras el fallo de la CSJ, la defensa de Blanco Lapola planteó una apelación en la Corte de Constitucionalidad para revertir la resolución, la cual sigue sin resolverse.

Un proceso de seis años

Captura

23 de marzo de 2012 fue capturada en la zona 7 capitalina y fue enviada a la cárcel Santa Teresa.

Sale de la cárcel

3 de octubre de 2014 fue beneficiada con una medida sustitutiva.

Rechazan apelación

23 de octubre de 2014 la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, rechazó la apelación planteada por el MP y la CICIG.

MP y CICIG acuden a la CSJ

8 y 21 de enero de 2015, el MP y la CICIG plantearon un amparo contra el fallo del 23 de octubre.

CSJ deja en suspenso libertad condicional

7 de octubre de 2015 la CSJ ampara al MP y a la CICIG y ordena a la Sala emitir una nueva resolución.

Marlene Blanco Lapola acude a la CC

22 de diciembre de 2015 los abogados de Blanco Lapola presentan amparo en la CC contra la resolución de la CSJ del 7 de octubre de 2015

CC vota, pero fallo no surte efecto

29 de marzo de 2016 cuatro magistrados de la CC votan a favor de rechazar la apelación de Blanco Lapola, pero el expediente es retirado por la magistrada presidenta, Gloria Porras y no surte efecto.

Siete ocasiones fallidas

2017 se ha convocado en ocho ocasiones para analizar el expediente, pero por diversos motivos no se discute. Para este martes 25 de nuevo está incluido el tema en la agenda de los magistrados.

Este martes 25 de julio de nuevo se volvió a convocar a los magistrados para conocer el expediente de Marlene Blanco Lapola.

Presenta denuncia penal contra magistrada Gloria Porrras

Derivado del retraso de la CC para resolver el expediente Blanco Lapola, el abogado Mario Acevedo Ramírez presentó una denuncia penal contra la magistrada Gloria Porras, a quien señala de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y retardo de la justicia.

De acuerdo con Acevedo, planteó la denuncia porque la magistrada supuestamente ha favorecido a la exdirectora de la PNC, al retrasar el expediente que confirmará la libertad condicional de Blanco Lapola o revocará ese beneficio.

Agrega el abogado que en “reiteradas ocasiones” Porras ha retardado el proceso y el momento más evidente fue el 29 de marzo de 2016. En esa fecha, cuatro magistrados de la CC votaron a favor de revocar la libertad de Blanco, pero de nuevo y haciendo valer su posición como presidenta de la Corte, decidió retirar la ponencia para volverla a estudiar.

Según Acevedo, con la actitud de Porras se evidencia “impunidad y sesgo ideológico con que se tratan estos asuntos en el máximo órgano jurisdiccional del país”.

Te sugerimos leer: 

Presentan denuncia penal contra magistrada Gloria Porras

La CSJ ya conoció esta denuncia porque se tramitó un antejuicio contra Porras, pero rechazó el expediente de entrada, ni siquiera lo analizó.

Los hechos que pidió investigar el abogado

  • Se ha convocado en varias ocasiones sin que se se conozca el expediente de Marlene Blanco Lapola.
  • El 29 de marzo de 2016 se incluyó en la agenda 46-2016.
  • La ponencia a favor de rechazar el recurso de apelación de Blanco Lapola fue aprobada con cuatro votos, pero la magistrada Gloria Porras, en ese entonces presidente de la CC, retiró el expediente de la agenda con la justificación de una  mayor revisión de los argumentos que sustentan la ponencia.
  • El magistrado ponente, Roberto Molina Barreto, solicitó se consignara este hecho en el proyecto de acta y así quedó plasmado, según una impresión realizada un día después de la sesión:

“Por requerimiento expreso que formuló el magistrado Molina Barreto, se hace constar que en lo que concierne al expediente 5737-2015 (ubicado en el número 28 del orden de la Agenda Ordinaria), no obstante que fue retirado, se manifestaron cuatro votos a favor de la ponencia presentada, que emitieron los magistrados Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Carmen María Gutiérrez de Colmenares y Juan Carlos Medina Salas”.

Sin embargo, el acta final firmada por Gloria Porras y el secretario de la Corte de Constitucionalidad, Martín Guzmán, con fecha 4 de abril de 2016, no incluye el razonamiento solicitado por el ponente.

Impresión del proyecto del acta de la sesión del 29 de marzo de 2016.

En esta impresión del 30 de marzo de 2016 aparece la anotación que deja constancia de los cuatro votos a favor de la ponencia.

Impresión del acta final de la sesión del 29 de marzo de 2016.

En esta impresión del 4 de abril de 2016 ya no figura la anotación que deja constancia de los cuatro votos a favor de la ponencia.

Se inhibe, pero…

Tres meses después de la sesión del 29 de marzo de 2016 cuando se “presentaron cuatro votos a favor de la ponencia” de rechazar la apelación planteada por Blanco Lapola, el 30 de junio, la magistrada Porras se inhibió de continuar conociendo este expediente.

No obstante, fuentes cercanas a los magistrados señalan que la funcionaria sigue influyendo para que el expediente no se conozca, pues la ponencia, ahora en manos de otro magistrado, mantiene la línea de rechazar la apelación promovida por la exdirectora de la PNC.

Porras basa su decisión en el artículo 170 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el cual dice:

“Facultad de inhibirse de conocer. A los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad no se aplican las causales de excusa establecidas en la Ley del Organismo Judicial ni en cualquiera otra ley. Cuando a su juicio, por tener interés directo o indirecto, o por estar en cualquier otra forma comprometida su imparcialidad, los Magistrados podrán inhibirse de conocer, en cuyo caso se llamará al suplente que corresponda”.

Inhibirse, lejos despejar las dudas acerca de su imparcialidad, confirma que Porras pudo influenciar, de manera directa, el curso del expediente 5737-2015, apelación de Blanco Lapola.

La magistrada se inhibió del caso el 30 de junio de 2016. (imagen tomada de Soy 502)

¿Doble criterio o sesgo ideológico?

Contrario al parecer y tiempo para resolver de la magistrada en el expediente de Marlene Blanco Lapola, en el caso del coronel Juan Chiroy y los ocho soldados implicados en los sucesos de la Cumbre de Alaska, Porras agilizó y redactó su ponencia, y así la aprobó la Corte, ordenando a la CSJ cómo fallar, es decir, intenta cambiar el delito de la acusación de imcumplimiento de deberes a ejecución extrajudicial.

Además, esta Corte de Constitucionalidad, la CSJ y el Ministerio Público, se empeñan en mantener en prisión preventiva a Chiroy, aunque si fuera condenado por el delito imputado (incumplimiento de deberes), ya habría sobrepasado los tres años de cárcel previstos, pues en octubre de este año cumplirá cinco años encarcelado.

Otras entidades ajenas al sistema de justicia, como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), tampoco han prestado atención a este caso y a otros donde la violación al debido proceso está a la vista, en los cuales, al parecer, las resoluciones no responden a criterios jurídicos sino ideológicos, como presuntamente resuelve la magistrada Gloria Porras.

La CC amenaza y ordena cómo fallar a la Cámara Penal de la CSJ