El concejal de Montreal  Bonoit LaDouce ha propuesto una nueva ley que exige que todos los perros de esa ciudad  comprendan órdenes en inglés y francés. El concejal explicó  que la ley es necesaria para contrarrestar el “caos insostenible” en los parques públicos cuando los perros entienden ordenes en un solo idioma.  La propuesta de LaDouce  requiere que los perros   aprendan por lo menos 80 instrucciones en ambos idiomas y que se les administre un examen  para certificar que son bilingües.  Ciudades del Sur de la Florida están considerando legislación similar requiriendo que los perros sean bilingües en órdenes en español e inglés.

En serio, la historia canadiense fue una sátira, y yo invente (pienso yo) la versión floridana, pero la historia sirve para ilustrar el crecimiento exponencial de regulaciones paternalistas en todos los niveles de gobierno. En los últimos tres años, y solamente a nivel federal, el Código de Regulaciones de EEUU ha añadido 11,327 páginas a un total de más de 169,000 páginas.

El paternalismo encarna la idea de que no se puede confiar en  que otras personas  tomen buenas decisiones, requiriendo la intervención de los reguladores. Rara vez exigimos que el gobierno tome decisiones sobre nuestras vidas; son solamente las otras personas las que no pueden tomar buenas decisiones.

 Los psicólogos sociales identifican esta parcialidad cognitiva como un “error de atribución”, donde hacemos hincapié en las características internas de una persona  para explicar su comportamiento mientras subvaloramos los factores externos. Curiosamente, pensamos lo opuesto al evaluar nuestro propio comportamiento. Por ejemplo, de acuerdo a mi esposa, si tengo un accidente automovilístico, es porque soy un mal conductor (disposicional), y si ella tiene un accidente, es porque estaba lloviendo y la visibilidad era pobre (situacional).

La motivación de muchas regulaciones paternalistas reside en las convicciones erradas que la mayoría de las personas toman malas decisiones cuando se les permite pensar por sí mismas, y que los empresarios, actuando por codicia, ponen en peligro al público incauto cortando gastos para ganar mas dinero. Lamentablemente, la retórica política caricaturiza la política regulatoria, ignorando las consecuencias éticas; los demócratas advierten  de males masivos producto de la desregulación  y los republicanos enfatizan que los reglamentos eliminan empleos.  Pero las regulaciones tienen otra cara.

Las normas reguladoras impone el juicio de un pequeño grupo de burócratas  por encima de un proceso de intercambio voluntario que refleja  las necesidades y preferencias de la población en general. En una economía de libre mercado, cada intercambio voluntario guía los recursos a sus usos mas valorizados. Por lo tanto, toda regulación que entorpezca el intercambio voluntario reduce la eficacia del uso de recursos.

Regulaciones efectivas y apropiadas son necesarias en un sistema de mercado e inherente al Estado de Derecho. Desafortunadamente, la mayoría de los reglamentos promulgados por los órganos legislativos y administrativos no se acercan a ser apropiados y necesarios. No es que los legisladores tengan malas intenciones;  la mayoría de las nuevas regulaciones son promulgadas con la creencia de que promueven el bienestar público. Los legisladores buscan mejorar la seguridad en los productos de consumo, asegurar la eficacia de los fármacos, y un sinnúmero de metas razonables.

Es difícil argumentar en contra de esos nobles objetivos, pero el intentar  realizarlos a través de regulaciones es un proyecto contraproducente que restringe nuestras libertades  individuales. Los reguladores, perpetrando un error de atribución, adjudican las peores cualidades de los participantes en el mercado y emplean la fuerza coercitiva de las regulaciones para confinar  las decisiones voluntarias de individuos y empresas.                   

Las regulaciones transfieren la responsabilidad de los individuos y las empresas  – donde pertenece – al gobierno. En ausencia de un marco regulador coercitivo, las empresas competirían  desarrollando y protegiendo una impecable reputación.

El libre comercio es una actividad  que fomenta y recompensa el comportamiento interesado. Eso no significa, sin embargo, que  los negocios se fundamentan  en hacer daño, o explotar a los clientes. En un sistema competitivo, las ganancias  no se deben  a la explotación si no  a la creación de un valor superior. Demonizar los fines de lucro implica el absurdo de que las pérdidas comerciales son admirables.

A diferencia de las regulaciones, los mercados no causan crecientes burocracias e ineficiencias. Al contrario, los mercados competitivos conducen a la innovación, la satisfacción del cliente y la caída de precios. Después de todo, no se tiene éxito en los negocios maltratando a los clientes.

Esto no quiere decir que las regulaciones son siempre innecesarias.  Regulaciones  dirigidas a proteger a los niños y a los que no pueden hacer juicios razonados son claramente defendibles, pero las regulaciones que aspiran a proteger a los individuos de sí mismos minan los conceptos de responsabilidad personal.

Aceptar responsabilidad por nuestra propia vida es un logro moral e intelectual; es una celebración de nuestras libertades individuales. Parodiando la exhortación de Don Quijote a Sancho Panza: Dejad que los perros ladren, y en cualquier idioma.    

República es ajena a la opinión expresada en este artículo