Hace un par de semanas recorrí la carretera a la frontera de Las Chinamas. En el tramo entre Barberena y la cuesta de descenso hacia Las Chinamas se ven tramos en labores pero francamente, parece un queso suizo con infinidad de cráteres. Este fin de semana recorrí la carretera a Pana. Las rajaduras asemejan fallas sísmicas. Los agujeros, cuando no son enormes, son profundos. Me pregunto ¿cómo hacen para no desarmar sus carros y como es posible que no se produzcan accidentes espantosos todas las santas noches? O quizás se producen pero no nos enteramos. Semejante infraestructura constituye un obstáculo y un peligro para los muchos motociclistas que circulan y no me refiero solamente a los de las grandes motos que viajan de la capital por placer, sino también a las personas de la localidad que transitan esas carreteras transportando personas y productos. Y no digamos como se encuentra la carretera a Izabal, o la recta a Puerto Quetzal en la que al recorrerla, da la sensación de estar por hundirse en asfalto de cemento que parece polvorosa a punto de desmoronarse. Ahora bien, es un desmadre que no viene del año pasado, es producto del deterioro derivado de años de negligencia y abuso, corrupción desenfrenada, y estupidez aguda. Y este es sólo un ejemplo del resultado de los grilletes que impiden a Guatemala avanzar, no digamos correr.

El Ministro de Comunicaciones no entró al cargo con varita mágica, y no lo estoy defendiendo, estoy razonando sin mi hígado a flor de piel. Entró a pagar deudas heredadas no sólo del PP sino también de la UNE. Pagadas las deudas, se inicia la obra, pero no siendo como en el sector productivo, la cosa es un verdadero dolor de cordales infectadas. Entre una Ley de Compras y Contrataciones del Estado ilógica, procesos de licitación pública absurdos, sindicatos que sólo sangran al Estado, y reglamentos arcaicos, no es de sorprenderse que el gobierno no logre hacer ejecutar obras con la eficiencia y velocidad que lo haría el sector productivo. Si bien estas leyes y reglamentos se originan en el aparente afán de contrarrestar la corrupción y buscan limitar la capacidad de los funcionarios de robar tratando de transparentar los procesos para prevenir abusos de todo tipo, han demostrado ser más bien impedimentos al desarrollo y estar redactadas con los pies. De buenas intenciones están empedrados los caminos del infierno, y es evidente que quienes redactaron semejantes armatostes legales no sopesaron los contras de semejantes medidas, por muy buena fe que los motivara. Quizás porque fueron redactadas por burócratas que en sus vidas han producido nada.

Con todo y las reformas aprobadas el 11 de octubre 2016, la Ley de Compras y Contrataciones del Estado impone un techo máximo de Q25 mil para compras directas, lo que impide que por ejemplo, sean adquiridos repuestos para maquinaria costosa del Ministerio de Comunicaciones, de los puertos y equipo indispensable para otras instituciones. Compras que no sobrepasan los Q900 mil van autorizadas por los directores, gerentes generales, alcaldes y otras autoridades superiores nombradas por los organismos, sus dependencias y las municipalidades, pero pocos se atreven a autorizar una compra semejante. Cuando sobrepasen los Q900 mil, deben ser autorizadas por las Juntas Directivas, los Plenos de Magistrados o Diputados, los Ministros, o bien los Concejos Municipales.

Las licitaciones tardan hasta seis meses, cuando salen sin reparos de la Contraloría, y reciben respuesta y en el 2016 muchas fueron estériles ya que las empresas no quisieron participar. De tal manera que las dos herramientas principales que el Estado tiene para abastecerse son defectuosas, por no decir otra cosa.

Si hablamos de los sindicatos, por ejemplo, los 56 sindicatos de salud y el STEG de educación son el ejemplo perfecto de sindicatos que en lugar de ayudar impiden a las entidades progresar. Personalmente, no soy pro sindicatos, pero admito que he visto algunos que funcionan, como en el caso de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, dónde el mayor sindicato está dirigido por gente que creo que sí razona y trata de cooperar en positivo. Pero sólo decir “Joviel Acevedo”, las pruebas y los años que demuestran que en el caso de salud y educación, lejos de ayudar han impedido el progreso de esos rubros. Las autoridades, como es lógico y de esperarse, no se oponen a los pactos colectivos. Pero muchos guatemaltecos que no trabajamos en esas dependencias y vemos el tema desde afuera, nos damos cuenta que son grilletes en lugar de servir como motores.

Ni lo laboral tiene lógica. Es absurdo que gente empleada bajo el renglón 029 deba hacer con frecuencia trabajos para los cuales no está autorizada por Ley, no siendo funcionarios públicos ordinarios. Les adjudican obligaciones para las que no debieran tener acceso por no ser trabajadores bajo el renglón 011. Los 029 no tienen prestación alguna, ni vacaciones, ni nada. Eso les coloca en una posición vulnerable, en la que son y no son empleados estatales.

Y para rematarla, cuando las autoridades tratan de actuar contra los sindicalistas corruptos, la Corte de Constitucionalidad protege a los sindicatos sin importar que violan. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, obviamente luego de todo el proceso legal y el rosario de apelaciones, se ven entre la espada y la pared porque la CC brillantemente apoyó el amparo de los trabajadores para que ellos puedan entre otras cosas, elegir a dedo que banco usar para el manejo de la nómina, y que éste tenga una sucursal dentro del hospital y se adjudicaran un aumento salarial ilegal y arbitrario. Si el Ministerio cumple con lo que la CC les indica está violando otras leyes por haber sido estos procesos anómalos decididos arbitrariamente. Si incumple con lo decidido por la CC, incurre en desacato y es penado con cárcel. Como es comprensible, en semejante contexto, a las autoridades les cuesta querer asumir la responsabilidad de tomar decisiones que pudieran ser cuestionadas luego por quienes verdaderamente dirigen el destino de Guatemala.

Estamos mal. Para rematarla, hablar de privatización es pecado, la inversión extranjera es un abuso, el empleo y los impuestos se generan del aire, pero dejando el sarcasmo de lado, lo que menos me entra en la cabeza es como sabiendo lo que sucede en Venezuela, algunos aquí quieran que Guatemala caiga en ese agujero negro. Descerebrados, quizás.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo