En 2010. Los diputados aprobaron la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la cual establecía que cinco relatores titulares y suplentes serían electos para encargarse de prevenir toda práctica de tortura dentro de los lugares de detención.
Siete años después, los congresistas quieren corregir los errores de los actuales relatores, quienes se han limitado a cobrar un salario superior a los Q50 mil y a contratar asesores.
Uno de los primeros pasos del proyecto de ley que sería aprobado este miércoles es reducir el número de relatores a tres y a mejorar su campo de acción.
Las debilidades de la Oficina salieron a luz en el informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) del año pasado.
Debilidades que resaltó el informe de la PDH.
El informe detalla que Carlos Solórzano, quien preside la Oficina, es pensionado activo a su vez que recibe honorarios bajo el renglón 011 lo que contraviene el artículo 112 de la Constitución.
Otra irregularidad es el tema de viáticos ya que los formularios están sin sellos, sin la numeración correspondiente y sin el nombre de la persona a quien se otorgó. Los contratos de personal tampoco tienen control sobre la prestación de servicios.
La Oficina Nacional Contra la Tortura tiene como mandato examinar periódicamente el trato y las condiciones que reciben las personas privadas de libertad, en todos los lugares de detención o centros de privación de libertad
Toda esta serie de irregularidades fueron detectadas en la gestión de los relatores juramentados en 2014 por lo que los congresistas dispusieron darle luz verde al proyecto de reformas. El año pasado no terminó su aprobación por lo que el tema será concluido este miércoles, según lo acordado por los jefes de bancada.
Los relatores, quienes fueron juramentados en 2014, devengan un salario mayor a los Q50 mil
Las reformas
El proyecto establece que los tres relatores serán electos de igual número de ternas propuestas por la Comisión de Derechos Humanos y su período será de seis años. Se deja la puerta abierta para una reelección.
Se establece un artículo transitorio donde la Oficina recibiría Q6 millones para la creación de sedes regionales. La propuesta establece que el incumplimiento a sus funciones es motivo suficiente para ser removido.
Aparte de la aprobación de las reformas, los diputados incluyeron en la agenda la elección de los nuevos relatores.
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