El acuerdo que se había alcanzado entre diputados y sindicalistas para la suscripción de un nuevo Pacto Colectivo se vino abajo luego que se conocieran los nuevos beneficios que buscaban los trabajadores.

Aumento del 30 por ciento sobre el salario total cada tres años, bono escolar igual a un salario, despidos solo con autorización de la junta mixta, eliminar contratos 022 fueron algunas de las peticiones que la organización laboral incluyó en la nueva negociación.

El rechazo de la ciudadanía fue tal que varios diputados salieron al paso para rechazar el pacto para otorgar nuevas prebendas a los empleados y fue el presidente del Congreso Oscar Chinchilla, quien reconoció que no se llegó a ningún acuerdo. “No se aprobó la propuesta del Pacto Colectivo”, declaró.

Ahora surge la duda sobre qué pasará con los beneficios que los trabajadores habían logrado en el Pacto Colectivo firmado en 2005 ya que no se lograron acuerdos.

REPÚBLICA consultó al abogado Omar Barrios Osorio, quien cuenta con gran experiencia en el tema,y explicó que si los diputados dejan así las cosas, automáticamente quedan vigentes los mismos beneficios.

Beneficios del actual Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo

El abogado explicó que regular los beneficios alcanzados y adecuarlos a la realidad del país es posible solo se necesita voluntad política. “En Guatemala se ha creado el mito que el siguiente pacto a negociar solo puede igualar las condiciones o mejorarlas. Eso es falso. Los pactos por eso son temporales”.

La ruta legal

Al no encontrar acuerdos por la vía directa -que es la fase en la que se encuentran ahora- , pueden acudir ante un juzgado de trabajo para que se conforme un Tribunal de Conciliación que se encargaría de conocer las peticiones y plantear una solución.

“Si no logran acuerdos pueden acudir a la siguiente etapa que es un Tribunal de Arbitraje, siempre dentro de la estructura de los juzgados de trabajo y mientras eso sucede siguen vigente las condiciones del pacto colectivo”, explicó el abogado.

Beneficios que sindicalistas quieren incluir en el pacto colectivo

Aunque la ley establece que estos pasos no deben durar más de tres semanas, en la práctica suelen tardar hasta dos años.

Barrios explica que si llegaran ante el Tribunal de Arbitraje, éste sería quien definiría las nuevas condiciones de trabajo. Sin embargo, reconoció que en el sector público nunca se ha llegado hasta esta instancia, al menos en los últimos años.

Todo parece indicar que los diputados no están dispuestos a asumir el costo político que implicaría aprobar más beneficios pero tampoco están dispuestos a emprender acciones para enmendar los errores del pacto vigente.

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