La coyuntura política del país muestra que es posible una doble lectura de todas las situaciones que se presentan cada día. La profunda crisis institucional en la que se ven involucrados los poderes del Estado, evidencia que algo está pasando en el plano estratégico, algo que no se puede observar a simple vista. Encontrar un vaso de agua en pleno desierto o un salvavidas en mar abierto es una cosa de estrategia para un gobierno a la deriva.
Lo importante de las reformas constitucionales no es que sean perfectas, lo importante es que se discutan, se modifiquen, se aprueben o imprueben. Pero en lugar de abordar los asuntos de frente y viendo a los ojos, se busca una serie de maromas para desacreditar y nombrar non grato a quien las apoye. Manejar esta situación requiere de madurez, criterio propio y no dejarse manipular por las voces que hablan desde muchos escenarios, que van desde el intervencionismo, comunismo, populismo y cuanta bazofia se invente.

Desde el 30 de noviembre del año pasado hasta hoy, el debate permanente de la opinión pública ha sido las reformas constitucionales al sector justicia. Un tema impostergable y que al descuidarse en el Congreso solamente aumenta la presión política y social.

Retomemos los antecedentes, pues desde que la mesa técnica para las reformas al sector justicia impulsadas por el Ministerio Público, Cicig y el Procurador de los Derechos Humanos se discutió, retomando otras, hasta hacer la que llegó al Congreso se dijo que este tema no es competencia de estas instituciones, sin embargo esto no se trata de competencia, sino de liderazgo. Pues ante la ausencia de liderazgo es plausible que alguien haga lo que a otros les corresponde. En ese sentido, y ante la usencia de un adalid, hay que reconocer el mérito de echarse tal carga al hombro, como lo hicieron estas entidades.

Las reformas constitucionales fueron presentadas y avaladas por los presidentes de los tres poderes en octubre de 2016. En decir que gozan del impulso institucional y un consenso para discutirlas en el Congreso. La pregunta ¿es que pasó? A raíz de que el hermano y su hijo fueron a la cárcel, el presidente abandonó el tema, tomó distancia de la fiscal general, Thelma Aldana, y nació un sentimiento de desprecio hacia Iván Velásquez, comisionado de Cicig, además de evitar comunicación con el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque.

Esto fue el detonante para que todos los que han estado en contra del Ministerio Público y Cicig sumarán aliados para desacreditar su labor ante la opinión pública. En consecuencia, inició toda una campaña de desprestigio en contra de quienes impulsaron las reformas. Ante esta situación, el Congreso aprovechó el momento para sumar al presidente y generaron el escenario perfecto para empezar a hablar de intervencionismo americano y de intromisión extranjera por parte de Cicig y la embajada americana, y de cuanta babosada absurda, con la única intención de matar las reformas.

El partido oficial que está lleno de tránsfugas vio la oportunidad para rechazar lo que para ellos significa una amenaza. Primero fue el derecho indígena, pero la realidad es que siempre ha sido la falta de voluntad política.

Próximos a las elecciones de 2019, seguimos con una evidente falta de liderazgo político, la expectativa es de que nada bueno ocurra, un escenario en el que no ha cambiado nada de fondo, falta de reformas contundentes a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es decir, ante ningún cambio al sistema político, las nubes y las sombras nos seguirán gobernando.
“Solo un loco quiere que las cosas cambien, y sigue haciendo lo mismo”, ya no podemos tolerar más la pasividad y falta de pasión por Guatemala. No se trata solo de llevar al poder a personas con liderazgo, se trata de cambiar las reglas del juego para salir de la trampa y superar un sistema pervertido y corrupto.

El tiro de gracia a las reformas ya fue anunciado con una posible consulta popular sobre Belice. Ahora se quiere lograr un hit mediático hablando y tratando de posicionar el tema de un eventual plebiscito sobre Belice. Es verdad que Belice es una prioridad en la política exterior de Guatemala, pero habría que cuestionar si es una prioridad en esta crisis institucional.

La consulta popular sobre Belice tendría un costo aproximado de Q300 millones, que dicho sea de paso, ya están asignados en el presupuesto de este año, pero que eran para realizar la consulta popular sobre las reformas constitucionales.
Todos los gobiernos tratan de dar un golpe mediático, algo que impacte y que sea centro de la polémica para dominar la opinión pública. Recordemos en el gobierno patriota el hit mediático fue la famosa “despenalización de la droga” que no fue más que un globo para posicionar al presidente a nivel nacional e internacional. En el gobierno de Morales parece que el hit mediático será la supuesta consulta popular sobre Belice.

El diferendo territorial, insular, marítimo es un problema de más de 150 años de historia, y hay que recordar que no depende solamente de Guatemala, depende de Belice. Llegar a la Corte Internacional de Justicia en la Haya es más que tarea imposible, sería mejor buscar un acuerdo bilateral, aunque ya se haya acordado entre ambos países un procedimiento que nunca será una realidad, porque Belice no está dispuesto a perder y no quiere tomar riesgos. El asunto no prosperará por varias razones, la gente está preocupada por los problemas cotidianos, servicios públicos, no hay buena atención en los hospitales, y sí falta de empleo, falta de educación, y lo más importante, no hay dinero para la campaña de educación e información para hacer el llamado al voto.

Si hacemos una doble lectura podríamos analizar algunas consecuencias subyacentes de la consulta popular sobre Belice:

1. Matar las reformas constitucionales de forma definitiva substituyendo la conversación por el tema Belice.
2. Aprovechar los Q300 millones que ya están en el presupuesto para evitar la amenaza de una consulta en el tema de reformas.
3. Apelar al nacionalismo para desviar la atención de los problemas del gobierno y de nuestra política interna.
4. Posicionar la imagen del canciller Morales que podría aspirar a una eventual candidatura presidencial, pues atraería la atención mediática durante todo lo que resta del año y más por el tema Belice. Esto se traduce en imagen y reconocimiento.
5. El Gobierno evade con política exterior los problemas de política interna para bajar el perfil y disminuir la tensión como un distractor.

La estrategia comenzó el 2 de agosto, cuando el Congreso aprobó el Acuerdo 22-2017 con 102 votos que da luz verde al organismo Ejecutivo para que presente al Tribunal Supremo Electoral la solicitud para realizar la consulta.
Datos curiosos de la convocatoria es que debe hacerse mínimo 90 días antes de la consulta y el canciller Morales ha dicho que podría ser en diciembre, es decir que no habría tiempo ni dinero suficiente para hacer la campaña de difusión y divulgación que en realidad se requiere.
En definitiva, es positivo que se celebre una consulta popular sobre Belice, pero no como estrategia política y menos cuando los fondos eran para otro propósito, como las reformas que tratan de ordenar la casa.

En conclusión, somos manipulados por los hits mediáticos que posicionan temas en la agenda pública, política y de medios, cuando hay niños muriendo de desnutrición, tanta pobreza, 17 muertes diarias, cuando la anarquía y caos reina en los departamentos del país.

¡Esta vez no! No es lo que más le conviene al país, hay que pensar fríamente, porque la consulta sobre Belice solamente es un pretexto para evadir nuestra responsabilidad para cambiar este sistema político pervertido y corrupto.

 

República es ajena a la opinión expresada en este artículo