Guatemala sigue en freno por la corrupción, falta de consensos y poco avance en la certeza jurídica y hay aún varias cosas que cuestionar. Primero, Estela Rabanales renunció el pasado miércoles 16 de agosto a su cargo como la titular de la Secretaría de Bienestar Social con tan solo 5 meses de haberlo asumido.

Existen varias razones para creer su renuncia, la primera es por su presentación de iniciativa de ley para que se le permitiera efectuar compras sin la necesidad de licitar, por lo difícil que es ejecutar si no se cuenta con ciertos permisos.

La segunda razón era por asumir compromisos públicos. La explicación  detrás de su renuncia se desconoce, sin embargo, lo más importante es entender ¿por qué ella sí fue sustituida con tan solo cinco meses de haber asumido? Y tenemos otros casos como el del Ministro de Comunicaciones, que, con razones válidas, debería ser destituido y aun no lo han hecho.

La Cámara del Agro hace un mes solicitó la renuncia del ministro Aldo García, él no ha demostrado tener la capacidad para el puesto pues las carreteras se encuentran cada vez en peor estado. La situación es insostenible, el ejecutivo intentó estrategias como declarar Estado de Calamidad y el legislativo no lo permitió.

Mientras más se desgasten las carreteras, más difícil será recuperarlas, la red vial está colapsada. Es importante considerar esta situación ya que esto dificulta la locomoción en el país, la inversión se viene abajo y el desarrollo de Guatemala se estanca. Los sectores ejercen presión para solucionarlo, sin embargo, el problema es el de siempre, nunca logran llegar a consensos para encontrar arreglos.

Como segundo punto el pasado viernes 4 de agosto el expresidente de la Cámara de Construcción José Luis Agüero declaró en la audiencia del caso Construcción y Corrupción, en la cual explicó el pago que realizó al Ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi para cancelar una deuda de arrastre a su empresa.

En la audiencia hizo mención de Rodrigo Arenas, pues asegura que el mismo recibió Q500 mil de dicho pago. Arenas se presentó a la Fiscalía Especial Contra de la Impunidad (FECI) el pasado lunes 7 de agosto para aclarar su situación y ponerse a disposición de las autoridades.

El presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN) dijo haber sido transparente con su declaración y que esperará a que la fiscalía cumpla con su trabajo de investigar. Arenas dijo que no tenía ningún problema con estar arraigado, pues el regreso voluntariamente de su viaje para aclarar la situación.

En este caso, como en cualquier otro, es vital que se cumpla con el debido proceso, que se aseguren las garantías y la protección del ciudadano mediante el mismo para cumplir con la administración de la justicia conforme a la ley. Es decir, que la persona tenga derecho a un proceso justo, lejos de arbitrariedades y como debe ser.

Por último, no se pudo llevar a cabo el acuerdo que habían logrado los sindicalistas y los diputados para la suscripción del Nuevo Pacto Colectivo. La ciudadanía activamente se opuso a estos beneficios que buscaban los trabajadores, entre ellos el aumento del 30% sobre el salario total cada tres años, eliminar contratos 022, bono que equivaldría a un salario completo, entre otros.

El presidente Oscar Chinchilla declaró que no se llevaría a cabo el acuerdo, habrá que esperar sobre que pasará con el Pacto Colectivo firmado en el año 2005 al no llegar a acuerdos. De igual forma, si no logran encontrar consensos, los sindicalistas permanecerán bajo el pacto actual que cuenta con varios beneficios y sigue abusando del dinero público.