El caso del sindicalista Bernardo Caal, a quien el Ministerio de Educación destituyó por no presentarse a trabajar, además denunció en el Ministerio Público porque pese a lo anterior, sí cobró, apunta a otros hechos que evidencian que el pago de salarios no devengados, derivado de deficiencias en el sistema de nóminas, es un problema recurrente en el Ministerio de Educación (Mineduc).

Entre  finales de 2016 y los primeros cinco meses del 2017, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó cinco denuncias en el MP por pago de sueldos no devengados que suman Q759 mil 612, y donde están involucrados ocho docentes y autoridades administrativas.

Los maestros implicados, que estaban presupuestados en el renglón 011, daban clases en escuelas de primaria de los departamentos de Escuintla, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Jutiapa y Guatemala.

Los pagos de honorarios sin trabajar se dieron tras abandono de labores, inasistencia al trabajo, destitución, renuncia y fallecimiento, de acuerdo con un informe de auditoría de nóminas realizado por la CGC en el Mineduc entre enero y junio del 2016 y dado a conocer en mayo de 2017.

Durante el desarrollo de la auditoría el personal docente realizó reintegros por salarios pagados no devengados por Q204 mil 496, según el informe.

A estas denuncias en el MP se suma otra contra un trabajador del área administrativa de la Dirección Departamental de Chimaltenango, que solicitó a 23 profesores que depositaran en su cuenta personal reintegros por un monto de Q56 mil 394 y que trasladó a las cuentas de la Tesorería Nacional hasta después de planteada la denuncia penal.

Se buscó la opinión del ministro de Educación, Hugo López, pero no respondió las llamadas hechas a su teléfono personal.

Denuncias en el MP

Avilio Quiñónez Quiñónez dejó de laborar en la Escuela Oficial Mixta de la aldea El Chiltepe, en Jutiapa, a partir de enero del 2007. A pesar de ello continuó recibiendo su pago mensual hasta febrero del 2016. En ese período el Mineduc le depositó en total Q305 mil 862.

A solicitud de la Contraloría, en octubre del 2016 la Dirección Departamental solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN), “iniciar proceso judicial por la vía económico coactiva” para recuperar el dinero pagado al docente que no laboró.

En Quetzaltenango se repitió la historia. Ahí tres profesores de primaria siguieron devengando un salario a pesar de haber dejado de dar clases. Uno de ellos por fallecimiento, otro por destitución y uno más por renuncia.

Los familiares del difunto reintegraron los Q69 mil 738 pagados por el Mineduc, en tanto que Q311 mil 580 erogados a favor de los otros dos catedráticos no fueron devueltos.

Los desembolsos y prestaciones los hizo el Mineduc en períodos diferentes que van de 2013 hasta agosto del 2016, según lo determinó la Contraloría.

En Escuintla se registró otro caso. En ese departamento la profesora Miriam Sandoval dejó de dar clases en la Escuela Oficial Mixta Jornada Matutina, de la comunidad Las Victorias, ubicada en el municipio de Guanagazapa.

Sin embargo, siguió recibiendo su pago mensual a partir de enero del 2015 a junio de 2016. En total se le acreditó Q55 mil 269. También se pagaron sueldos no devengados en los departamentos de Suchitepéquez y Guatemala a cuatro maestros de primaria durante 2016.

El monto asciende a Q86 mil 902. Con excepción de cuatro catedráticos, las denuncias presentadas por la CGC en el MP fueron enderezadas contra las autoridades departamentales del Mineduc.

La Contraloría presentó cinco denuncias en el MP por el pago de sueldos no devengados a ocho docentes. El monto asciende a Q759 mil 612.

Mal recurrente

El problema es más común de lo que parece. De acuerdo con la fiscalización existen expedientes por denuncia ante el MP por salarios pagados no devengados de los años 2011 al 2013 por un monto de Q1 millón 565 mil 811.

A pesar de ello los auditores constataron que en la cartera de Educación “no se inició ningún proceso por la vía administrativa o la vía económico coactiva contra los responsables, derivado de lo cual se solicitó un examen especial de auditoría”.

En ese período, 2011 a 2013,  cobró su salario sin trabajar el sindicalista Bernardo Caal,  quien enfrenta un proceso penal por esa situación.

La laxitud del sistema de justicia con Bernardo Caal

La raíz de las irregularidades

La CGC asegura que en el Mineduc “sin bien existe una desconcentración de las nóminas para que las unidades ejecutoras puedan bloquear los salarios por abandono de labores, suspensiones o fallecimiento, durante la evaluación se detectó que existen deficiencias para la adecuada administración del sistema”.

También de evidenció que las direcciones departamentales de Educación no cuentan con archivos actualizados y expedientes de personal completos y que hay maestros subutilizados.

En la Dirección Departamental de Chimaltenango se denunció a finales del año pasado, en la Fiscalía Distrital del MP, a Shriley Barrera por haber solicitado a 23 docentes suspendidos por el Seguro Social o con recisión de contrato, que le depositaran reintegros de salarios no devengados en su cuenta bancaria personal.

El monto depositado, por los empleados en los renglones 011 y 021,  ascendió a Q56 mil 394, “sin embargo, los supuestos reintegros a la cuenta de la Tesorería Nacional, no fueron realizados”, afirma la Contraloría.

Luego detalla que mediante una carta, la asistente de la sección de Recursos Humanos de la Dirección Departamental, les informó que “los docentes suspendidos por el IGSS se encuentran solventes en virtud que realizaron los reintegros por los salarios no devengados, no obstante, al realizar las verificaciones en el sistema de nóminas y registro de personas, se verificó que los depósitos monetarios en concepto de reintegros fueron realizados después de la fecha en que se presentó la denuncia en el MP”.

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