Las tragedias continúan esta semana y siguen siendo un reflejo del sistema fallido que tenemos en el Estado. Un grupo de sicarios de la mara salvatrucha ingresó a la emergencia del Hospital Roosevelt con la intención de rescatar un reo, en el intento mataron a siete personas y dejaron a 12 heridos.

Hay muchas formas de resolver este problema, sin embargo, lo que no podemos permitir es que siga habiendo más víctimas y muertes por un Estado que no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

El director del Hospital Roosevelt Carlos Soto reiteró que hasta no garantizarse la seguridad de los pacientes y el personal, no se reanudará la atención dentro del mismo, quedando suspendida probablemente hasta el lunes 21 de agosto.

La situación es fácil de resolver, primero como Soto indicó los casos de reos en su mayoría, pueden ser atendidos desde la cárcel sin necesidad de un traslado. La segunda opción son unas clínicas móviles para que de igual forma, se evite que los presos lleguen al hospital y pongan en riesgo la vida de los guatemaltecos.

Es importante pensar que este es un problema que no puede ser atacado desde sus efectos, es decir, la pena de muerte que ha sido sugerida por muchos, no significa terminar con el problema desde la raíz. Primero, hay que tomar en cuenta que el sistema de justicia guatemalteco es débil y aplicar la misma es poner en riesgo la vida de personas inocentes.

Segundo, el deber de nuestra república enfatizado desde el artículo 1 de nuestra constitución, establece la protección a la persona y que es deber del Estado garantizar la vida a sus habitantes. La pena de muerte es una opción difícil de considerar, pues es preferible a que haya reos vivos a que muera un inocente.

Atacar el problema desde la raíz significa enfocarnos en el porqué estos sicarios comenten este tipo de acciones y es simplemente porque el Estado no es capaz de otorgarle oportunidades a los jóvenes, se nos olvida que estos sicarios son producto del país en el que vivimos.

Para generar empleo primero necesitamos que el Estado cumpla con algo vital como es la certeza jurídica, de esa forma poder garantizar inversión extranjera la cual genera trabajo y oportunidades para todos los guatemaltecos.

Además de esto, el Estado tiene la obligación de trabajar en conjunto, en estos tiempos de crisis es cuando los tres organismos (ejecutivo, legislativo y judicial) deben trabajar de la mano y debe existir la voluntad política para garantizar el bien común de los ciudadanos, lo cual es el fin supremo del Estado de Guatemala.

Otro de los temas más controversiales de la semana fueron las anomalías que existieron previo a las elecciones de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la San Carlos. El proceso es relevante puesto que desde hace 5 años no se realiza una elección.

Dicha asociación no puede seguir en manos de corruptos y gente que solo busca hacer negocios mediante la misma y no garantizar, ni velar por el bienestar de los estudiantes.

El mundo ya cambió, el país también y no podemos seguir actuando como en tiempos del Conflicto Armado Interno. Los estudiantes de la universidad  mostraron su molestia la semana anterior, ya que el padrón electoral fue entregado a un grupo afín a los actuales dirigentes de la AEU.

Los estudiantes lucharon y presionaron en la rectoría para que el Consejo Superior Universitario reconociera el Consejo Electoral Estudiantil Universitario para realizar a las elecciones.

Es vital que los estudiantes elijan la nueva diligencia, sobre todo porque la Universidad de San Carlos es la universidad del pueblo y necesitamos que los jóvenes, los cuales son el futuro de este país, salgan bien preparados y con oportunidades para hacer de Guatemala un mejor lugar.

Por último, los diputados esta semana aprobaron la ley que permite el retiro voluntario de sus trabajadores. Lo que esta nueva ley permite es que las personas puedan retirarse con sus prestaciones además de cinco salarios adicionales.

Esta es la segunda que vez que los diputados aprueban el retiro voluntario y esto será de gran ayuda para que se reduzcan las planillas, generando incentivos para que la burocracia disminuya.