La circulación de elites de los últimos años obliga a promover un Pacto Nacional
“La historia es la tumba de las aristocracias”. Con esta frase, el sociólogo italiano, Vilfredo Pareto reseñó una de sus contribuciones principales a la sociología política. Para el italiano, todas las sociedades son gobernadas por pequeñas elites, o minorías sociales, integradas por las personas con los índices más altos en cada rama de actividad (político, económico, social, académico y otras). Cada generación cultural (de 25 o 30 años de duración) trae consigo el surgimiento de nuevas elites y el desplazamiento de las viejas elites que son incapaces de adaptarse a los cambios de la época. Sin embargo, en aquellas sociedades en las que no existen mecanismos institucionales de transición de elites y liderazgos, se genera una especie de inamovilidad, que solo da origen a procesos golpeados de transformación política o de cambios revolucionarios, en donde las elites antiguas son destronadas a la fuerza por elites emergentes. A este proceso, Pareto le denomina “la circulación de elites”.
Guatemala atraviesa hoy un proceso de circulación de elites, que se asemeja más al segundo caso. Desde la transición democrática, el sistema político fue perfeccionando un modelo de corte patrimonial: la concepción de ver en lo público una fuente de oportunidad de riqueza. Y la elite política se dedicó a perpetuar este modelo. El funcionamiento de partidos políticos como vehículos electorales para acceder a la repartición del patrimonio del Estado; la perpetuación de caciques locales que se volvieron en cuasi-señores feudales de sus municipios y departamentos; el reciclaje de liderazgos. Todo ello coronado con un rapaz enriquecimiento ilícito de muchos de quienes llegaron a gozar las mieles del sistema patrimonial.
La inamovilidad de esa generación cultural aparentemente llegó a su fin en abril 2015, cuando la fiscalía y la CICIG iniciaron un proceso de depuración judicial de elites. La cancelación de dos de los tres partidos políticos más relevantes de la última década; la captura y procesamiento penal de más de una veintena de diputados y varios alcaldes –muchos de ellos caciques territoriales–; la persecución judicial contra autoridades de gobierno, ministros, secretarios de la presidencia, funcionarios, evidencia justamente este proceso depurador. Sin embargo, el país se encuentra hoy en esa encrucijada, entre la defenestración de la vieja elite política y el surgimiento de una nueva. Y como no queda claro quién llenará los espacios, se produce una natural fuente de incertidumbre sobre el destino mediato del país.
Pareto señala también que entre las elites emergentes surge un grupo de pioneros, quienes se encargan de direccionar los cambios sociales y políticos, guiados por “el instituto de combinar opciones imaginarias y prever escenarios”. Es decir, son aquellos que mejor se acoplan al vacío de elites y conducen las reformas requeridas para transitar hacia la nueva época.
En el caso nacional, todo apunta a la necesidad de un pacto como precondición para los pioneros: un acuerdo sobre las reformas necesarias para destruir el aparato patrimonial. El sistema electoral, los partidos políticos, la reforma al sector justicia, la modernización del servicio civil, la modernización presupuestaria y administrativa del Estado, son algunos de los ejes del pacto. Y esto debe ir acompañado de un proyecto de reconstrucción de Estado, que incluya refundar los vehículos de representación, promover el surgimiento de nuevos liderazgos, promover mecanismos efectivos de gobernanza, y profesionalización burocrática.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
La circulación de elites de los últimos años obliga a promover un Pacto Nacional
“La historia es la tumba de las aristocracias”. Con esta frase, el sociólogo italiano, Vilfredo Pareto reseñó una de sus contribuciones principales a la sociología política. Para el italiano, todas las sociedades son gobernadas por pequeñas elites, o minorías sociales, integradas por las personas con los índices más altos en cada rama de actividad (político, económico, social, académico y otras). Cada generación cultural (de 25 o 30 años de duración) trae consigo el surgimiento de nuevas elites y el desplazamiento de las viejas elites que son incapaces de adaptarse a los cambios de la época. Sin embargo, en aquellas sociedades en las que no existen mecanismos institucionales de transición de elites y liderazgos, se genera una especie de inamovilidad, que solo da origen a procesos golpeados de transformación política o de cambios revolucionarios, en donde las elites antiguas son destronadas a la fuerza por elites emergentes. A este proceso, Pareto le denomina “la circulación de elites”.
Guatemala atraviesa hoy un proceso de circulación de elites, que se asemeja más al segundo caso. Desde la transición democrática, el sistema político fue perfeccionando un modelo de corte patrimonial: la concepción de ver en lo público una fuente de oportunidad de riqueza. Y la elite política se dedicó a perpetuar este modelo. El funcionamiento de partidos políticos como vehículos electorales para acceder a la repartición del patrimonio del Estado; la perpetuación de caciques locales que se volvieron en cuasi-señores feudales de sus municipios y departamentos; el reciclaje de liderazgos. Todo ello coronado con un rapaz enriquecimiento ilícito de muchos de quienes llegaron a gozar las mieles del sistema patrimonial.
La inamovilidad de esa generación cultural aparentemente llegó a su fin en abril 2015, cuando la fiscalía y la CICIG iniciaron un proceso de depuración judicial de elites. La cancelación de dos de los tres partidos políticos más relevantes de la última década; la captura y procesamiento penal de más de una veintena de diputados y varios alcaldes –muchos de ellos caciques territoriales–; la persecución judicial contra autoridades de gobierno, ministros, secretarios de la presidencia, funcionarios, evidencia justamente este proceso depurador. Sin embargo, el país se encuentra hoy en esa encrucijada, entre la defenestración de la vieja elite política y el surgimiento de una nueva. Y como no queda claro quién llenará los espacios, se produce una natural fuente de incertidumbre sobre el destino mediato del país.
Pareto señala también que entre las elites emergentes surge un grupo de pioneros, quienes se encargan de direccionar los cambios sociales y políticos, guiados por “el instituto de combinar opciones imaginarias y prever escenarios”. Es decir, son aquellos que mejor se acoplan al vacío de elites y conducen las reformas requeridas para transitar hacia la nueva época.
En el caso nacional, todo apunta a la necesidad de un pacto como precondición para los pioneros: un acuerdo sobre las reformas necesarias para destruir el aparato patrimonial. El sistema electoral, los partidos políticos, la reforma al sector justicia, la modernización del servicio civil, la modernización presupuestaria y administrativa del Estado, son algunos de los ejes del pacto. Y esto debe ir acompañado de un proyecto de reconstrucción de Estado, que incluya refundar los vehículos de representación, promover el surgimiento de nuevos liderazgos, promover mecanismos efectivos de gobernanza, y profesionalización burocrática.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo