Como si el país no tuviera serios problemas sin resolver, esta semana se suman más a la lista. El pasado martes se inició un rumor debido a una publicación de Rubén Zamora en su página de fans en Facebook en donde aseguraba que el presidente Morales quería la expulsión del mandatario Iván Velásquez, el actual jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

La Fiscal General y jefa del Ministerio público Thelma Aldana publicó en su cuenta que si Morales expulsaba al comisionado ella renunciaría a su cargo. A pesar de que los días han pasado, el rumor sobre si el presidente quiere expulsar o no a Iván Velásquez no se ha confirmado.

El señor Velásquez no se pronunció acerca del rumor, hasta el día de ayer en una conferencia de prensa reiteró que continuará luchando por la justicia en Guatemala. Importante no emitir opiniones antes de confirmar si realmente esta acción se llevara a cabo, pues sino terminamos en una polarización social, la cual no es oportuna con todos los problemas que están sucediendo en el país.

Segundo, es importante tomar en cuenta que no existe sentido en pedir la renuncia del señor Velásquez por parte del presidente Morales. Si las instituciones prevalecen sobre las personas estas deben continuar con el cumplimiento de sus labores con la presencia o no del señor Velásquez, la CICIG debe seguir con la lucha en contra de la corrupción.

Importante que las instituciones prevalezcan sobre las personas, pues, aunque estas se ausenten las mismas deben continuar con sus labores, las personas van y vienen, pero las instituciones permanecerán.

Como segundo punto, esta semana el Ministerio Público y la Comunidad Internacional Contra la Impunidad en Guatemala presentaron una investigación acerca del financiamiento electoral ilícito, en la cual dos partidos políticos se vieron involucrados Libertad Democrática Renovada (LÍDER) y la Unidad Nacional de la Esperanza.

El partido LIDER, por un lado, recibió Q21 millones 777 mil que no reportó al Tribunal Supremo Electoral, ni existe un registro dentro de su contabilidad. En este caso solicitaron que se le quite la inmunidad a Roberto Villate pues es el Secretario General del partido.

Por otro lado, la UNE no reportó pagos de transporte aéreo y existen dudas respecto al registro en el 2015 por vuelos de helicópteros valorado en Q2 millones 62, el jefe de la CICIG Iván Velásquez indicó que presentarían solicitud de antejuicio contra Orlando Blanco, acción que ya fue llevada a cabo.

El sistema de partidos políticos en Guatemala es uno de los más débiles en América Latina y uno de sus mayores problemas es la falta de institucionalización de los mismos. Esta debilidad se caracteriza en el nacimiento y desaparición continua de los partidos políticos, además de los altos niveles de transfuguismo, la fragmentación, la falta de ideologías, su volatilidad y el caudillismo.

No se puede negar que el financiamiento político es parte de un sistema democrático y de la salud del mismo. La idea del tipo de financiamiento mixto como funciona en Guatemala busca establecer las reglas del sistema electoral para generar un marco de competencia más justo.

El fin del financiamiento partidario es colaborar con el desarrollo democrático ayudando a mantener la competencia política abierta para formar partidos fuertes y responsables. El problema es que cuando el financiamiento político, como en el caso de Guatemala, está mal regulado o simplemente no lo es, el dinero amenaza la legitimidad del proceso democrático.

Por último, este domingo 27 de agosto se llevará a cabo la una consulta comunitaria paralela en el municipio de Santa María Chabón. El gobierno rechazó dicha consulta pues la considera paralela e ilegítima ya que pone en riesgo el proceso para efectuar la consulta indígena en las 11 comunidad de influencia de los proyectos Oxec I y Oxec II, como ordenó la corte de Constitucionalidad.

Es importante recordar que la consulta es la piedra angular del convenio 169 y la misma obliga al Estado a dialogar con los pueblos, es decir, a busca llegar a acuerdos con los mismos para generar inversión y desarrollo.

La consulta incorpora la participación de pueblos indígenas en la formulación de políticas públicas que puedan afectar sus derechos colectivos y no debe constituir una amenaza en contra de ellos. Debe buscar implementar medidas por parte del Estado que beneficie a la población en general. Importante recordar que debe prevalecer el bien común sobre el bien particular.