Tras casi ocho años de un proceso legal en el cual fueron acusados de ser los autores intelectuales del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, este lunes fue cerrado en definitiva el caso contra los hermanos Francisco José y Estuardo Valdés Paiz.
La resolución del juez Mynor Motto, del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, se dio luego de acatar el fallo de una Sala que le ordenó cerrar el proceso o enviarlos a juicio, ya que el juzgador, el 15 de mayo de 2017, decidió cerrar el caso, pero de manera provisional.
Francisco Valdés Paiz señala que el juez Moto no halló elementos para enviarlos a juicio por el delito de homicidio en grado de complicidad y quedó demostrado que las acusaciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fueron falsas, basadas en testigos obligados a mentir.
El daño sufrido
Francisco comenta que aunque demostraron su inocencia, el daño para ellos y su familia es irreparable, ya que todos estos años han vivido en tensión y en reiteradas humillaciones para ellos y sus parientes.
Estuvieron tres años en la cárcel, tres meses encerrados en sus casas, cuatro años con custodia policial y todavía no pueden salir de Guatemala porque permanecen las alertas contra ellos, ya que son considerados “como personas de alta peligrosidad”.
“Lo que quedó demostrado fue que el MP y la CICIG, sobre todo los investigadores Pedro Díaz y Luis Fernando Orozco, hicieron mentir a los colaboradores que luego los señalaron y se retractaron de sus mentiras”, enfatiza Francisco.
Foto tomada de ElPeriódico
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Francisco Valdés Paiz señala que el juez Moto no halló elementos para enviarlos a juicio por el delito de homicidio en grado de complicidad y quedó demostrado que las acusaciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fueron falsas, basadas en testigos obligados a mentir.
El daño sufrido
Francisco comenta que aunque demostraron su inocencia, el daño para ellos y su familia es irreparable, ya que todos estos años han vivido en tensión y en reiteradas humillaciones para ellos y sus parientes.
Estuvieron tres años en la cárcel, tres meses encerrados en sus casas, cuatro años con custodia policial y todavía no pueden salir de Guatemala porque permanecen las alertas contra ellos, ya que son considerados “como personas de alta peligrosidad”.
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Foto tomada de ElPeriódico
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