Más allá de que uno esté o no de acuerdo con la pretensión del Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de expulsar a Iván Velázquez, Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, la gestión comunicacional del Gobierno en esta crisis se ha caracterizado por su pobreza, incoherencia y nula transparencia, especialmente en sus albores.

Durante 5 días consecutivos, desde el martes 22 hasta el domingo 27 de agosto, el Ejecutivo contestó con evasivas y disímiles argumentos acerca del real motivo del viaje del primer mandatario a Nueva York para reunirse con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

Pese a que uno de los principales diarios de circulación nacional publicó el miércoles 23 que el Presidente iría a la ONU a pedir la salida de Velásquez, el Gobierno no tuvo la valentía o sencillamente fue incapaz de reconocerlo.

En esas mismas páginas, el vocero presidencial, Heinz Hiemann, dio el vamos a esta cuestionable gestión comunicacional negando el viaje del gobernante con evasivas: “No que yo sepa, en la agenda de esta semana no hay salidas”.

Pero Hiemann no contaba con que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, SAAS, no tuviera ningún empacho en contradecirle y confirmar el viaje.

Ese mismo miércoles 23 a media mañana, durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio Presidencial, el vocero presidencial no tuvo otra alternativa que confirmar el viaje del Presidente, indicando que el objetivo del mismo era presentar al organismo internacional “un nuevo modelo” para combatir la criminalidad en el país.

En dicha ocasión, Hiemann negó con nerviosismo y ambigüedad que el motivo fuera pedir la salida de Velásquez, aunque enfatizó que el país no dependía “de una sola persona”. Asimismo, abrió una innecesaria brecha de conflicto con Thelma Aldana, Fiscal General, al calificar de “irresponsables” sus publicaciones en Facebook de la noche anterior, cuando la jefa del Ministerio Público señaló que renunciaría en caso de que el Comisionado fuera destituido.

En menos de 24 horas, los trascendidos habían generado conmoción en el país y, lejos de dar un mensaje de claridad y tranquilidad a la población, el vocero presidencial agravaba la crisis con sus declaraciones. Asimismo, la ausencia de un pronunciamiento del Presidente reforzaba la sensación que el Gobierno estaba actuando ‘bajo el agua’ e intentaba ocultar el real motivo de la visita a la ONU.

Si ya en ese momento la falta de claridad y transparencia del Ejecutivo era patente, la entrevista en exclusiva que otorgó a un medio televisivo el todavía canciller, Carlos Raúl Morales, contribuyó a aumentar la ansiedad y la confusión en la población.

Junto con asegurar que el motivo de la visita del primer mandatario a la ONU era “pedir ayuda alimentaria para San Marcos”, el funcionario desmintió que se solicitaría la remoción del colombiano: “Antes de dar declaraciones fui con el Presidente y él me dijo que CICIG no es el objeto de la reunión”.

En un solo día, increíblemente dos voceros gubernamentales entregaron versiones diametralmente distintas sobre las razones del traslado del Presidente a Nueva York.

El viernes 25 de agosto, horas después del encuentro del Presidente con Antonio Guterres, el Gobierno de Guatemala subía una declaración de prensa en Twitter comunicando en el primer párrafo que la reunión tuvo como objetivo “tratar temas concernientes a las 22 agencias de la ONU que operan en Guatemala”.

¿Presentar un nuevo modelo de seguridad? ¿Pedir ayuda para el Departamento de San Marcos? ¿Platicar sobre las 22 agencias de la ONU en el país? A esas alturas, la verdadera razón del viaje continuaba en el limbo.

Con respecto a la solicitud de antejuicio que el Ministerio Público y la CICIG habían presentado esa misma tarde contra Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito, el boletín gubernamental daba una señal de tranquilidad, prudencia e institucionalidad: “El Presidente manifiesta que ha sido y es respetuoso de las leyes y el debido proceso, por lo que confía en la objetividad de la justicia”.

El comunicado no hizo ninguna mención sobre la salida de Velásquez. Es más: ante los rumores de prensa que señalaban extraoficialmente que el canciller sí había pedido su remoción durante esta reunión, el funcionario aludido declaró en forma tajante: “No he pedido ni de chiste que el señor Velásquez se vaya de Guatemala”.

Parecía finalizar una crisis iniciada por ‘guatebolas’ y rumores sin fundamentos patrocinados por particulares y grupos con intereses en sembrar caos en el país, a través de “noticias falsas e intentos de politizar la justicia”, como publicaba ese día el Gobierno en sus redes sociales.

La historia diría que no. El domingo 27 de agosto, el Presidente anunciaba su decisión de ordenar la expulsión inmediata de Velásquez, a través de un video casero subido en la cuenta de Twitter del Gobierno a las 6 de la mañana.

No se trataba de una broma pesada, un chiste de mal gusto o el hackeo a la cuenta del Gobierno. Era real. Con esta peculiar comunicación del ex humorista y actual primer mandatario, culminaban 5 días de ‘desinformación oficial’, una gestión comunicacional vaga y llena de desaciertos que, seguramente, se convertirá en caso obligado de estudio en las facultades de ciencias de la comunicación del país.

La Corte de Constitucionalidad amparó de forma definitiva al Comisionado Velásquez, pero la gestión comunicacional del Gobierno continua para proteger la maltrecha reputación del Presidente, incluyendo fotografías del primer mandatario con alcaldes y llamativas declaraciones de apoyo del edil capitalino, Álvaro Arzú, sobre sus habilidades bélicas: “Yo firmé la paz, pero también puedo hacer la guerra”, dijo.
Acciones de marketing político por aparte, el Gobierno estará sujeto a un intenso escrutinio público para monitorear su actuar con relación a la entidad que ha liderado la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Seguramente, una comunicación verídica, oportuna y transparente sobre CICIG será lo mínimo que la ciudadanía le exigirá el Ejecutivo para no regresar a “La Plaza”.

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