Corre y va de nuevo, las especulaciones de la semana anterior en las que se rumoraba que Jimmy Morales pediría la expulsión de Iván Velásquez se confirmaron el domingo. A las seis de la mañana, mientras algunos se levantaban, unos corrían y otros dormían el presidente mediante un video declaró al comisionado non grato.

Las razones detrás de la decisión del presidente Jimmy Morales fueron anunciadas a eso de las tres de la tarde mediante un comunicado presidencial. Primero aseguró que el comisionado “presionó a diputados y utilizo a los medios de comunicación para generar opinión pública positiva para su causa”, aseguró además que se excedió en sus funciones.

Muchas de las críticas respecto de estos argumentos que respaldaron su decisión es que es difícil creerle las razones al presidente Morales, cuando estos se basaban en algo que sucedió meses atrás y jamás hizo nada por denunciarlos. La pregunta clave es, ¿por qué hasta ahora que tiene una investigación en su contra decidió hacerlo?

Queda claro que el Ministerio Público también actuó de forma irregular, pues el jueves 24 al presentar los casos de antejuicio y financiamiento ilícito únicamente presentaron los casos de dos partidos UNE y Líder. Es válido preguntarse también, ¿por qué el Ministerio Público esperó hasta el viaje del presidente a la ONU y justo a la misma hora que Morales se reunía en Nueva York decidieron pronunciar su caso?

El viernes 25 el Ministerio Público dio a conocer el caso de financiamiento ilícito contra el presidente Jimmy Morales por ser el secretario general del partido oficial FCN, el cual por no pagar una multa de $60 mil quedó suspendido el pasado viernes.

Horas más tarde de la solicitud del presidente Morales de solicitar la expulsión de Velásquez, renunciaron funcionarios públicos y uno fue destituido. Carlos Raúl Morales fue destituido por no querer firmar la salida del comisionado.

Por otro lado, la ministra de salud Lucrecia Hernández Mack junto al coordinador adjunto de Pronacom y presidente de la Junta Directiva del Infom Enrique Godoy, decidieron presentar su renuncia.

Sin duda, es ejemplar la actitud de la mayoría de funcionarios que permanecieron en sus puestos por el bien del país, sin embargo, uno nunca conoce las presiones por las que estos funcionarios se vieron obligados a renunciar, están en su derecho de no estar de acuerdo con decisiones del presidente y no queda más que agradecer su trabajo.

Mediante un recurso de amparo se buscó detener la expulsión del país del jefe del comisionado Iván Velásquez. La Corte de Constitucionalidad el pasado martes falló a favor del jefe de la CICIG.

Aún faltan varios asuntos por resolver, entre ellos uno de los más importantes, el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. La Corte Suprema de Justicia confirmó el pasado jueves que tienen programado conocer tres de los cuatro antejuicios interpuestos contra el presidente Morales.

Si alguno de los antejuicios procede se trasladarán al Congreso de la República para formar la comisión pesquisidora de 5 diputados por sorteo, para determinar el futuro del presidente en este camino legal. Lo importante en este caso será que prevalezca la ley.

Importante recordar que la crisis en la que estamos viviendo es gran parte por el financiamiento ilícito que se ha reportado en estos partidos. El fin del financiamiento partidario es colaborar con el desarrollo democrático ayudando a mantener la competencia política abierta para formar partidos fuertes y responsables.

El problema es que cuando el financiamiento político, como en el caso de Guatemala, está mal regulado o simplemente no lo es, el dinero amenaza la legitimidad del proceso democrático.

No hay que olvidar que debemos estar unidos por Guatemala, no se trata de estar de un bando o del otro, se trata de unirnos como guatemaltecos y luchar por lo que creemos en conjunto: un mejor país.

Además, es importante recordar que una crisis como esta nos afecta a todos como ciudadanos y cualquier decisión del Estado podrá tender incidencia en los guatemaltecos. Por esto debemos fiscalizar las decisiones, esperar que las instituciones cumplan con los debidos procesos y respetar la decisión de las cortes.

Otros de los sucesos importantes esta semana fueron los hechos de violencia contra una hidroeléctrica en Huehuetenango. Un grupo de personas inconformes con el proyecto ingresó al campamento de la empresa e incendió la maquinaria abandonada.

Estos proyectos buscan promover inversión en el país para generar oportunidades de los guatemaltecos y así poder generar un desarrollo. La inversión extranjera, sobre todo en un país como Guatemala, es clave.

Es lamentable ver la ausencia del Estado y la ingobernabilidad que existe en el país. Es por ello importante que las autoridades investiguen estos hechos violentos y los grupos que los promovieron.

El que no se investiguen este tipo de casos puede dar pauta a que otras personas hagan lo mismo con otros proyectos y es lamentable, pues es una violación a la propiedad privada la cual es defendida por la Constitución, además de una amenaza a derechos fundamentales como lo son el trabajo, la vida y la libre empresa.