Los intereses particulares, ilegítimos e inmorales no deben tener cabida

En esta Guatemala polarizada, se han generado dos bandos. Aquellos que se decantaron por apoyar la decisión del presidente Morales de declarar persona non grata al Comisionado de la CICIG; y por otro lado, aquellos que se decantaron a apoyar la continuidad de Iván Velásquez al frente de la Comisión y rechazaron la decisión del Presidente. Y en medio de los dos trenes, encontramos actores que se han convertido en la reserva de moderación, en quienes buscan tender puentes, bajar tensión en el ambiente y promover una concertación nacional.

Sin embargo, bajo los bandos enfrentados, hay que diferenciar los intereses legítimos de los ilegítimos que coexisten entre las fichas negras y blancas del tablero.

Dentro de los actores que respaldan la posición del Presidente existen actores que presentan argumentos legítimos contra la gestión del Comisionado. Por ejemplo, se le cuestiona por qué los casos no han alcanzado al Gobierno de la UNE, o los criterios de priorización de los mismos. Se le señala la falta de tino al momento de impulsar la propuesta de Reforma Constitucional al Sector Justicia, y se cuestionan algunos medios y tácticas utilizadas en los procesos judiciales, tales como el uso de la prisión preventiva, las conferencias de prensa, entre otros.

Pero, por otro lado, dentro de ese bando participan personajes con intereses de impunidad. Encontramos personas y actores que se encuentran encausadas penalmente, o que tienen amigos y familiares enfrentando procesos. Y también encontramos personajes que se sienten bajo la lupa de la justicia. Todos ellos se han montado en la campaña anti-Iván Velásquez puesto que aspiran a un interés ulterior de debilitar la actuación de la CICIG, recuperar control del Ministerio Público en 2018, y eventualmente, detener el proceso de lucha contra la corrupción. En estos casos, la motivación es impunidad, y no debieran tener un asiento en esta discusión, puesto que su interés es particular, ilegítimo e inmoral.

En el otro bando también hay distintas motivaciones. Están aquellos sectores y personajes que respaldan a Velásquez, bajo la convicción que su permanencia es necesaria para profundizar la lucha contra la corrupción. O aquellos que consideran que al expulsar a Velásquez se estaría violentando el espíritu detrás de la independencia de la CICIG, y se podría condicionar el trabajo de un próximo comisionado. O quienes sencillamente consideran que la decisión unilateral de expulsión acarrearía un costo internacional demasiado alto para el país.

Pero también existen actores que respaldan al Comisionado, pero bajo la sombra de una agenda ulterior, y que aspiran a utilizar la crisis con fines políticos. Vemos a ciertos grupos que aspiran a utilizar la coyuntura para buscar la defenestración de Morales y aprovechar el vacío de poder para promover sus intereses. Este grupo, al igual que los promotores de impunidad que acuerpan al Presidente, responden a intereses particulares, ilegítimos e inmorales.

El llamado a la cordura de los actores mediadores debe ir acompañado de un llamado por “separar a los buenos de los malos”: diferenciar a quienes tienen interés de impunidad de quienes tienen cuestionamientos legítimos sobre la CICIG; o de los que tienen posiciones legítimas de apoyo al Comisionado de aquellos con actitudes oportunistas y politiqueras. Eliminar a los extremos, a los promotores de impunidad y los oportunistas, debe ser una condición sine qua non para encontrar acuerdos en pro del interés real del país.

 

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