Algunos extranjeros suelen decir que los guatemaltecos tenemos la costumbre de no querer llamar las cosas por su nombre. Ellos lo atribuyen en la mayoría de los casos a una natural predisposición de los chapines a no querer incomodar o a mantener las formas en la conversación. Esto al final nos hace difíciles de leer o en el peor de los casos a presentar un rostro poco autentico en las relaciones sociales.

Esto pareciera ser solo un lado de la moneda. Hay otra quizá más complicado y en cierto modo más perverso. Y es cuando no sólo dejamos de llamar a las cosas por su nombre sino pasamos, por interés ideológico o por prejuicio, a llamarlas deliberadamente de otra manera. Eso ya no tiene que ver con timidez, respeto o ánimo de no indisponer. Es asunto más dirigido a confundir y a presentar bajo una mejor luz aquello que llamado de manera correcta, seria impresentable.
Un caso concreto de esto es el intento de deslegitimar la acción de la justicia y la de la seguridad ciudadana llamando con la pegadiza etiqueta de “criminalizar la protesta social” a todo esfuerzo por impedir o en su caso sancionar cualquier actividad ilícita o criminal, provenga de donde provenga. En esto hay que hacer dos consideraciones importantes. Nuestro ordenamiento legal tipifica claramente cuales son conductas delictivas, gusten o no y no importando quien las cometa. Por lo tanto, quien con su actitud se encuadre en estos supuestos tiene que ser sometido a la justicia. El hecho de que quien lo cometa sea alguien que piense igual que uno, que actúe por razones que uno estime atendibles o simplemente porque caiga bien eso no lo exime al final de su responsabilidad.

Un segundo aspecto importante en esta discusión es la mezcla intencionada que se hace entre un legítimo derecho y una actitud ilícita con el intento de cubrir ésta con el manto protector de aquella. Una cosa es ejercer el legítimo derecho de manifestación, de expresión, de protesta, y otra cosa muy diferente es destruir propiedad, privar de la libertad o en el peor de los casos de la vida humana. Quien no distingue, confunde. Y quien confunde así no hace favor ni a unos ni a otros. Quien justifica una destrucción de propiedad ajena llamándola por otro nombre, tendría que estar preparado para explicar luego porqué aquel que lanza una piedra a la ventana de su domicilio -por el hecho de protestar contra sus opiniones- no debería ser responsable por su conducta.

He puesto solo un ejemplo pero si abrimos la puerta a este juego político de palabras, otras no tardaran en llegar. Llamar a la corrupción como una “redistribución más horizontal del ingreso”, la informalidad como la “expresión del talento y la creatividad del emprendedor”, o al contrabando como la “alternativa barata para los menos favorecidos”, son expresiones que ya he escuchado. Y por esa vía no habrá más vuelta atrás, cuando todos justifiquen cualquier conducta violatoria de la paz social con envoltorios emocionales o políticos. En toda sociedad siempre es mejor llamar a Juan como Juan y a Pedro como Pedro.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo