Más allá de la depuración, surge la necesidad de reconstruir el sistema electoral.
El Pacto de Corruptos fue la gota que derramó el vaso. Durante años, atestiguamos la gradual degradación del Congreso de la República. Transgresiones al proceso parlamentario, argucias legislativas, aprobación de enmiendas de curul que alteraban el espíritu de Iniciativas discutidas durante meses, retardos maliciosos de iniciativas de interés nacional, el abuso de las citaciones e interpelaciones como mecanismo de chantaje. Pero nada de lo anterior es siquiera comparable al acto vil y truhan de legislar impunidad, como se intentó hacer el pasado miércoles. Por primera vez en esta legislatura, los principales partidos en el Congreso, FCN-Nación, UNE, Reformador, Todos, Alianza Ciudadana y UCN encontraron una fuente de consenso: la impunidad y la corrupción. UNE y FCN, tan distantes en estos 21 meses de legislaturas, encontraron en la necesidad de salvar sus propios pellejos la receta para perdonarse meses de improperios y encontronazos políticos.
En este contexto, no veo ninguna salida a la crisis que no pase por una depuración del Congreso. Ya sea por la vía política, que implicaría la renuncia de los diputados que articularon y aprobaron este Pacto de Corruptos; o por la vía judicial. Todo ello sin olvidar que el fantasma de Odebrecht se cierne sobre el Congreso. Y luego de los avances de semanas recientes en São Paulo, el tsunami contra los diputados parece cuestión de poco tiempo.
Sin embargo, la salida institucional a la crisis es más profunda que la simple depuración. Una revisión rápida de posibles sustitutos a los “depurables” arroja resultados poco esperanzadores. Personajes como Luis José Fernández Chenal (operador de Pérez Molina en el Congreso durante 2014 y 2015), Eric Quej (hermano del diputado y cacique Haroldo Quej), Juan Carlos Rivera Estévez (parte del clan de los Rivera de Mixco) o Edgar Arévalo (hermano de Iván Arévalo, cacique de Totonicapán) estarían llamados a ocupar las curules de los depurables.
Como es más que evidente que el problema trasciende a los diputados, y que es urgente llevar a cabo una reforma profunda al sistema electoral, es importante delinear los ejes de la reforma. 1) revisar el sistema de distritos y reformar el modelo de elección de diputados, para transitar de un sistema de voto por lista cerrada, a un sistema en donde el elector tenga mayor capacidad de premiar y castigar a los diputados de forma individual. 2) promover mayor democratización del sistema partidos, facilitando el acceso al mismo y fortaleciendo los derechos de los afiliados dentro de las organizaciones; 3) profundizar la reforma al financiamiento electoral, para generar los incentivos adecuados para hacer transparentes las donaciones y cerrar la puerta a los dineros de la corrupción y del crimen organizado; y 4) fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, dotándolo de las herramientas para hacer efectiva la fiscalización funcional y financiera, y revisando el modelo de integración de los magistrados para garantizarles mayor autonomía frente a los diputados que les eligen.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Más allá de la depuración, surge la necesidad de reconstruir el sistema electoral.
El Pacto de Corruptos fue la gota que derramó el vaso. Durante años, atestiguamos la gradual degradación del Congreso de la República. Transgresiones al proceso parlamentario, argucias legislativas, aprobación de enmiendas de curul que alteraban el espíritu de Iniciativas discutidas durante meses, retardos maliciosos de iniciativas de interés nacional, el abuso de las citaciones e interpelaciones como mecanismo de chantaje. Pero nada de lo anterior es siquiera comparable al acto vil y truhan de legislar impunidad, como se intentó hacer el pasado miércoles. Por primera vez en esta legislatura, los principales partidos en el Congreso, FCN-Nación, UNE, Reformador, Todos, Alianza Ciudadana y UCN encontraron una fuente de consenso: la impunidad y la corrupción. UNE y FCN, tan distantes en estos 21 meses de legislaturas, encontraron en la necesidad de salvar sus propios pellejos la receta para perdonarse meses de improperios y encontronazos políticos.
En este contexto, no veo ninguna salida a la crisis que no pase por una depuración del Congreso. Ya sea por la vía política, que implicaría la renuncia de los diputados que articularon y aprobaron este Pacto de Corruptos; o por la vía judicial. Todo ello sin olvidar que el fantasma de Odebrecht se cierne sobre el Congreso. Y luego de los avances de semanas recientes en São Paulo, el tsunami contra los diputados parece cuestión de poco tiempo.
Sin embargo, la salida institucional a la crisis es más profunda que la simple depuración. Una revisión rápida de posibles sustitutos a los “depurables” arroja resultados poco esperanzadores. Personajes como Luis José Fernández Chenal (operador de Pérez Molina en el Congreso durante 2014 y 2015), Eric Quej (hermano del diputado y cacique Haroldo Quej), Juan Carlos Rivera Estévez (parte del clan de los Rivera de Mixco) o Edgar Arévalo (hermano de Iván Arévalo, cacique de Totonicapán) estarían llamados a ocupar las curules de los depurables.
Como es más que evidente que el problema trasciende a los diputados, y que es urgente llevar a cabo una reforma profunda al sistema electoral, es importante delinear los ejes de la reforma. 1) revisar el sistema de distritos y reformar el modelo de elección de diputados, para transitar de un sistema de voto por lista cerrada, a un sistema en donde el elector tenga mayor capacidad de premiar y castigar a los diputados de forma individual. 2) promover mayor democratización del sistema partidos, facilitando el acceso al mismo y fortaleciendo los derechos de los afiliados dentro de las organizaciones; 3) profundizar la reforma al financiamiento electoral, para generar los incentivos adecuados para hacer transparentes las donaciones y cerrar la puerta a los dineros de la corrupción y del crimen organizado; y 4) fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, dotándolo de las herramientas para hacer efectiva la fiscalización funcional y financiera, y revisando el modelo de integración de los magistrados para garantizarles mayor autonomía frente a los diputados que les eligen.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo