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¿Urgencia Nacional?

María Dolores Arias
19 de septiembre, 2017

La semana pasada fue una montaña rusa, que le quedaría mejor el adjetivo chapina, de noticias, declaraciones, análisis y emociones entre mezclados. Todo esto a raíz de las decisiones que los diputados tomaron en el Congreso.

Básicamente, se aprobó reformar el delito de financiamiento electoral ilícito y la conmutación de penas. En la reforma al artículo 407 “N” se exonera de toda responsabilidad en cuanto al financiamiento electoral ilícito al Secretario General del partido, la responsabilidad y delito de no elaborar los registros financieros recae en el contador y comete delito quien financia de forma anónima, no así quien recibe el dinero.

En cuanto al artículo 50 y 51 que se refieren a la conmutación de penas, los diputados decidieron aumentar la conmutación de penas de 5 a 10 años, es decir, si el delito tiene una sanción menor de 10 años podrá salir pagando el monto que corresponda. Además de eliminar dentro de los delitos inconmutables el hurto y robo, así como aquellos delitos contra la administración pública y de la justicia. Con esto queda claro que se puede condonar la pena si se le roba al tributario pero no cuando el delito sea contra el fisco.

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Ante la magnitud de las reformas que aprobaron, la indignación de la población fue casi inmediata, ya que ese día, los diputados que aprobaron ambas iniciativas, consumaron lo que no logró la iniciativa 5259, declararse inmaculados por decreto.

Para que se aprobaran estas iniciativas, primero, un grupo de diputados sometió al pleno una moción privilegiada para aprobarlas de urgencia nacional. Segundo, esta moción debió ser aprobada con más de 105 votos y entonces iniciar la discusión. Ahora bien ¿debió aprobarse la moción? ¿Realmente es urgente modificar a “raja tabla” el Código Penal?

Queda claro, el abuso que hay al declarar cualquier cosa de urgencia nacional. Es por eso que se debería regular qué cosas son consideradas de urgencia para evitar el mal uso de este instrumento en futuras ocasiones. Es decir, dejarlo únicamente para tratar asuntos de calamidad o desastres naturales que requieren de una atención inmediata y su efecto es finito o momentáneo.

Respecto a la forma en que se dio marcha atrás tengo mis dudas, ¿se siguió el debido proceso para descartar los decretos? ¿El amparo de la Corte de Constitucionalidad está bien fundamentado? Aclaro que bajo ningún punto de vista apoyo los decretos, sin embargo, me pregunto si se respetaron las leyes en el proceso de invalidación para no sufrir futuros reveses. Además de no establecer un precedente que viole las leyes.

En cuanto a las manifestaciones pacíficas de algunos ciudadanos en contra de los diputados que aprobaron los decretos, considero que son legítimas y están en todo su derecho de expresar su descontento e indignación. Mientras que, en relación a las manifestaciones violentas de otro grupo que destruyó, el jueves, el mobiliario de la tarima oficial y, el viernes, retuvieron por varias horas a los diputados en el Congreso, considero son ilegítimas, ya que el derecho a la libertad de expresión no implican el permiso de iniciar la violencia en contra de los demás.

Aclaro que no se trata de criminalizar las protestas pacíficas sino de señalar a aquéllas que no lo son, y desmarcar a todos aquellos que legítimamente manifestaron su descontento, en contra de los diputados que legislaron a favor de la impunidad, de quienes actuaron violentamente.

Ahora que el presidente del Congreso propondrá una mesa técnica para discutir las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEPP, se debe tener claro, por parte de la ciudadanía, cuáles son las reformas que ayudaran a mejorar la oferta política que permitan cambiar el sistema para reducir la corrupción. Ahora más que nunca necesitamos tener “la cabeza fría” y analizar la situación ya que “en río revuelto, ganancia de saqueadores”.

El voto uninominal es una de las principales, ya sea mediante sub-distritos pequeños o listas semi-abiertas. Abrir a la competencia las elecciones mediante candidaturas independientes y tal vez, más adelante, hablar sobre elecciones intermedias para renovar parcialmente el Congreso, por sólo mencionar alguno.

La semana pasada fue una semana intensa con muchas lecciones por aprender, que no todas las urgencias son tal, que las leyes deben ser morales para que las acepte la ciudadanía, que el problema de la corrupción no se resolverá sólo con la persecución penal sino con un cambio en el sistema benefactor-mercantilista por uno republicano. La lección más valiosa que podemos aprender es que “a mayor poder, mayor corrupción”.

@Md30
Facebook.com/Mda30

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

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María Dolores Arias
19 de septiembre, 2017

La semana pasada fue una montaña rusa, que le quedaría mejor el adjetivo chapina, de noticias, declaraciones, análisis y emociones entre mezclados. Todo esto a raíz de las decisiones que los diputados tomaron en el Congreso.

Básicamente, se aprobó reformar el delito de financiamiento electoral ilícito y la conmutación de penas. En la reforma al artículo 407 “N” se exonera de toda responsabilidad en cuanto al financiamiento electoral ilícito al Secretario General del partido, la responsabilidad y delito de no elaborar los registros financieros recae en el contador y comete delito quien financia de forma anónima, no así quien recibe el dinero.

En cuanto al artículo 50 y 51 que se refieren a la conmutación de penas, los diputados decidieron aumentar la conmutación de penas de 5 a 10 años, es decir, si el delito tiene una sanción menor de 10 años podrá salir pagando el monto que corresponda. Además de eliminar dentro de los delitos inconmutables el hurto y robo, así como aquellos delitos contra la administración pública y de la justicia. Con esto queda claro que se puede condonar la pena si se le roba al tributario pero no cuando el delito sea contra el fisco.

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Para que se aprobaran estas iniciativas, primero, un grupo de diputados sometió al pleno una moción privilegiada para aprobarlas de urgencia nacional. Segundo, esta moción debió ser aprobada con más de 105 votos y entonces iniciar la discusión. Ahora bien ¿debió aprobarse la moción? ¿Realmente es urgente modificar a “raja tabla” el Código Penal?

Queda claro, el abuso que hay al declarar cualquier cosa de urgencia nacional. Es por eso que se debería regular qué cosas son consideradas de urgencia para evitar el mal uso de este instrumento en futuras ocasiones. Es decir, dejarlo únicamente para tratar asuntos de calamidad o desastres naturales que requieren de una atención inmediata y su efecto es finito o momentáneo.

Respecto a la forma en que se dio marcha atrás tengo mis dudas, ¿se siguió el debido proceso para descartar los decretos? ¿El amparo de la Corte de Constitucionalidad está bien fundamentado? Aclaro que bajo ningún punto de vista apoyo los decretos, sin embargo, me pregunto si se respetaron las leyes en el proceso de invalidación para no sufrir futuros reveses. Además de no establecer un precedente que viole las leyes.

En cuanto a las manifestaciones pacíficas de algunos ciudadanos en contra de los diputados que aprobaron los decretos, considero que son legítimas y están en todo su derecho de expresar su descontento e indignación. Mientras que, en relación a las manifestaciones violentas de otro grupo que destruyó, el jueves, el mobiliario de la tarima oficial y, el viernes, retuvieron por varias horas a los diputados en el Congreso, considero son ilegítimas, ya que el derecho a la libertad de expresión no implican el permiso de iniciar la violencia en contra de los demás.

Aclaro que no se trata de criminalizar las protestas pacíficas sino de señalar a aquéllas que no lo son, y desmarcar a todos aquellos que legítimamente manifestaron su descontento, en contra de los diputados que legislaron a favor de la impunidad, de quienes actuaron violentamente.

Ahora que el presidente del Congreso propondrá una mesa técnica para discutir las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEPP, se debe tener claro, por parte de la ciudadanía, cuáles son las reformas que ayudaran a mejorar la oferta política que permitan cambiar el sistema para reducir la corrupción. Ahora más que nunca necesitamos tener “la cabeza fría” y analizar la situación ya que “en río revuelto, ganancia de saqueadores”.

El voto uninominal es una de las principales, ya sea mediante sub-distritos pequeños o listas semi-abiertas. Abrir a la competencia las elecciones mediante candidaturas independientes y tal vez, más adelante, hablar sobre elecciones intermedias para renovar parcialmente el Congreso, por sólo mencionar alguno.

La semana pasada fue una semana intensa con muchas lecciones por aprender, que no todas las urgencias son tal, que las leyes deben ser morales para que las acepte la ciudadanía, que el problema de la corrupción no se resolverá sólo con la persecución penal sino con un cambio en el sistema benefactor-mercantilista por uno republicano. La lección más valiosa que podemos aprender es que “a mayor poder, mayor corrupción”.

@Md30
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República es ajena a la opinión expresada en este artículo