La institución de juicio de residencia es en la Guatemala española una importancia política ejercida sobre el presidente de la Real Audiencia de los Confines para minimizar efectos adversos a la dinámica social y evitar abuso de poder. Los resultados son analizados por el Consejo de Indias en España. Implica una fase documental y otra de entrevista.

La residencia es concebida siempre como un evento público donde se invita a toda la sociedad a formar parte de ella. Se compone de dos fases: una pública y otra secreta. Esta parte se recibe, como el caso de los diputados de América reuniones en privado, sin participación de la prensa para que los testigos, de forma confidencial presentaran sus alegatos, se revisaran documentos y se visitara la cárcel. Con esa información se formulan los cargos y querellas. Luego en la fase pública los interesados presentan todo tipo de demandas y querellas y el funcionario objeto del juicio debe presentar su defensa tanto de lo público y privado.

Las sentencias emitidas por el Consejo de Indias fijan una multa, una inhabilitación temporal o definitiva para optar a un cargo público. Sin embargo, esos procesos se revierten a favor del demandado pues estos favorecen siempre a las élites locales que a la corona española. Los testigos en su mayoría falsos, sobornables, manipulaban documentos y testimonios.

Aunque la corona siempre recibía información distorsionada, su mera ejecución siempre es propicia para reducir la corrupción, Cristobal Colón, Hernán Cortés y Pedro de Alvarado atravesaron dichos procesos.

El juicio de residencia cesó en las Cortes de Cádiz en 1812 a petición del partido liberal. Este es un juicio político que daba fin a la función del funcionario. Sin embargo, no consiste en una privación de la libertad del funcionario. Es sobretodo un juicio patrimonial y no penal.

La ambivalencia de los actores públicos de los alegatos en contra del Honorable Congreso de la República de Guatemala y el Señor Presidente Constitucional de Guatemala dio paso a América, Estado de América del Norte, quien invierte en el Plan del Triángulo Norte de América Central a enviar a sus diputados para conocer en privado la actuación de los funcionarios para no demeritar las institucionalidad de Guatemala y su gobernabilidad como lo han pretendido los apátridas que en nombre de toda la población atacan el Estado de Guatemala que eligió libre y soberanamente a sus gobernantes.

Parece ser que las personas que hicieron el escándalo público y manipularon a sus empleados, como el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, defendido por las personas que asesoran los procesos acusatorios en Guatemala están alejados de la comprensión política y defenestrados por sus propios intereses.

 

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