En mi artículo anterior indiqué que la corrupción es el acto y efecto de corromper, que es estropear, pervertir, viciar y deteriorar alguna cosa. Que en términos de ética individual, una persona es corrompida o corrupta cuando elige para sí lo que le es perjudicial. Que de esta manera se deteriora, se degenera, como cuando elige consumir habitualmente estupefacientes que deterioran su habilidad de razonar, o cuando elige vivir guiado por un sistema ético anti-vida. Que en términos de ética social o lo que es lo mismo, en términos políticos, una persona es corrupta cuando corrompe, cuando deteriora, cuando estropea, cuando pervierte el principio mismo de la sociedad. Que siendo la sociedad el medio por el cual los individuos alcanzan su fin personal, los individuos se asocian para dividirse el trabajo e intercambiar el producto de estos en una interrelación de constante cooperación. Indiqué también que el principio que cohesiona la sociedad es el respeto mutuo por parte de cada asociado a los derechos del otro. Que para proteger a los asociados de aquellos que pretenden violar sus derechos se instituye un gobierno que goza del monopolio del uso de la fuerza. Que cada individuo delega en el gobierno su derecho de uso a la fuerza –derecho de auto defensa, para que ésta se aplique con más objetividad. Y que se establece de esta manera un justo proceso para evitar linchamientos producto de pasiones desordenadas y desenfrenadas. Y que el MP, las Cortes, la PDH y la CICIG, lejos de cumplir con el propósito y función de proteger los derechos de los ciudadanos como dicen los artículos 1 y 2 de la Constitución de la República, los están violando. Por tanto, también están corrompidos.
Indiqué también que la CICIG, lejos de proteger los derechos de los ciudadanos, se ha mostrado como corrupta al incidir reiteradamente en prácticas inmorales y abiertamente injustas, corrompiendo así a la sociedad guatemalteca. Habitualmente ha utilizado a criminales, quienes carecen de toda cualidad moral, como testigos bajo la figura de colaboradores eficaces que han mentido al declarar lo que los funcionarios de la CICIG desean que atestigüen. Y corrompieron las virtudes de la justicia y de la honestidad de los ciudadanos al habituarlos a hacer caso omiso del carácter de los criminales testigos y a que consideren sus testimonios como si fueran hechos por virtuosos que no mienten aunque obtengan alguna ventaja de su embuste. Nos ha pedido la CICIG que confiemos en lo que dicen estos delincuentes a pesar de su carácter. Nos ha exigido la CICIG que finjamos que estos malhechores son gente proba, que ignoremos su carácter y que finjamos que no mienten cual niños exploradores; mientras debemos fingir que los que han mostrado por su carácter ser honrados y productivos, no lo son, si no que más bien son unos criminales que deben guardar prisión preventiva por años sin haberse demostrado que son culpables de algún crimen.
Como si eso fuera poco, hemos sido testigos los guatemaltecos de como la CICIG y el MP han usado a la justicia como instrumento político, seleccionando ideológicamente a quienes investigar y perseguir y a quienes no; actuando para tomar la Corte Suprema de Justicia y La Corte de Constitucionalidad desacreditando a los abogados que conformaban las comisiones de postulación para obligarlos a aceptar sólo a los candidatos aprobados por CICIG y así poder controlar la política, la economía y el aparato legislativo –como vimos con los recientes dictámenes de la Corte de Constitucionalidad con respecto a los amparos contra mineras, el ejecutivo y el legislativo, llevando a decisiones judiciales asuntos de índole política de acuerdo a un interés de grupo o determinado sector; y tratando de dar un golpe de estado blando persiguiendo al presidente Morales –como se ha hecho evidente ahora que vimos que trataron de usar nuevamente su trillado recurso del testigo colaborador eficaz (en esta ocasión uno del Banco de los Trabajadores) quien en esta ocasión fue desmentido por el ex presidente del banco.
Es vox populi que el Procurador de los Derechos Humanos no protege los derechos de los ciudadanos, sino que únicamente los de los delincuentes. Él debe garantizar los derechos de los ciudadanos tales como: el derecho a la vida, a la libertad individual, a la justicia, a la seguridad, a la propiedad privada, a la libertad de expresión, al debido proceso, al derecho de defensa, y a la presunción de inocencia. Raúl Falla, en su artículo La procuraduría de las injusticias humanas hace un listado de lo que el Procurador debió hacer y no hizo:
“…omitió garantizar y asegurar los derechos humanos por ejemplo, de los cientos de pilotos de transporte colectivo cobardemente asesinados por pandilleros y grupos extorción, pese a las múltiples denuncias que ante su despacho se presentaron. Omitió garantizar también el derecho humano a la vida de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, quienes fallecieron trágicamente por no haber realizado las gestiones necesarias para asegurar su bienestar general, a pesar, de que tuvo conocimiento pleno de las condiciones de inseguridad en que se encontraban. Incumplió garantizar la libertad de locomoción de miles de personas que fueron afectadas con las violentas manifestaciones realizadas por sectores alineados al crimen organizado. No garantizó la seguridad personal de cientos de personas que fueron víctimas de extorciones, coacciones o secuestros por parte de pandilleros que les exigieron dinero u otra recompensa a cambio de no eliminarlas físicamente. Dejó de tutelar el derecho humano a la libertad y el debido proceso, de más de once mil personas que guardan prisión preventiva, y cuyos cargos penales, permiten la aplicación de una medida sustitutiva que les permita trabajar y de esa forma contribuir con su entorno familiar. Pasó por alto garantizar la presunción de inocencia de cientos de personas que fueron exhibidas ante los medios de comunicación social como delincuentes, sin que previamente hubieran sido puestas a disposición de una autoridad judicial competente. Omitió garantizar el derecho humano a la libertad individual de las más de siete mil personas que ya cumplieron por demás la condena que les fuera impuesta, y que aún siguen retenidas en los centros penales del país, por carecer de los recursos necesarios para la asistencia legal respectiva. Incumplió censurar al Ministerio Público y la CICIG, por haber lesionado el derecho de defensa y debido proceso de los hermanos Valdés Paiz, injustamente procesados por más de ocho años por un crimen que no cometieron. Evitó garantizar el derecho de propiedad privada de varias familias que fueron expulsadas de sus casas, fincas o parcelas, por grupos terroristas fuertemente armados.”
¿Acaso esto no es corrupción? ¿No corrompe esto la confianza que los ciudadanos debieran tener en el sistema de justicia, que es el principio fundamental de la república? ¿No deterioran estas acciones el Estado de Derecho?
¡La corrupción del sistema de justicia corrompe a la sociedad!
Esto debe indignarnos y no basta con protestar en la “Plaza de la Discordia”, sino que debe movernos a examinar críticamente y a corregir el funcionamiento del MP, las Cortes, la PDH y la CICIG. No es admisible la existencia de una entidad que goce de impunidad ni de privilegios. Todos, absolutamente todos en la república, deben estar sujetos a la ley. Y eso incluye también a la CICIG.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
En mi artículo anterior indiqué que la corrupción es el acto y efecto de corromper, que es estropear, pervertir, viciar y deteriorar alguna cosa. Que en términos de ética individual, una persona es corrompida o corrupta cuando elige para sí lo que le es perjudicial. Que de esta manera se deteriora, se degenera, como cuando elige consumir habitualmente estupefacientes que deterioran su habilidad de razonar, o cuando elige vivir guiado por un sistema ético anti-vida. Que en términos de ética social o lo que es lo mismo, en términos políticos, una persona es corrupta cuando corrompe, cuando deteriora, cuando estropea, cuando pervierte el principio mismo de la sociedad. Que siendo la sociedad el medio por el cual los individuos alcanzan su fin personal, los individuos se asocian para dividirse el trabajo e intercambiar el producto de estos en una interrelación de constante cooperación. Indiqué también que el principio que cohesiona la sociedad es el respeto mutuo por parte de cada asociado a los derechos del otro. Que para proteger a los asociados de aquellos que pretenden violar sus derechos se instituye un gobierno que goza del monopolio del uso de la fuerza. Que cada individuo delega en el gobierno su derecho de uso a la fuerza –derecho de auto defensa, para que ésta se aplique con más objetividad. Y que se establece de esta manera un justo proceso para evitar linchamientos producto de pasiones desordenadas y desenfrenadas. Y que el MP, las Cortes, la PDH y la CICIG, lejos de cumplir con el propósito y función de proteger los derechos de los ciudadanos como dicen los artículos 1 y 2 de la Constitución de la República, los están violando. Por tanto, también están corrompidos.
Indiqué también que la CICIG, lejos de proteger los derechos de los ciudadanos, se ha mostrado como corrupta al incidir reiteradamente en prácticas inmorales y abiertamente injustas, corrompiendo así a la sociedad guatemalteca. Habitualmente ha utilizado a criminales, quienes carecen de toda cualidad moral, como testigos bajo la figura de colaboradores eficaces que han mentido al declarar lo que los funcionarios de la CICIG desean que atestigüen. Y corrompieron las virtudes de la justicia y de la honestidad de los ciudadanos al habituarlos a hacer caso omiso del carácter de los criminales testigos y a que consideren sus testimonios como si fueran hechos por virtuosos que no mienten aunque obtengan alguna ventaja de su embuste. Nos ha pedido la CICIG que confiemos en lo que dicen estos delincuentes a pesar de su carácter. Nos ha exigido la CICIG que finjamos que estos malhechores son gente proba, que ignoremos su carácter y que finjamos que no mienten cual niños exploradores; mientras debemos fingir que los que han mostrado por su carácter ser honrados y productivos, no lo son, si no que más bien son unos criminales que deben guardar prisión preventiva por años sin haberse demostrado que son culpables de algún crimen.
Como si eso fuera poco, hemos sido testigos los guatemaltecos de como la CICIG y el MP han usado a la justicia como instrumento político, seleccionando ideológicamente a quienes investigar y perseguir y a quienes no; actuando para tomar la Corte Suprema de Justicia y La Corte de Constitucionalidad desacreditando a los abogados que conformaban las comisiones de postulación para obligarlos a aceptar sólo a los candidatos aprobados por CICIG y así poder controlar la política, la economía y el aparato legislativo –como vimos con los recientes dictámenes de la Corte de Constitucionalidad con respecto a los amparos contra mineras, el ejecutivo y el legislativo, llevando a decisiones judiciales asuntos de índole política de acuerdo a un interés de grupo o determinado sector; y tratando de dar un golpe de estado blando persiguiendo al presidente Morales –como se ha hecho evidente ahora que vimos que trataron de usar nuevamente su trillado recurso del testigo colaborador eficaz (en esta ocasión uno del Banco de los Trabajadores) quien en esta ocasión fue desmentido por el ex presidente del banco.
Es vox populi que el Procurador de los Derechos Humanos no protege los derechos de los ciudadanos, sino que únicamente los de los delincuentes. Él debe garantizar los derechos de los ciudadanos tales como: el derecho a la vida, a la libertad individual, a la justicia, a la seguridad, a la propiedad privada, a la libertad de expresión, al debido proceso, al derecho de defensa, y a la presunción de inocencia. Raúl Falla, en su artículo La procuraduría de las injusticias humanas hace un listado de lo que el Procurador debió hacer y no hizo:
“…omitió garantizar y asegurar los derechos humanos por ejemplo, de los cientos de pilotos de transporte colectivo cobardemente asesinados por pandilleros y grupos extorción, pese a las múltiples denuncias que ante su despacho se presentaron. Omitió garantizar también el derecho humano a la vida de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, quienes fallecieron trágicamente por no haber realizado las gestiones necesarias para asegurar su bienestar general, a pesar, de que tuvo conocimiento pleno de las condiciones de inseguridad en que se encontraban. Incumplió garantizar la libertad de locomoción de miles de personas que fueron afectadas con las violentas manifestaciones realizadas por sectores alineados al crimen organizado. No garantizó la seguridad personal de cientos de personas que fueron víctimas de extorciones, coacciones o secuestros por parte de pandilleros que les exigieron dinero u otra recompensa a cambio de no eliminarlas físicamente. Dejó de tutelar el derecho humano a la libertad y el debido proceso, de más de once mil personas que guardan prisión preventiva, y cuyos cargos penales, permiten la aplicación de una medida sustitutiva que les permita trabajar y de esa forma contribuir con su entorno familiar. Pasó por alto garantizar la presunción de inocencia de cientos de personas que fueron exhibidas ante los medios de comunicación social como delincuentes, sin que previamente hubieran sido puestas a disposición de una autoridad judicial competente. Omitió garantizar el derecho humano a la libertad individual de las más de siete mil personas que ya cumplieron por demás la condena que les fuera impuesta, y que aún siguen retenidas en los centros penales del país, por carecer de los recursos necesarios para la asistencia legal respectiva. Incumplió censurar al Ministerio Público y la CICIG, por haber lesionado el derecho de defensa y debido proceso de los hermanos Valdés Paiz, injustamente procesados por más de ocho años por un crimen que no cometieron. Evitó garantizar el derecho de propiedad privada de varias familias que fueron expulsadas de sus casas, fincas o parcelas, por grupos terroristas fuertemente armados.”
¿Acaso esto no es corrupción? ¿No corrompe esto la confianza que los ciudadanos debieran tener en el sistema de justicia, que es el principio fundamental de la república? ¿No deterioran estas acciones el Estado de Derecho?
¡La corrupción del sistema de justicia corrompe a la sociedad!
Esto debe indignarnos y no basta con protestar en la “Plaza de la Discordia”, sino que debe movernos a examinar críticamente y a corregir el funcionamiento del MP, las Cortes, la PDH y la CICIG. No es admisible la existencia de una entidad que goce de impunidad ni de privilegios. Todos, absolutamente todos en la república, deben estar sujetos a la ley. Y eso incluye también a la CICIG.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo