Recientemente participé de un seminario sobre Análisis Institucional en la Universidad Francisco Marroquín. La disertante, la profesora Roberta Herzberg, amiga personal y miembro importante del equipo de los Ostrom, Vincent y Elinor, esta última Premio Nobel de Economía en 2009, ofreció una singular exposición sobre los elementos que requiere el análisis institucional para el manejo de los recursos de uso común, entre ellos, los naturales y el ambiente.
En orden a descifrar los paradigmas planteados por los Ostrom y posteriormente lograr aludir al título de mi artículo es importante responder a la pregunta, por demás vital: ¿qué es una institución? Una institución, en el sentido de la escuela de la economía institucional, a la cual nuestros autores hoy referidos pertenecen, es un conjunto de prescripciones que estructuran las interacciones humanas o las reglas del juego, tanto formales como informales, que prescriben la conducta de los individuos respecto de lo que Elinor Ostrom llama la acción colectiva. Las reglas, normas o estrategias compartidas, son establecidas y re-establecidas por la interacción humana en situaciones frecuentes o repetitivas. Y a diferentes niveles. Según estos académicos, la acción colectiva ocurre en diversas arenas de elección: la arena operacional, la colectiva y la constitucional.
Es bajo estos conceptos, por cierto, entre otros y todos correlacionados, que los Ostrom y sus colegas plantean el paradigma de la policentricidad; un término que, por cierto, ya habría empleado Michael Polanyi en 1951, en su obra La lógica de la libertad. Para Ostrom, un orden político policéntrico, a diferencia de uno monocéntrico, está compuesto de (1) varias unidades autónomas formalmente independientes entre sí, que (2) eligen actuar en modos que toman en cuenta las acciones de otras (unidades) y, (3) lo hacen mediante procesos de cooperación, competencia, conflicto y resolución de conflictos.
De esta formulación, muy simple y resumida por supuesto, deriva en parte lo que me planteo desde el título de mi artículo de hoy y que, a manera de pregunta, hiciera yo a la profesora Herzberg en el seminario que les comparto: ¿qué tan importante es el sistema de gobierno federal para solucionar los problemas de administración de los recursos de uso común, en especial los naturales o el ambiente?
El federalismo—o corriente que adhiere al concepto de federación, del latín foederatio, “unión”, así como la autonomía municipal, de la cual es inseparable, son ideales fundamentales del liberalismo clásico, desde sus inicios. El federalismo busca la máxima descentralización del poder: es una de las vías para el logro de un Gobierno “limitado”. Por el contrario, el estatismo y el socialismo son anti-federales, por eso buscan por todos los medios aumentar el poder gubernamental, su concentración y centralización. Y suprimen de las Constituciones y leyes las instituciones federales y municipalistas, o las hacen letra muerta.
En Guatemala y en América Latina, en general, disponemos de leyes de “descentralización” (leyes de regionalización, códigos municipales, ley generales de descentralización y leyes de consejos de desarrollo urbano y rural) pero que en la práctica y en realidad, o son letra muerta o concentran el poder, inhibiendo la emergencia de un sistema de gobierno “policéntrico” que permita, en palabras de Polanyi, “realizar múltiples ajustes dentro de un sistema general de reglas donde cada elemento actúa independientemente de los otros”.
“Es vital” fue la respuesta de la profesora Herzberg a la pregunta que le hiciera. El buen manejo de los recursos naturales requiere, o sería realmente mejor, en un sistema de gobierno basado en el federalismo, pero no uno que solo descentralice las funciones del organismo ejecutivo, sino uno que, (1) reconozca una verdadera “autonomía” o la capacidad que cada entidad federal para darse sus propias leyes, bajo un marco constitucional de pleno respeto a los derechos individuales y al menos en materias como por ejemplo, actividades económicas, laborales, educativas, o procedimientos judiciales ante los tribunales. Y la capacidad para no aceptar la vigencia de leyes nacionales en su jurisdicción: el poder de decretarlas no aplicables, en base a fundadas razones (Federalismo legal).
(2) Reconozca una verdadera “autarquía” o la capacidad de cada entidad federal para darse Gobierno propio, a cargo de las tres funciones estatales de seguridad, justicia, e infraestructura física, en carácter de primera instancia, a nivel local. Y para escoger además a sus propias autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales (Federalismo funcional). Y (3), reconozca la descentralización financiera o fiscal: capacidad para recaudar y ejecutar el impuesto. Sí…no “los impuestos, sino uno solo, universal y uniforme. Y que este impuesto sea cobrado por los municipios; y que ellos acuerden con los gobiernos regionales, y con el gobierno nacional, una participación en lo recaudado, según los servicios en cada nivel, y las respectivas facultades, responsabilidades y competencias (Federalismo fiscal). Ahí los tres federalismos.
Un régimen de gobierno (federal) como el anterior, como el propuesto desde el Foro Liberal de América Latina y el Centro de Liberalismo Clásico, no solo contribuiría a conservar mejor los recursos naturales sino también a prevenir los conflictos por el uso de aquellos bajo acceso público o tradicionalmente puestos en común. Solo un régimen de gobierno federal permitiría la competencia de instituciones y gobiernos. ¡Piénsalo y actúa!
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Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro del Centro de Liberalismo Clásico y del Foro Liberal de América Latina.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Recientemente participé de un seminario sobre Análisis Institucional en la Universidad Francisco Marroquín. La disertante, la profesora Roberta Herzberg, amiga personal y miembro importante del equipo de los Ostrom, Vincent y Elinor, esta última Premio Nobel de Economía en 2009, ofreció una singular exposición sobre los elementos que requiere el análisis institucional para el manejo de los recursos de uso común, entre ellos, los naturales y el ambiente.
En orden a descifrar los paradigmas planteados por los Ostrom y posteriormente lograr aludir al título de mi artículo es importante responder a la pregunta, por demás vital: ¿qué es una institución? Una institución, en el sentido de la escuela de la economía institucional, a la cual nuestros autores hoy referidos pertenecen, es un conjunto de prescripciones que estructuran las interacciones humanas o las reglas del juego, tanto formales como informales, que prescriben la conducta de los individuos respecto de lo que Elinor Ostrom llama la acción colectiva. Las reglas, normas o estrategias compartidas, son establecidas y re-establecidas por la interacción humana en situaciones frecuentes o repetitivas. Y a diferentes niveles. Según estos académicos, la acción colectiva ocurre en diversas arenas de elección: la arena operacional, la colectiva y la constitucional.
Es bajo estos conceptos, por cierto, entre otros y todos correlacionados, que los Ostrom y sus colegas plantean el paradigma de la policentricidad; un término que, por cierto, ya habría empleado Michael Polanyi en 1951, en su obra La lógica de la libertad. Para Ostrom, un orden político policéntrico, a diferencia de uno monocéntrico, está compuesto de (1) varias unidades autónomas formalmente independientes entre sí, que (2) eligen actuar en modos que toman en cuenta las acciones de otras (unidades) y, (3) lo hacen mediante procesos de cooperación, competencia, conflicto y resolución de conflictos.
De esta formulación, muy simple y resumida por supuesto, deriva en parte lo que me planteo desde el título de mi artículo de hoy y que, a manera de pregunta, hiciera yo a la profesora Herzberg en el seminario que les comparto: ¿qué tan importante es el sistema de gobierno federal para solucionar los problemas de administración de los recursos de uso común, en especial los naturales o el ambiente?
El federalismo—o corriente que adhiere al concepto de federación, del latín foederatio, “unión”, así como la autonomía municipal, de la cual es inseparable, son ideales fundamentales del liberalismo clásico, desde sus inicios. El federalismo busca la máxima descentralización del poder: es una de las vías para el logro de un Gobierno “limitado”. Por el contrario, el estatismo y el socialismo son anti-federales, por eso buscan por todos los medios aumentar el poder gubernamental, su concentración y centralización. Y suprimen de las Constituciones y leyes las instituciones federales y municipalistas, o las hacen letra muerta.
En Guatemala y en América Latina, en general, disponemos de leyes de “descentralización” (leyes de regionalización, códigos municipales, ley generales de descentralización y leyes de consejos de desarrollo urbano y rural) pero que en la práctica y en realidad, o son letra muerta o concentran el poder, inhibiendo la emergencia de un sistema de gobierno “policéntrico” que permita, en palabras de Polanyi, “realizar múltiples ajustes dentro de un sistema general de reglas donde cada elemento actúa independientemente de los otros”.
“Es vital” fue la respuesta de la profesora Herzberg a la pregunta que le hiciera. El buen manejo de los recursos naturales requiere, o sería realmente mejor, en un sistema de gobierno basado en el federalismo, pero no uno que solo descentralice las funciones del organismo ejecutivo, sino uno que, (1) reconozca una verdadera “autonomía” o la capacidad que cada entidad federal para darse sus propias leyes, bajo un marco constitucional de pleno respeto a los derechos individuales y al menos en materias como por ejemplo, actividades económicas, laborales, educativas, o procedimientos judiciales ante los tribunales. Y la capacidad para no aceptar la vigencia de leyes nacionales en su jurisdicción: el poder de decretarlas no aplicables, en base a fundadas razones (Federalismo legal).
(2) Reconozca una verdadera “autarquía” o la capacidad de cada entidad federal para darse Gobierno propio, a cargo de las tres funciones estatales de seguridad, justicia, e infraestructura física, en carácter de primera instancia, a nivel local. Y para escoger además a sus propias autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales (Federalismo funcional). Y (3), reconozca la descentralización financiera o fiscal: capacidad para recaudar y ejecutar el impuesto. Sí…no “los impuestos, sino uno solo, universal y uniforme. Y que este impuesto sea cobrado por los municipios; y que ellos acuerden con los gobiernos regionales, y con el gobierno nacional, una participación en lo recaudado, según los servicios en cada nivel, y las respectivas facultades, responsabilidades y competencias (Federalismo fiscal). Ahí los tres federalismos.
Un régimen de gobierno (federal) como el anterior, como el propuesto desde el Foro Liberal de América Latina y el Centro de Liberalismo Clásico, no solo contribuiría a conservar mejor los recursos naturales sino también a prevenir los conflictos por el uso de aquellos bajo acceso público o tradicionalmente puestos en común. Solo un régimen de gobierno federal permitiría la competencia de instituciones y gobiernos. ¡Piénsalo y actúa!
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Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro del Centro de Liberalismo Clásico y del Foro Liberal de América Latina.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo