Las empresas exportadoras de Café y Cardamomo participaron en la Vista Pública celebrada en la Corte de Constitucionalidad este viernes.
El motivo fue para evidenciar las denuncias de defraudación tributaria que fueron iniciadas por las autoridades anteriores de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Según los exportadores estas acusaciones carecen de sustento legal, ya que según los empresarios han cumplido con la totalidad de requisitos fiscales y administrativos requeridos por el Estado de Guatemala.
Los exportadores presentaron 23 recursos de inconstitucionalidad para demostrar que se violó la posibilidad de defensa de juicio de los exportadores. Al plantear estas denuncias por vía penal cuando lo que la SAT quiso era litigar era injustificado.
Esto debió resolverse en juzgados civiles de acuerdo a la jurisprudencia de la propia Corte de Constitucionalidad y al escoger esta manera de plantear las denuncias se violó el Estado de Derecho.
Estas denuncias hechos por las anteriores autoridades de SAT que hoy en su mayoría están detenidos y señalado por actos de corrupción, lograron que se bloqueara la devolución del Crédito Fiscal.
La cantidad asciende a Q800 millones por exportaciones completamente certificadas.
La defensa estuvo a cargo del abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino. El abogado dijo a los magistrados de la CC que las anteriores autoridades de SAT iniciaron los procesos penales sin que existieran hechos delictivos.
Ellos justificaron las denuncias en una “simulación de orden civil” las cuales tuvieron que se discutidas previamente por juzgados competentes. “Con ello se violó el debido proceso”, dijo el abogado.
Las expectativas de Trabanino es que los recursos de incostitucionalidad puedan resolverse con independencia y apegados a derecho.
“Es vital que la ley no responda a una agenda política”, dijo.
Las empresas exportadoras de Café y Cardamomo participaron en la Vista Pública celebrada en la Corte de Constitucionalidad este viernes.
El motivo fue para evidenciar las denuncias de defraudación tributaria que fueron iniciadas por las autoridades anteriores de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Según los exportadores estas acusaciones carecen de sustento legal, ya que según los empresarios han cumplido con la totalidad de requisitos fiscales y administrativos requeridos por el Estado de Guatemala.
Los exportadores presentaron 23 recursos de inconstitucionalidad para demostrar que se violó la posibilidad de defensa de juicio de los exportadores. Al plantear estas denuncias por vía penal cuando lo que la SAT quiso era litigar era injustificado.
Esto debió resolverse en juzgados civiles de acuerdo a la jurisprudencia de la propia Corte de Constitucionalidad y al escoger esta manera de plantear las denuncias se violó el Estado de Derecho.
Estas denuncias hechos por las anteriores autoridades de SAT que hoy en su mayoría están detenidos y señalado por actos de corrupción, lograron que se bloqueara la devolución del Crédito Fiscal.
La cantidad asciende a Q800 millones por exportaciones completamente certificadas.
La defensa estuvo a cargo del abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino. El abogado dijo a los magistrados de la CC que las anteriores autoridades de SAT iniciaron los procesos penales sin que existieran hechos delictivos.
Ellos justificaron las denuncias en una “simulación de orden civil” las cuales tuvieron que se discutidas previamente por juzgados competentes. “Con ello se violó el debido proceso”, dijo el abogado.
Las expectativas de Trabanino es que los recursos de incostitucionalidad puedan resolverse con independencia y apegados a derecho.
“Es vital que la ley no responda a una agenda política”, dijo.