El Secretario de Comercio de Estados Unidos (EE.UU.), Wilbur Ross, envió una carta el congresista republicano Mark Amodei, en donde le asegura estar enterado de las dificultades por las que atraviesa Tahoe Resources Inc y su subsidiaria en Guatemala, Minera San Rafael.

Ross le aseguró al congresista que estos problemas han sido abordados por las autoridades de ambos países en muchas ocasiones.

“También les han indicado, por parte del gobierno de EEUU, que Guatemala es afortunado albergar recursos mineros substanciales. Estos pueden ofrecer un mayor potencial para el crecimiento y mejorar el sustento de los ciudadanos guatemaltecos y así como las inversiones realizadas por Tahoe Resources Inc, son esenciales para el desarrollo de esos recursos”, dice la misiva.

En la carta hacen mención del exembajador estadounidense acreditado en Guatemala, Todd Robinson, quien habló de este caso en particular con el Presidente Jimmy Morales.

“Robinson destacó la importancia de dar estabilidad al clima de inversión a la comunidad de inversionistas estadounidenses que urgen al presidente Morales y a su administración una salida rápida y transparente a la resolución de este caso”, resalta la carta.

 

Resolución de Cortes

En julio, la Corte de Suprema de Justicia suspendió las licencias de operación de Mina San Rafael. Esto puso en riesgo a varios actores, entre ellos la empresa Tahoe Resources, la población de San Rafael Las Flores, el sistema de justicia y Mina San Rafael y sus proveedores.

Uno de los que promueve el cierre de la mina es el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS). Dicha organización puso un amparo en el que afirma que en San Rafael las Flores existe población Xinca. Además sostiene que esta no fue consultada por la construcción de la mina. Ello a pesar que el Registro Nacional de Personas (Renap) ha confirmado que no existe población Xinca en San Rafael Las Flores.

El sector privado organizado, organizaciones diplomáticas y el gobierno de Guatemala por medio del Ministerio de Energía y Minas, sostienen que la Mina cumplió con todos los requisitos para operar.

La falta de certeza jurídica ha creado una desaceleración económica. Esto luego del fallo de la CSJ que impide que el gobierno reciba importantes recursos en regalías e impuestos.

Según cálculos, el Estado pierde Q5 millones diarios por el cierre de la mina. Esto pone en riesgo el crecimiento anual del país, según informes del Banco de Guatemala.

La Corte de Constitucionalidad tiene el expediente. Aún está pendiente de resolver el caso de Mina San Rafael. Mientras tanto, se cumplen cuatro meses de la suspensión de labores. Sin mencionar que 85 mil empleados de la mina siguen en la incertidumbre al no tener ingresos.

Actos de violencia

Este lunes 9 de septiembre fue reportado a las autoridades policiales que uno de los helicópteros que proveen combustible a la mina, fue atacado con fusiles de arma de grueso calibre.

Aunque no estén operando, la mina debe realizar las medidas de mantenimiento de los compromisos de mitigación ambiental para cumplir con los estándares mundiales que implementa.

Esto se suma a las agresiones recibidas por los proveedores de la mina. Desde hace un par de semanas, ellos intentan abastecer con insumos.

Estas amenazas vienen de algunos pobladores que bloquearon la carretera a San Rafael Las Flores y a Mina San Rafael.

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