La captura de un hombre que intentó abusar de una menor en un centro comercial y la detención del director de un colegio acusado de violar a una adolescente son dos casos recientes de abusos sexuales contra menores.

Y es que al no existir un registro de agresores sexuales, las personas pueden ingresar sin problemas a espacios donde hay menores de edad, lo cual mantiene en riesgo a este sector de la población.

Un ejemplo de ello es la historia de un profesor de educación física que fue a una entrevista de trabajo a un colegio. Aunque tenía antecedentes penales, no fue obstáculo para que lo contrataran.

“El inventó una historia para que pudieran darle el empleo y lo logró”, cuenta Ileana de Alfaro, psicóloga de la Misión Internacional de Justicia (IJM por sus siglas en inglés), organización no gubernamental que da seguimiento al caso.

En el 2016, el INACIF realizó 3,381 evaluaciones relacionadas a delitos sexuales en menores de 0 a 14 años.

A los 10 meses de haber sido contratado abusó de un niño menor a los 10 años, quien le contó a sus padres lo ocurrido. La denuncia fue presentada.

Durante la investigación se confirmó que los antecedentes penales del docente eran por un caso de abuso sexual contra una niña menor de 10 años.

Este caso evidencia que los abusos contra menores son un flagelo que sigue latente en el país. Datos de IJM dan cuenta que en lo que va del año han sido aprehendidas 698 personas señaladas de delitos sexuales. De esa cifra el 49 por ciento corresponde a delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes.

En 2016,  231 personas fueron detenidas en el departamento de Guatemala señalados de delitos sexuales.

Otro dato que refleja el problema son las 4,979 denuncias presentadas en lo que va del año. De esa cifra 3,239 son por violación y 1,243 por agresión sexual contra menores de edad.

Registro de agresores

Los diputados tienen en discusión una propuesta que crearía un registro de agresores sexuales, la cual obligaría a las personas condenadas a aportar sus datos cuando recuperen su libertad.

Fotografía, nacionalidad, documento único de identificación, dirección, nombre del patrono, son datos que debe proporcionar. El agresor estaría obligado a actualizar los datos en los siguientes cincos años.

La propuesta, que solo tiene pendiente su aprobación por artículos y redacción final, también contempla el Banco de Datos Genéticos, el cual estaría a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Los condenados tendrían que proporcionar su ADN. Leonel Dubón de la Asociación El Refugio de la Niñez considera que este marco legal vendrá a fortalecer el sistema de justicia. “Es una iniciativa preventiva también”, declaró.

El marco legal facilitaría la resolución de casos al tener el perfil genético de los agresores y al saber que sus datos de ubicación están en manos de las autoridades podría ser un disuasivo para no volver a incurrir en este tipo de actos.