Los casos de Salvador González Álvarez, alias Eco y del coronel Juan Chiroy y ocho soldados capturados junto con él, son una muestra más de cómo el sistema de justicia no mide con la misma vara.

González Álvarez es hoy un delincuente confeso que desde hace tres semanas está libre, fuera del país y con otra identidad. El Ministerio Público (MP) cesó la persecución penal.

Chiroy, acusado de incumplimiento de deberes (cuya pena máxima ya habría cumplido), lleva cinco años preso, se le ha negado el derecho de libertad condicional y también el derecho de ir a jucio.

En este proceso en el cual figuran ocho soldados, es el MP y todo el sistema de justicia guatemalteco, el que se ha opuesto a que los militares sean enjuiciados.

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Eco y sus delitos

Salvador González Álvarez, alias Eco, fue detenido en su residencia el 16 de abril de 2015. El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo acusaron de tres delitos.

En el caso conocido como La Línea, Eco fue juzgado por asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera. Las autoridades lo señalaron de ser “coordinador” de la estructura.

En este esquema elaborado por el MP y la CICIG, se observa que Salvador González Álvarez era un cabecilla de la presunta organización criminal.

En los tres casos la participación de Eco fue relevante

En el caso La Línea Salvador González figuró como coordinador de la supuesta estructura.

En el proceso llamado Bufete de la Impunidad, Eco fue uno de los favorecidos porque con base en sobornos a jueces, según su testimonio, habría logrado su libertad condicional.

Y en el caso Cooptación del Estado, González Álvarez fue el encargado de lavar millones de quetzalez, sobre todo de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, de acuerdo con su declaración.

Habiendo cumplido con delatar sus delitos y los de otras personas, el MP pidió su excarcelación y está libre, aunque podría ampliar su declaración, pero por videoconferencia, según las autoridades.

El aludido, a quien le decomisaron Q2.3 millones en su oficina de la zona 9 y aseguró que era todo lo que había acumulado de sus fechorías, ya goza de libertad fuera del país junto con su familia.

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Salvador González, alias Eco, ya está libre

Juan Chiroy pide juicio para demostrar su inocencia

Contrario a Salvador González Álvarez, el coronel Juan Chiroy lleva cinco años de acciones legales para ser enviado a juicio con el propósito de demostrar su inocencia. Pero el sistema de justicia se lo impide.

El Ministerio Público ha bloqueado todas las posibilidades para que el proceso avance y ni siquiera ha permitido que se resuelva la solicitud, que tiene derecho, de libertad de condicional.

El militar está procesado por el delito de incumplimiento de deberes como consecuencia de los sucesos ocurridos el 4 de octubre de 2012 en la Cumbre de Alaska.

Si fuera condenado con la pena máxima establecida, que son tres años, Chiroy ya estaría libre, pues lleva cinco años encarcelado junto con su tropa.

Soldados en prisión preventiva

  1. Dimas García Pérez,
  2. Marcos Chun Sacul,
  3. Ábner Enrique Cruz Pérez,
  4. Abraham Gua Cojoc,
  5. Felipe Chub Coc,
  6. Ana Rosa Cervantes Aguilar,
  7. Edín Adolfo Agustín Vásquez y
  8. Manuel Lima Vásquez.
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La prisión preventiva es una norma

En 2016 la PDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), confirmaron los abusos de la prisión preventiva.

“La aplicación de la prisión preventiva en Guatemala” se llamó el estudio que revela datos del deplorable sistema de justicia del país.

“Es de preocupación la inobservancia de los plazos máximos establecidos legalmente para la permanencia de personas en detención preventiva, lo que refleja que la prisión preventiva continúa teniendo el impacto de una “pena anticipada” y una violación del derecho al debido proceso”.

“La detención preventiva y en particular cuando ésta es prolongada, ha generado múltiples efectos negativos sobre los derechos humanos de personas privadas de libertad en cuanto a los derechos a la salud, la integridad física y a la vida”.

“Asimismo ha resultado en efectos negativos colaterales en sus familias y comunidades”.

Casi la mitad de reos están en prisión preventiva

Al 25 de octubre de 2016 había 20,939 personas privadas de libertad en Guatemala, de las cuales 9,637  en prisión preventiva, es decir el 46% de la población penitenciaria.

De 2,044 mujeres privadas de libertad, 1,061 o el 52%, están en prisión preventiva.

Entre enero y agosto de 2016 se aplicó la prisión preventiva en el 26.4% de los casos a nivel nacional. Las cifras de 2015 y 2014 fueron de 30.5% y 40.8%, respectivamente, lo que indica una práctica no excepcional.

Presión pública y mediática influye

“Varios funcionarios del sistema de justicia señalaron que existe una fuerte presión mediática y de la opinión pública dirigida a aplicar la prisión preventiva, lo que un juez de primera instancia llamó una ´cultura represiva´”.

“En este sentido, algunos jueces y fiscales expresaron la preocupación de que si aplican o solicitan medidas sustitutivas serían acusados de ser corruptos o comprados”, dice el documento.

Mientras algunos jueces “dicen sentirse poco respaldados por las instituciones de justicia al otorgar medidas sustitutivas. Pues dichas decisiones tienen más probabilidades de ser revocadas que si hubiesen otorgado la prisión preventiva”.

“Cabe notar que la exposición de las personas en los medios de comunicación al momento de su detención,
y sin haber sido escuchadas por un juez competente, puede impactar de manera negativa en su derecho a la presunción de inocencia”.

La práctica del Ministerio Público de pedir prisión provisional “podría ser influenciada por una falta de objetividad o por prácticas que incitarían a lograr un determinado número de autos de prisión como medida de desempeño de su función de persecución”.

De un año a seis en prisión preventiva

“Las cifras existentes relacionadas con la duración promedio de la prisión preventiva son preocupantes”.

“El Ministerio Público registra que el 57% de la población en prisión preventiva ha estado por más de un año. De esa población, el 32% (4,884 personas) más de tres años.

Del total de personas que tienen más de tres años en prisión preventiva, 3,565 han pasado entre 3-4 años, 697 entre 4-5 años y 453 entre 5-6 años”

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