La semana pasada la agencia Standard & Poors (S&P) dio a conocer los últimos resultados de sus calificaciones de riesgo. Lamentablemente el panorama de nuestro país es desolador. S&P redujo nuestra calificación de BB a BB-, debido a una desaceleración económica, debilidad de las instituciones, la ausencia de reformas y la reciente situación política.
No subestimemos el significado de un signo menos y todo lo que este implica. Reflexionemos, ¿cuánto nos cuesta como país esta reducción en nuestra calificación de riesgo? ¿Cuánto sube el costo de la deuda de nuestro país, tanto pública como privada? ¿cuántos dólares adicionales pagaremos entre todos los ciudadanos todos los años? Es casi imposible cuantificar exactamente el impacto pero, sin lugar a dudas, este se sentirá a todo nivel y no solo en un par de bancos. Estimaciones de Fundesa indican que, por cada punto porcentual de incremento en la tasa de interés, aumenta el pago de los intereses de la deuda externa (tanto pública como privada) en $82 millones al año, de los cuales el 64% corresponden a deuda por prestamos externos. La calificación de BB- nos coloca en la frontera justo antes de entrar a territorio “Altamente Especulativo”, por lo que todos pagaremos más por nuestros créditos.
Pero más allá de estos costos directos, existen muchísimos indirectos cuyo impacto es inmensurable. Me refiero a las miles de plazas de trabajo que nunca llegarán a ser una realidad, las múltiples empresas que decidan darle la espalda a nuestro país al dudar sobre la solidez de nuestras condiciones macroeconómicas, los millones de quetzales para el fisco que se pudieron haber generado producto del crecimiento económico, y la lista sigue.
Debemos preguntarnos, ¿acaso es este el inicio de una desaceleración económica profunda? Si bien es cierto que el 3% no es la tasa de crecimiento económico que requerimos como país, la tasa ha oscilado muy poco durante más de veinte años. Inclusive en la gran crisis mundial del 2009 nuestro país tuvo un leve crecimiento. Las razones de la desaceleración actual son varias e incluyen esa debilidad institucional subyacente, el impacto colateral de corto plazo derivado de esa crisis judicial/política y la poca credibilidad de gestionar un plan de recuperación desde la cosa pública. Quizás el referente más cercano sería Brasil con sus casos de “Lava Jato” y consecuente crisis política. Su economía decreció 3.8% en 2015 y 3.5% en el 2016, llevando el índice de desempleo a un récord de 12.6% en enero de este año, es decir que aproximadamente 12.9 millones de personas se encuentran sin trabajo. La crisis es tal que incluso Henrique Meirelles, su Ministro de Hacienda, la declaró como “la peor crisis económica de la historia”.
Vale la pena analizar una analogía para explicar lo que pasa en Guatemala. Imaginemos un edificio viejo y descuidado, con áreas totalmente corroídas y enmohecidas. Así es el edificio dónde actualmente vivimos. Pero no podemos permanecer en un lugar con las tuberías podridas, muros descascarados y ventanas rotas. Debemos demoler todos esos rincones carcomidos por la corrupción. Ese proceso de demolición no puede suceder de un solo, debe tomar en cuenta las capacidades de procesar el ripio conforme se produce. Además también es importante que la demolición vaya de la mano de un proceso de construcción y reparación de las áreas dañadas. Destruir sin construir nos llevará a un quiebre o un desplome estructural. En otras palabras, se puede llegar a caer todo el edificio con todos nosotros adentro.
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República es ajena a la opinión expresada en este artículo
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No subestimemos el significado de un signo menos y todo lo que este implica. Reflexionemos, ¿cuánto nos cuesta como país esta reducción en nuestra calificación de riesgo? ¿Cuánto sube el costo de la deuda de nuestro país, tanto pública como privada? ¿cuántos dólares adicionales pagaremos entre todos los ciudadanos todos los años? Es casi imposible cuantificar exactamente el impacto pero, sin lugar a dudas, este se sentirá a todo nivel y no solo en un par de bancos. Estimaciones de Fundesa indican que, por cada punto porcentual de incremento en la tasa de interés, aumenta el pago de los intereses de la deuda externa (tanto pública como privada) en $82 millones al año, de los cuales el 64% corresponden a deuda por prestamos externos. La calificación de BB- nos coloca en la frontera justo antes de entrar a territorio “Altamente Especulativo”, por lo que todos pagaremos más por nuestros créditos.
Pero más allá de estos costos directos, existen muchísimos indirectos cuyo impacto es inmensurable. Me refiero a las miles de plazas de trabajo que nunca llegarán a ser una realidad, las múltiples empresas que decidan darle la espalda a nuestro país al dudar sobre la solidez de nuestras condiciones macroeconómicas, los millones de quetzales para el fisco que se pudieron haber generado producto del crecimiento económico, y la lista sigue.
Debemos preguntarnos, ¿acaso es este el inicio de una desaceleración económica profunda? Si bien es cierto que el 3% no es la tasa de crecimiento económico que requerimos como país, la tasa ha oscilado muy poco durante más de veinte años. Inclusive en la gran crisis mundial del 2009 nuestro país tuvo un leve crecimiento. Las razones de la desaceleración actual son varias e incluyen esa debilidad institucional subyacente, el impacto colateral de corto plazo derivado de esa crisis judicial/política y la poca credibilidad de gestionar un plan de recuperación desde la cosa pública. Quizás el referente más cercano sería Brasil con sus casos de “Lava Jato” y consecuente crisis política. Su economía decreció 3.8% en 2015 y 3.5% en el 2016, llevando el índice de desempleo a un récord de 12.6% en enero de este año, es decir que aproximadamente 12.9 millones de personas se encuentran sin trabajo. La crisis es tal que incluso Henrique Meirelles, su Ministro de Hacienda, la declaró como “la peor crisis económica de la historia”.
Vale la pena analizar una analogía para explicar lo que pasa en Guatemala. Imaginemos un edificio viejo y descuidado, con áreas totalmente corroídas y enmohecidas. Así es el edificio dónde actualmente vivimos. Pero no podemos permanecer en un lugar con las tuberías podridas, muros descascarados y ventanas rotas. Debemos demoler todos esos rincones carcomidos por la corrupción. Ese proceso de demolición no puede suceder de un solo, debe tomar en cuenta las capacidades de procesar el ripio conforme se produce. Además también es importante que la demolición vaya de la mano de un proceso de construcción y reparación de las áreas dañadas. Destruir sin construir nos llevará a un quiebre o un desplome estructural. En otras palabras, se puede llegar a caer todo el edificio con todos nosotros adentro.
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