Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti fueron enviados a juicio este viernes por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien consideró que hay suficiente evidencia para juzgarlos.
Los exgobernantes serán juzgados por caso especial de defraudación aduanera, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
La resolucion se dio luego de una extensa exposición del titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, quien analizó las declaraciones de los colaboradores eficaces, escuchas y otros medios de prueba.
Este caso denominado La Línea fue el primero que destaparon el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), contra los exgobernantes.
Qué es La Línea
Las pesquisas iniciaron en mayo de 2014, con la sospecha de que importadores estaban involucrados en contrabando.
Se determinó que tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos, según el MP y la CICIG.
Para ello la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como “la línea”, de donde se origina el nombre del caso.
Por medio del análisis e interpretación de la información recolectada en las escuchas telefónicas, se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT.
También se determinó que los tramitadores y vistas aduaneros se comunicaban y respondían jerárquicamente a otro grupo delictivo externo a la SAT, dijo la CICIG el 16 de abril de 2015, día de las primeras capturas.
Se estableció que mandos altos y medios de esta institución se comunicaban y respondían jerárquicamente ante los miembros de esta estructura.
Éstos tomaban las decisiones estratégicas relativas al pago de menos impuestos; determinaban la política de recaudación aduanera y colocaban funcionarios superiores en la SAT.
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Según dijo en su momento el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, la estructura externa “instruía a lo interno de la SAT para que ubicaran a determinadas personas como vistas de aduanas en turnos definidos.
A llos se les indicaba que cumpliera los objetivos de la organización criminal, y también para que ubicaran a otros funcionarios específicos en lugares estratégicos de la aduana”.
Destacó que la investigación se desarrolló en ocho meses, que incluyó seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura.
También abarcó 66 mil sesiones de interceptación telefónica, seis mil comunicaciones electrónicas, y cotejo y análisis de documentos por expertos financieros.
Resaltó que la investigación no depende de testimonios sino de prueba científica y documental.
Con información de Rodrigo Pérez
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La resolucion se dio luego de una extensa exposición del titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, quien analizó las declaraciones de los colaboradores eficaces, escuchas y otros medios de prueba.
Este caso denominado La Línea fue el primero que destaparon el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), contra los exgobernantes.
Qué es La Línea
Las pesquisas iniciaron en mayo de 2014, con la sospecha de que importadores estaban involucrados en contrabando.
Se determinó que tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos, según el MP y la CICIG.
Para ello la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como “la línea”, de donde se origina el nombre del caso.
Por medio del análisis e interpretación de la información recolectada en las escuchas telefónicas, se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT.
También se determinó que los tramitadores y vistas aduaneros se comunicaban y respondían jerárquicamente a otro grupo delictivo externo a la SAT, dijo la CICIG el 16 de abril de 2015, día de las primeras capturas.
Se estableció que mandos altos y medios de esta institución se comunicaban y respondían jerárquicamente ante los miembros de esta estructura.
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A llos se les indicaba que cumpliera los objetivos de la organización criminal, y también para que ubicaran a otros funcionarios específicos en lugares estratégicos de la aduana”.
Destacó que la investigación se desarrolló en ocho meses, que incluyó seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura.
También abarcó 66 mil sesiones de interceptación telefónica, seis mil comunicaciones electrónicas, y cotejo y análisis de documentos por expertos financieros.
Resaltó que la investigación no depende de testimonios sino de prueba científica y documental.
Con información de Rodrigo Pérez
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