El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó un análisis del Proyecto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del 2018. Uno de los principales hallazgos es que hay un déficit fiscal que asciende a Q15 mil 707.7 millones.

Este se concentra en seis renglones:

  1. Remuneración de personal temporal (029) con Q2 mil 115.2 millones.
  2. Construcción de bienes nacionales de uso común con Q1 mil 901.7 millones.
  3. Intereses de la deuda a largo plazo Q1 mil 769.1 millones.
  4. Amortización de deficiencias netas del Baguat Q723 millones.
  5. Transferencias a la administración central de Q455.8 millones.
  6. Personal permanente 454 Qmillones.

Otro de los hallazgos es que este déficit se financiará con Bonos del Tesoro y préstamos externos, los cuales están en gestión. Este presupuesto se basa en informes que realizó el Banco de Guatemala en abril. Sin embargo, Lavarreda afirma que no se tomó en cuenta la crisis política de agosto. Esta ha provocado una baja en el clima de inversión y la baja calificación de Standar & Poor para atraer inversión.

Otro de los temas que no tomó en cuenta el Banco de Guatemala, el cual es un supuesto, es la eficiencia de la Superintendencia de Administración Tributaria en cuanto a recaudación de impuestos y recaudación en aduanas y puertos.

Esta recaudación está sobrestimada según el analista. Además recomienda revisar con estos nuevos escenarios. También fue detectado un bolsón de ingresos tributarios indirectos que no tienen un origen específico, el cual asciende a Q2 mil 350 millones.

Asimismo hay un incremento significativo en el presupuesto de clases pasivas civiles del Estado. Este asciende a Q13 mil 838 millones el cual se financiará con deuda es decir con Bonos del Tesoro y préstamos que están en gestión. Esto debe ser eliminado y corregido. Otro aspecto es que estos préstamos deben ser aprobado por el Congreso. 

“El déficit es el más grande presentado a la fecha y no hay una explicación específica en lo que se usará el dinero“, afirma Lavarreda. Se está haciendo más de lo mismo.

 

Transparencia la única salida

Lo primero que se debe definir a criterio del analista de CIEN es “cuál es la prioridad en cada una de las instituciones en cuanto a resultados estratégicos de país y no institucionales. Hacer recortes por costo de oportunidad, es decir usar el presupuesto para proyecto funcionales“.

“El riesgo es que lleguemos a una situación de insostenibilidad de pagar deuda. Ahora estamos en una sostenibilidad financiera pero nos estamos acercándonos al límite. El problema no es a nivel macro, es a nivel micro. ¿En qué nos estamos gastando el dinero? Lo estamos usando para gastos que se tienen que pagar con carga tributaria y no con endeudamiento. Los gastos en infraestructura se van deteriorando en función del gasto corriente. Deberíamos hacer inversiones a más largo plazo“, explica.

Recomendaciones

El Cien hizo énfasis en hacer un presupuesto sólido con respaldo técnico. Además que trascienda un análisis centrado en la dimensión financiera. Asimismo hizo un llamado a los diputados del Congreso a que no lo aprueben por que sí. 

Sugirió que se haga un dictamen con modificaciones de respaldo técnico. Lavarreda ve con buenos ojos retomar los principios y compromisos del Pacto Fiscal. Por lo tanto, que cada entidad especifique todos los costos asociados a su recurso humano. 

Así también recomendó implementar un sistema público de rendición de cuantas periódico. Este centrado en el desempeño y que provea información relevante para la gestión pública.

También recalcó que el endeudamiento debe usarse para financiar desequilibrios transitorios no para gastos corrientes o el servicio de la deuda pública.