Se ha dicho muchas veces, pero es tan importante y fundamental que se debe repetir ¡muchas veces más! El mejor programa social es un empleo, decía el mítico presidente de la derecha republicana norteamericana Ronald Reagan, y tenía muchísima razón. El ser humano mejora su condición, su autoestima, le da valor a su vida y da un buen ejemplo a sus hijos, a su familia y a su comunidad al poder conseguir un empleo honrado y digno y poder, con el sudor de su frente, proveer para sí mismo y su familia.
Es algo tan básico, tan necesario y tan justo que hasta las Sagradas Escrituras lo dicen: “el que no trabaja, que no coma”. Pero en nuestro medio es tal la guerra política y mediática, la envidia, el odio ideológico al empresario y al emprendedor, ya sea guatemalteco o extranjero, que pareciera que esa microminoría bien organizada y aceitada con dinero de ONG extranjeras y embajadas que se dicen “amigas de Guatemala”, que ese grupo de agitadores profesionales y atacantes permanentes, no quieren que se desarrolle de ninguna manera la libre empresa guatemalteca, y menos las grandes inversiones legales y legítimas en minas, hidroeléctricas, plantaciones y demás desarrollos empresariales a gran escala en el país.
Es por ello que es positivo que el sector privado organizado se preocupe por el grave problema de la infraestructura vial en el país, pero es igualmente muy delicado que el gobierno, de forma irresponsable, no ordene sus finanzas, balancee el presupuesto y cierre decenas de oficinas de gobierno superfluas y redundantes que solo aumentan el gasto público en salarios y pactos colectivos groseros e innecesarios para reconcentrar la mayoría del gasto público en las fuerzas de seguridad, el aparato de justicia y la construcción de obra pública de forma descentralizada y transparente.
En este último aspecto he sugerido, en este diálogo que el sector privado organizado ha iniciado sobre la infraestructura, que los proyectos de carreteras tanto existentes como nuevas se manejen en una bolsa pública de proyectos completos y que sean los constructores o desarrolladores los que se encarguen de la compra y negociación de los derechos de vía, los permisos, las licencias y la regulación estatal y no sea Caminos ni Covial el que construya la obra pública. El Estado, con la Contraloría General de Cuentas y el Micivi, debe supervisar las obras públicas, su construcción y mantenimiento y velar porque se construyan con buena calidad, con materiales y especificaciones superiores y que se entreguen a tiempo. Es mejor que ni el gobierno ni las municipalidades ejecuten obra pública, sino mejor que solo supervisen la construcción privada de esta infraestructura, pues el Estado ejecuta mal, roba y desperdicia muchísimos recursos.
Es más, en el tema de infraestructura, sería mucho mejor desarrollar infraestructura privada pagada y con peajes, que transite paralela a las vías públicas gratuitas, para que sean los grandes usuarios de transporte pesado y toda la clase media con vehículos los que paguemos por esa infraestructura por medio de peajes, por ejemplo, deduciéndolo del ISR y del pago de los impuestos.
Es mucho mejor para una sociedad libre y un mercado abierto y competitivo que las infraestructuras se construyan y mantengan de forma privada con contratos y leyes que permitan la libre competencia de los proveedores y constructores, a que el Estado, que ha demostrado en innumerables ocasiones que no sabe ni puede ejecutar su presupuesto transparentemente y de forma responsable, sea el que haga el gasto o la inversión pública.
En este sentido también he expresado mi seria preocupación por querer regular y facilitarle al Estado la expropiación de terrenos, con leyes para este propósito, a ciudadanos privados, con la excusa de “la utilidad pública”. Me remito en esa preocupación a las barbaridades y hasta guerras civiles que hemos tenido que pelear los guatemaltecos por el abuso del poder estatal en cuanto al tema de la expropiación: primero, con la ilegal e inmoral expropiación de Ubico a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y la corrupción enorme que la “devolución” de esos terrenos expropiados por presión de potencias extranjeras que les ocasionó a los alemanes. O, por ejemplo, la guerra de guerrillas de los 36 años a la que el irresponsable y corrupto gobierno de Árbenz nos lanzó por expropiar ilegal y arbitrariamente a la United Fruit Company, en los años 50 del siglo XX. Los antecedentes de abuso y de atropellos del gobierno de Guatemala en materia de expropiación de propiedad privada son tales y tan graves y terribles como para no recordarlos en el importantísimo tema de la construcción de infraestructura.
Privilegiemos el arreglo y el contrato voluntario privado entre particulares, el peaje y la libre competencia a cualquier otro esquema estatal de infraestructura, es más, haciendo competir al Estado en diversos bienes públicos, como pensiones, infraestructura o salud, y veremos que siempre la cooperación privada libre y hasta las obras de caridad y beneficencia son siempre mucho más eficientes y atienden y le cumplen mejor a la ciudadanía que cualquier modelo estatal.
#RecuperemosGuatemala
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Se ha dicho muchas veces, pero es tan importante y fundamental que se debe repetir ¡muchas veces más! El mejor programa social es un empleo, decía el mítico presidente de la derecha republicana norteamericana Ronald Reagan, y tenía muchísima razón. El ser humano mejora su condición, su autoestima, le da valor a su vida y da un buen ejemplo a sus hijos, a su familia y a su comunidad al poder conseguir un empleo honrado y digno y poder, con el sudor de su frente, proveer para sí mismo y su familia.
Es algo tan básico, tan necesario y tan justo que hasta las Sagradas Escrituras lo dicen: “el que no trabaja, que no coma”. Pero en nuestro medio es tal la guerra política y mediática, la envidia, el odio ideológico al empresario y al emprendedor, ya sea guatemalteco o extranjero, que pareciera que esa microminoría bien organizada y aceitada con dinero de ONG extranjeras y embajadas que se dicen “amigas de Guatemala”, que ese grupo de agitadores profesionales y atacantes permanentes, no quieren que se desarrolle de ninguna manera la libre empresa guatemalteca, y menos las grandes inversiones legales y legítimas en minas, hidroeléctricas, plantaciones y demás desarrollos empresariales a gran escala en el país.
Es por ello que es positivo que el sector privado organizado se preocupe por el grave problema de la infraestructura vial en el país, pero es igualmente muy delicado que el gobierno, de forma irresponsable, no ordene sus finanzas, balancee el presupuesto y cierre decenas de oficinas de gobierno superfluas y redundantes que solo aumentan el gasto público en salarios y pactos colectivos groseros e innecesarios para reconcentrar la mayoría del gasto público en las fuerzas de seguridad, el aparato de justicia y la construcción de obra pública de forma descentralizada y transparente.
En este último aspecto he sugerido, en este diálogo que el sector privado organizado ha iniciado sobre la infraestructura, que los proyectos de carreteras tanto existentes como nuevas se manejen en una bolsa pública de proyectos completos y que sean los constructores o desarrolladores los que se encarguen de la compra y negociación de los derechos de vía, los permisos, las licencias y la regulación estatal y no sea Caminos ni Covial el que construya la obra pública. El Estado, con la Contraloría General de Cuentas y el Micivi, debe supervisar las obras públicas, su construcción y mantenimiento y velar porque se construyan con buena calidad, con materiales y especificaciones superiores y que se entreguen a tiempo. Es mejor que ni el gobierno ni las municipalidades ejecuten obra pública, sino mejor que solo supervisen la construcción privada de esta infraestructura, pues el Estado ejecuta mal, roba y desperdicia muchísimos recursos.
Es más, en el tema de infraestructura, sería mucho mejor desarrollar infraestructura privada pagada y con peajes, que transite paralela a las vías públicas gratuitas, para que sean los grandes usuarios de transporte pesado y toda la clase media con vehículos los que paguemos por esa infraestructura por medio de peajes, por ejemplo, deduciéndolo del ISR y del pago de los impuestos.
Es mucho mejor para una sociedad libre y un mercado abierto y competitivo que las infraestructuras se construyan y mantengan de forma privada con contratos y leyes que permitan la libre competencia de los proveedores y constructores, a que el Estado, que ha demostrado en innumerables ocasiones que no sabe ni puede ejecutar su presupuesto transparentemente y de forma responsable, sea el que haga el gasto o la inversión pública.
En este sentido también he expresado mi seria preocupación por querer regular y facilitarle al Estado la expropiación de terrenos, con leyes para este propósito, a ciudadanos privados, con la excusa de “la utilidad pública”. Me remito en esa preocupación a las barbaridades y hasta guerras civiles que hemos tenido que pelear los guatemaltecos por el abuso del poder estatal en cuanto al tema de la expropiación: primero, con la ilegal e inmoral expropiación de Ubico a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y la corrupción enorme que la “devolución” de esos terrenos expropiados por presión de potencias extranjeras que les ocasionó a los alemanes. O, por ejemplo, la guerra de guerrillas de los 36 años a la que el irresponsable y corrupto gobierno de Árbenz nos lanzó por expropiar ilegal y arbitrariamente a la United Fruit Company, en los años 50 del siglo XX. Los antecedentes de abuso y de atropellos del gobierno de Guatemala en materia de expropiación de propiedad privada son tales y tan graves y terribles como para no recordarlos en el importantísimo tema de la construcción de infraestructura.
Privilegiemos el arreglo y el contrato voluntario privado entre particulares, el peaje y la libre competencia a cualquier otro esquema estatal de infraestructura, es más, haciendo competir al Estado en diversos bienes públicos, como pensiones, infraestructura o salud, y veremos que siempre la cooperación privada libre y hasta las obras de caridad y beneficencia son siempre mucho más eficientes y atienden y le cumplen mejor a la ciudadanía que cualquier modelo estatal.
#RecuperemosGuatemala
República es ajena a la opinión expresada en este artículo