El pasado viernes 3 de noviembre, a las 10:30 de la mañana en el salón “Pasos Perdidos” del Congreso de la República, la diputada Sandra Morán, en conjunto con sus compañeros de la Bancada Convergencia y la organización “Mujeres Transformando el Mundo (MTM)”, presentaron la iniciativa de “Ley para la Protección Integral, Acceso a la Justicia, Reparación Digna y Transformadora a las Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas”.
El título suena muy emotivo y conmovedor, ¿quién podría estar en contra de la protección de las niñas guatemaltecas? Esperemos que nadie. Sin embargo, después de seguirle constantemente la pista a la legisladora, y a los proyectos de ley que ha presentado y/o apoyado, pareciera que tiene una fijación extrema con el tema del aborto (al que en la mayoría de ocasiones se refiere a través de eufemismos o palabras más suaves y decorosas, para así no sonar tan dura ni tan mal), y una visión limitada y reducida respecto a la calidad de soluciones que como sociedad deberíamos brindarle a la niñez guatemalteca en temas de abuso y violencia sexual. ¿Cuál es su afán de querer “resolver” dicha problemática a través de la despenalización del aborto?
Quizá es la estrecha relación de Sandra Morán con la organización MTM, organización que recibe fondos de Planned Parenthood Federation of America, la trasnacional abortista más grande de Estados Unidos, quien presta servicios a nivel mundial (Guatemala incluida, a través de APROFAM).

O talvez es únicamente el querer hacer vida su concepto personal de feminismo, el cual incluye posturas radicalmente extremas, y un poco confusas, respecto a temas de sexualidad y derechos humanos. De cualquier manera, algo que llama la atención es la forma en la que Morán expone la temática, en este caso en la iniciativa de ley. A continuación algunos ejemplos, extraídos del marco conceptual.

Según Sandra Morán el aborto debería estar permitido legalmente en Guatemala porque “La penalización de una práctica médica que solo requieren las mujeres viola el derecho a la igualdad e ignora los efectos diferenciales que una gestación forzada (porque es necesario este tipo de lenguaje para empujar el tema) tiene en la vida de niñas y adolescentes. La medida viola claramente un derecho fundamental (¿cuál medida para ser más claros?) y no es proporcional el trato con el fin perseguido”. Y también porque “La prohibición de la realización de un aborto es una medida discriminatoria (¿?) que no solo vulnera el derecho a la igualdad (¿?), sino además las disposiciones constitucionales (aquí si le interesa lo que dice la Constitución) que otorgan una especial protección por parte del Estado a la niñez y adolescencia”.
Según Sandra Morán “La discriminación en la asunción de costos de la función reproductiva es una violación del derecho a la igualdad de las mujeres (¿?). Los costos de la función reproductiva, a pesar de ser una función de interés social, siguen siendo pagados (¿pagados?) por las mujeres ya sea esta una gestación deseada o forzada”.
¿Y qué tal esta parte?

En la cual 1. Asegura que existe un “derecho” a la interrupción voluntaria del embarazo (eufemismo para aborto, porque nadie sabe a ciencia cierta cómo se puede reanudar un embarazo después de “interrumpirlo”); 2. Intenta suavizar el contenido llamando a “informar sobre otras opciones” además del aborto ¿legal? Pero en ningún momento hace referencia a los posibles efectos (físicos, psicológicos, emocionales, etc.) tras la práctica de un aborto, los cuales incluyen la muerte de la mujer, pero sí excluye completamente a los padres de familia o representantes legales de cualquier “decisión” que pueda tomar una menor de edad.
Por último invoca a la CIDH, incluyendo el término “derechos reproductivos” el cual no tiene un consenso internacional respecto a su definición y lo que abarca el concepto, además de afirmar falsamente que estos “han sido reconocidos como derechos humanos”. Ningún tratado internacional de derechos humanos afirma tal cosa. El hecho de que sea un requisito que los Estados den acceso a servicios de salud relacionados con la planificación de la familia, claramente no significa que exista un derecho reproductivo (lo cual ni siquiera sabemos o entendemos qué es realmente).

Hace casi un año, el 23 de noviembre de 2016, la misma dupla (Morán y MTM) presentaron la propuesta “Política Pública de Reparación Digna y Transformadora para casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado, y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes y su Plan de Acción 2016-2026”, en la cual también se buscaba despenalizar el aborto como medida para “resolver” la terrible situación de abuso y violencia sexual en la niñez y adolescencia guatemalteca. Luego, en febrero del año en curso, tras la controversial aparición en aguas guatemaltecas del barco abortista de la organización Women on Waves, Sandra Morán afirmó que antes de las 12 semanas un ser humano es NADA. Sin duda alguna la intención de la diputada sobre despenalizar el aborto en Guatemala es clara, y se dilucida aún más sabiendo quiénes son las organizaciones, y los intereses, que están detrás de ella.

La pregunta ahora es ¿Éstas propuestas realmente corresponden a un interés genuino por el bienestar integral de la niñez y adolescencia guatemalteca? ¿O será acaso otro tipo de interés el que mueve esta agenda? Que cada quien saque sus propias conclusiones.

 

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