Una revolución silenciosa en América Latina
América Latina atraviesa una revolución silenciosa. Desde hace seis o siete años, la región ha atravesado un proceso generalizado de lucha contra la corrupción y promoción de políticas de transparencia y gobierno abierto. En todos los países, el proceso pareciera ir encaminado a un mismo objetivo: combatir las expresiones patrimonialistas en el ejercicio de la política, que se manifiestan a través de la concepción de la acción pública como fuente de oportunidad de riqueza o la utilización del poder público para fines de beneficio particular.
En el frente del combate a la corrupción, Guatemala y Brasil son los referentes de los avances regionales. El caso guatemalteco ya es considerado en la academia internacional como el proceso de depuración judicial de élites políticas más extenso y amplio vivido en el mundo occidental. Ni la experiencia italiana de las “manos limpias” de principios de los años noventa, ni la megaofensiva anticorrupción en Rumania del 2010-2015 son comparables en magnitud y duración con lo ocurrido en el país. Misma situación ocurre en Brasil, donde el caso Lava Jato ha abierto la puerta para procesar a un expresidente, una treintena de senadores y congresistas, varios ministros de Estado, funcionarios, contratistas, etcétera.
Pero del caso brasileño se han generado réplicas regionales. Los efectos del caso Odebrecht han hecho temblar a grandes personalidades de la política en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá. Mientras que en Argentina, las investigaciones de la fiscalía contra el kirchnerismo empiezan a arrojar resultados. En Honduras, el establecimiento de la MACCIH pareciera constituir la antesala a un proceso de depuración judicial de grandes proporciones. Mientras que en El Salvador, las investigaciones por corrupción han alcanzado ya a tres expresidentes.
Cabe resaltar que las experiencias guatemalteca y brasileña parecen reflejos de sí mismas. En Brasil, donde las investigaciones han tenido como foco central al Partido de los Trabajadores y al presidente Lula da Silva, sus partidarios argumentan que se trata de una “conspiración de derechas” y un golpe blando imperialista. Mientras que en Guatemala, donde las investigaciones han tenido como foco central al Partido Patriota, los detractores argumentan que se trata de una “conspiración de izquierdas” y un golpe blando del socialismo internacional. Argumentos similares emanan de los partidarios de Cristina Fernández de Kirchner, procesada recientemente por Asociación Ilícita y Lavado de Dinero.
Pero el otro lado de la moneda también arroja resultados. La batalla por la transparencia y Gobierno Abierto tiene en Chile y Colombia a sus principales referentes regionales. En Colombia, se han desarrollado aplicaciones tecnológicas que permiten con la mayor facilidad del caso contrastar información sobre ejecución presupuestaria, compras y contrataciones públicas, agenda de funcionarios públicos, indicadores de prestación de servicios públicos, personal, salarios, por mencionar tan solo algunos de los datos contenidos. En Colombia, incluso, se ha regulado actividades políticas como el cabildeo, para evitar el conflicto de interés entre funcionarios públicos y agentes particulares. También se ha transparentado todo el proceso de aprobación de leyes, para evitar sorpresas legislativas. Y quizá, lo me lo dijo hace poco en senador Mauricio Lizcano, los políticos colombianos aprendieron que “o cambian sus actitudes, o los ciudadanos los van a cambiar en las elecciones”.
En Chile, por su parte, se ha avanzado significativamente en la adopción de políticas preventivas anticorrupción. Códigos de Ética de instituciones públicas y privadas, que son de observancia generalizada. Adaptación de estándares internacionales en materia de políticas de cumplimiento y gobierno corporativo, por mencionar algunos casos a nivel privado. Además de incentivos y protección para ‘“whistleblowers”’, es decir, fomentar la cultura de denuncia entre ciudadanos sobre prácticas corruptas o antiéticas.
La ofensiva anticorrupción y protransparencia es una realidad regional, y constituye una revolución silenciosa que avanza en cada rincón de América Latina.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Una revolución silenciosa en América Latina
América Latina atraviesa una revolución silenciosa. Desde hace seis o siete años, la región ha atravesado un proceso generalizado de lucha contra la corrupción y promoción de políticas de transparencia y gobierno abierto. En todos los países, el proceso pareciera ir encaminado a un mismo objetivo: combatir las expresiones patrimonialistas en el ejercicio de la política, que se manifiestan a través de la concepción de la acción pública como fuente de oportunidad de riqueza o la utilización del poder público para fines de beneficio particular.
En el frente del combate a la corrupción, Guatemala y Brasil son los referentes de los avances regionales. El caso guatemalteco ya es considerado en la academia internacional como el proceso de depuración judicial de élites políticas más extenso y amplio vivido en el mundo occidental. Ni la experiencia italiana de las “manos limpias” de principios de los años noventa, ni la megaofensiva anticorrupción en Rumania del 2010-2015 son comparables en magnitud y duración con lo ocurrido en el país. Misma situación ocurre en Brasil, donde el caso Lava Jato ha abierto la puerta para procesar a un expresidente, una treintena de senadores y congresistas, varios ministros de Estado, funcionarios, contratistas, etcétera.
Pero del caso brasileño se han generado réplicas regionales. Los efectos del caso Odebrecht han hecho temblar a grandes personalidades de la política en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá. Mientras que en Argentina, las investigaciones de la fiscalía contra el kirchnerismo empiezan a arrojar resultados. En Honduras, el establecimiento de la MACCIH pareciera constituir la antesala a un proceso de depuración judicial de grandes proporciones. Mientras que en El Salvador, las investigaciones por corrupción han alcanzado ya a tres expresidentes.
Cabe resaltar que las experiencias guatemalteca y brasileña parecen reflejos de sí mismas. En Brasil, donde las investigaciones han tenido como foco central al Partido de los Trabajadores y al presidente Lula da Silva, sus partidarios argumentan que se trata de una “conspiración de derechas” y un golpe blando imperialista. Mientras que en Guatemala, donde las investigaciones han tenido como foco central al Partido Patriota, los detractores argumentan que se trata de una “conspiración de izquierdas” y un golpe blando del socialismo internacional. Argumentos similares emanan de los partidarios de Cristina Fernández de Kirchner, procesada recientemente por Asociación Ilícita y Lavado de Dinero.
Pero el otro lado de la moneda también arroja resultados. La batalla por la transparencia y Gobierno Abierto tiene en Chile y Colombia a sus principales referentes regionales. En Colombia, se han desarrollado aplicaciones tecnológicas que permiten con la mayor facilidad del caso contrastar información sobre ejecución presupuestaria, compras y contrataciones públicas, agenda de funcionarios públicos, indicadores de prestación de servicios públicos, personal, salarios, por mencionar tan solo algunos de los datos contenidos. En Colombia, incluso, se ha regulado actividades políticas como el cabildeo, para evitar el conflicto de interés entre funcionarios públicos y agentes particulares. También se ha transparentado todo el proceso de aprobación de leyes, para evitar sorpresas legislativas. Y quizá, lo me lo dijo hace poco en senador Mauricio Lizcano, los políticos colombianos aprendieron que “o cambian sus actitudes, o los ciudadanos los van a cambiar en las elecciones”.
En Chile, por su parte, se ha avanzado significativamente en la adopción de políticas preventivas anticorrupción. Códigos de Ética de instituciones públicas y privadas, que son de observancia generalizada. Adaptación de estándares internacionales en materia de políticas de cumplimiento y gobierno corporativo, por mencionar algunos casos a nivel privado. Además de incentivos y protección para ‘“whistleblowers”’, es decir, fomentar la cultura de denuncia entre ciudadanos sobre prácticas corruptas o antiéticas.
La ofensiva anticorrupción y protransparencia es una realidad regional, y constituye una revolución silenciosa que avanza en cada rincón de América Latina.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo