No basta la amenaza para disuadir a las personas de actuar incorrectamente, es necesaria que vaya acompañada de la certeza del castigo, es decir, que una vez actúe alguien incorrectamente sepa que será castigado por dicha actuación. Es decir, “el que la hace, la paga”. Y el pago debe ser objetivo, rápido y acorde al daño ocasionado, me refiero a lo justo.

Quienes conocen muy bien que la amenaza no basta y que se necesita cumplir con la intimidación, son los criminales en este caso particular, los extorsionadores. Quienes extorsionan saben que no es suficiente amenazar a la víctima sino que deben dejar en claro que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias si no acceden a sus exigencias.

Los más recientes atentados y asesinatos en contra de los extorsionados muestran claramente la aplicación inmediata de la “certeza de ultimátum”. Me explico: los extorsionistas, que buscan apropiarse de la riqueza de los demás mediante amenaza de muerte, cumplen sus intimidaciones como una muestra de que no detendrán hasta obtener lo que reclaman

Recordemos el caso de un alcalde de San José Pinula a quien le fueron a dejar la cabeza de una mujer frente a su casa, o el caso del camión repartidor que le tiraron una bomba y falleció una mujer que caminaba por el lugar, o los cientos de dueños de tiendas que son extorsionados y asesinados en varios casos.

No olvidemos a quienes extorsionan mediante bloqueos de carreteras, o de accesos a empresas, o de fincas, invasiones a la propiedad, o las mismas amenazas a los pobladores del lugar para que accedan a “apoyarlos en su lucha”.

Estos criminales saben que no basta con la amenaza sino que deben ejemplificar la certeza del cumplimiento, tal y como se escucha en la más reciente llamada de extorsión a una empresa, “nosotros no venimos a jugar”. Efectivamente ellos, a diferencia de las autoridades que involucra la cadena de justicia en nuestro país, no dudan en ejecutar sus amenazas.

Hace tres años escribía esto: “El Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario (SP), el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial a través de los diferentes juzgados, son los principales responsables en combatir la inseguridad y administrar justicia. Como ciudadanos y tributarios debemos exigirles enérgicamente resultados a estos burócratas, empezando por el Presidente, Vicepresidente, la recién nombrada Fiscal General y los diputados del Congreso que están más preocupados en aprobar más préstamos que en disminuir el número de personas que son asesinadas diariamente.”
Desafortunadamente la situación no ha mejorado, seguimos esperando que el gobierno cumpla a cabalidad con sus funciones básicas: seguridad y justicia. De nada sirve aumentar las penas en los códigos penales y tipificar hasta el más mínimo, y hasta absurdo, detalle los delitos, es decir magnificar la amenaza si no existe una certeza en el cumplimiento de dicha sanción.

Lamentablemente quienes aseguran “nosotros no venimos a jugar” son los criminales en contra de sus víctimas y no el gobierno en contra de la delincuencia.

@Md30
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